Durante la conferencia de prensa matutina, la secretaria de Gobernación, Luisa María alcalde aseguró que la Ley de Amnistía que se aprobó en el senado podría ayudar a romper el pacto de silencio entre los  implicados en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La funcionaria destacó que el miércoles fueron aprobadas dos reformas de suma importancia para conocer la verdad en varios casos de relevancia para el Estado; posteriormente Alcalde Luján agradeció a los legisladores por aprobarlas y señaló que ahora pasarán a la Cámara de Diputados para su respectiva valoración.

“Establece la posibilidad de otorgar amnistía a personas que aporten elementos útiles para conocer la verdad en hechos relevantes para el Estado mexicanos. Como en Ayotzinapa, hemos dicho que hay un pacto de silencio, queremos encontrar a los jóvenes, la ubicación, en ese sentido esfuerzo mayúsculo para que puedan aportar aquellos que conocen o que saben donde pudiesen estar”, dijo.

Explicó que la idea de estas iniciativas es con el objetivo de contar con un marco jurídico para avanzar y romper el pacto de silencio, con el fin de poder encontrar a los jóvenes; la segunda reforma que se aprobó ayer tiene que ver con la Ley de Amparo, especialmente con la facultad excedida por parte de jueces y magistrados de detener leyes aprobadas por el Congreso.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, visitaron los Centros Integradores de Migrantes (CIM) como parte de su compromiso de apoyo a esta importante labor. Acompañadas por las directoras de los CIM, recorrieron las instalaciones del centro «Leona Vicario» y dialogaron con el personal y beneficiarios para comprender sus necesidades y desafíos.

Durante el recorrido, la directora general de los CIM, Ana Laura Rodela Soto, destacó el funcionamiento integral de los centros, incluyendo el alojamiento, la educación, la vinculación laboral y el trato digno brindado a los migrantes. La canciller Bárcena elogió la colaboración interinstitucional y el enfoque humanitario de México en la atención a migrantes y refugiados.

Se anunció la próxima sesión del Grupo de Trabajo II de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (Ciaimm), dedicada a los centros de atención a personas migrantes, con el fin de presentar las mejores prácticas de los CIM para los próximos Centros Multiservicios de Inclusión y Desarrollo en el sur del país. Se reafirmó el compromiso de México con la cooperación internacional en este ámbito.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, resaltó el papel de los Centros Integradores para Migrantes en la construcción de un nuevo modelo de integración y bienestar desde 2019.

La visita de las secretarias refuerza la visión de México de crear espacios inclusivos en colaboración con organismos internacionales y de la sociedad civil, para brindar nuevas oportunidades y protección social a las personas migrantes en el país.

En medio de la campaña por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la administración encabezada por Martí Batres ha dado un paso significativo en la lucha contra la corrupción inmobiliaria. Se ha publicado una reforma al Código Penal local que tipifica este delito y lo penaliza con hasta 20 años de prisión.

En un acto público para anunciar la entrada en vigor de esta medida, Batres destacó que el propósito de la reforma es sancionar a los servidores públicos que permitan o toleren la construcción ilegal de inmuebles.

Esta acción se presenta en respuesta a la detección de un presunto «cártel inmobiliario» en la alcaldía Benito Juárez, relacionado con exservidores públicos y sus asociados, quienes se beneficiaron de construcciones ilegales y autorizaciones de pisos adicionales.

La reforma establece que aquellos que incurran en corrupción inmobiliaria enfrentarán una pena de entre 10 y 20 años de prisión, con la posibilidad de que esta se incremente en un 50% si obtienen beneficios económicos.

El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Inti Muñoz, enfatizó que esta medida permitirá a los ciudadanos denunciar irregularidades en el desarrollo inmobiliario y defenderse de manera efectiva.

La corrupción inmobiliaria se convierte así en un tema central en la contienda electoral, utilizada por los candidatos para destacar sus propuestas y combatir la corrupción en la capital del país.