Santa María Huatulco, 7 de junio de 2024.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en colaboración con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y el gobierno de Oaxaca, realizó la entrega de 370 escrituras a familias de Santa María Huatulco, Oaxaca, que residían en asentamientos irregulares, otorgándoles así seguridad patrimonial.
Con una inversión de 249 millones de pesos, se llevó a cabo el proceso de reubicación y regularización de los asentamientos humanos. En mayo de 2023 se realizó un diagnóstico exhaustivo de 37 asentamientos, lo que derivó en una propuesta de intervención integral. Posteriormente, se estableció un comité comunitario por cada polígono y se garantizó que todos los trámites fueran gratuitos.
Durante un evento encabezado por Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Daniel Fajardo Ortiz, resaltó que esta entrega representa la primera fase de un proyecto que contempla un total de 2 mil 357 escrituras. De las familias censadas, mil 600 ya han sido reubicadas, mientras que 700 están programadas para ser reubicadas en un futuro cercano.
José Alfonso Iracheta Carroll, director general del Insus, y Enrique Rodríguez Cortés, gerente comercial de Fonatur, elogiaron el compromiso y la perseverancia del equipo en el terreno, que ha permitido establecer un mecanismo para brindar certeza jurídica a las familias que habitaban en estos asentamientos.
El evento también reconoció el trabajo conjunto de autoridades locales, incluyendo a José Hernández Cárdenas, presidente municipal de Huatulco; Netzahualcóyotl Salvatierra López, secretario de Infraestructura y Comunicaciones; Giovanni Riaños Saguilán, director general del Instituto de la Función Registral; Gilberto Melo Guzmán, director general del Instituto Catastral; Graciela Jiménez Islas, coordinadora de Programas Institucionales y responsable operativa de los trabajos territoriales; y Diego Moisés Pérez de la Cruz, subsecretario de Política Social.
Es importante destacar la participación activa de la comunidad en este proceso, que demuestra su compromiso con la obtención de certeza jurídica sobre su patrimonio.
