La Jueza de Distrito en materia de amparo penal de la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo, admitió un amparo contra la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) de reconocer el carácter de víctima de la organización Tojil (del maya, lo justo) en el caso del extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.
“Pese a que el Fiscal General [Alejandro Gertz Manero] muy brevemente ha informado a la sociedad del avance del caso, esto no es suficiente para que las víctimas de corrupción vigilen el actuar de las autoridades a cargo y colaboren en que se cumplan con los derechos de verdad, justicia y reparación«. informó la organización civil.
¿De qué se le acusa?
Lozoya Austin es señalado por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero por los sobornos de 10 millones de dólares de la constructora Odebrecht para financiar las elecciones de Enrique Peña Nieto en 2012.
Esto a cambio de contratos como la compraventa de la planta chatarra AgroNitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA).
En entrevista, la abogada Adriana Greaves expuso que si Tojil obtiene el carácter de víctima para coadyuvar con el Ministerio Público (con pruebas, peritajes, control judicial) e impiden que la Fiscalía dé el criterio de oportunidad a Lozoya Austin (por colaborar con información), alcanzaría una sentencia de 20 a 25 años acorde al daño que hizo al erario público.
Lozoya podría ser exonerado
De lo contrario, si se comprueba la información que ha otorgado a la Fiscalía sobre más implicados, se le exoneraría, “lo cual se nos hace gravísimo, porque no fue una herramienta, sino que planificó y se vio directamente beneficiado por este daño”.
Su esposa, la heredera de Grupo Eckes-Granini, Marielle Helene Eckes, adquirió una residencia con vista al mar en el condominio exclusivo Quinta Mar en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, por 1.9 millones de dólares a través de un abogado en 2013.
Además, observó la abogada Greaves, el criterio de oportunidad no se puede dar si el caso es de interés público y uno de los requisitos es que se repare el daño (que regrese el dinero robado y señale a los otros participantes de la red).
“El actuar de la Fiscalía ha sido muy pobre e ineficiente en el caso Rosario, Collado [abogado de la élite política del peñismo], Lozoya y Duarte. Se pinta como una persecución política porque no está abriendo las investigaciones más a fondo, no está desarticulando las redes de corrupción ni está recuperando el dinero robado”, aseguró.
