Un juez federal radicado en el estado de Chiapas habría entregado este amparo en contra de la orden de aprehensión de Alonso Ancira, la cual sustenta la ficha roja de la Interpol, con lo cual de inmediato estaría saliendo libre, sin embargo, le dieron a la fiscalía un plazo de 10 días para poder impugnar esta decisión.
El juez argumentó que se prescribió porque ya pasaron muchos años, de acuerdo a la ley, marca que después de un año teniendo conocimiento, tiene que denunciar la Secretaría de Hacienda y si no tiene conocimiento le dan 3 años para hacerlo, pero no lo hizo.
Los hechos se registraron en 2012, la denuncia se da en 2019, y por ser poco más de tres años, el juez dio por terminado el juicio.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República informó que ya se impugnó este amparo para revertir la decisión de dejar en libertad a Ancira.
Por su parte el presidente López Obrador opinó esta mañana que la Fiscalía tiene que tomar una decisión, aunque tiene derecho a impugnar el fallo, señaló que no prescribe.
«Imagínense cómo va a prescribir si todavía se tiene la deuda, porque todo eso se hizo con deuda, Pemex debe ese dinero, no es así», señaló el mandatario.
Cuando empiezan a revisar a detalle toda la información, aparecen las famosas irregularidades, pues hay un error en el equipo del juez que avaló el amparo, incluso ya hay una persona suspendida por esta situación, es entonces donde salen a relucir los apoyos por parte del poder judicial, en particular los jueces y sus equipos para ayudar a las personas que lo soliciten.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió seis meses a Amós José Olivera Sánchez, secretario en funciones de juez en Chiapas, por conceder a Alonso Ancira un amparo que cancela una orden de aprehensión en su contra, estimando indebidamente que el delito de lavado está prescrito.
La suspención se dio porque el secretario en funciones de juez declaró la prescripción de cierta acción penal, cuando ya otro juzgado de Distrito en la Ciudad de México había resuelto que dicha acción previamente no se encontraba prescrita.
La resolución del juzgado de la Ciudad de México ya la conocía el secretario en funciones al momento de emitir su resolución, y aún así no la tomó en cuenta.
La única explicación es que hubieron presiones económicas detrás de este caso, cabe señalar que no es la primera vez, pues se filtró un video donde se habla de sobornos con un juez por este mismo caso, solo que ahora se fueron hasta Chiapas.
