La Fiscalía General del Estado de Michoacán presentó este lunes las grabaciones relacionadas con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

En conferencia de prensa, el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, explicó que los videos muestran el recorrido que realizó el presunto agresor rumbo a la plaza principal de Uruapan, lugar donde ocurrió el ataque poco después de las 20:00 horas.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán presentó este lunes las grabaciones relacionadas con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

En conferencia de prensa, el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, explicó que los videos muestran el recorrido que realizó el presunto agresor rumbo a la plaza principal de Uruapan, lugar donde ocurrió el ataque poco después de las 20:00 horas.

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“Se acerca y acciona el arma en al menos siete ocasiones, de acuerdo con las pruebas balísticas recabadas”, informó el funcionario, quien detalló que el responsable aún no ha sido identificado plenamente.

De acuerdo con las autoridades, tras el atentado fue abatido uno de los presuntos implicados, mientras que dos personas más fueron detenidas en las inmediaciones del lugar.

El alcalde Carlos Manzo Rodríguez, electo para el periodo 2024–2027, fue trasladado al hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció minutos después de las 20:50 horas a causa de las heridas.

El ataque ocurrió en plena plaza central, frente a cientos de asistentes, incluidos menores de edad, que participaban en el evento conmemorativo por el Día de Muertos.

Cabe recordar que durante 2025, Manzo había solicitado en repetidas ocasiones el respaldo del Gobierno Federal para reforzar la seguridad en su municipio ante el incremento de la violencia atribuida al crimen organizado. Incluso, el edil había ofrecido recompensas a policías municipales que lograran detener o neutralizar a integrantes de grupos delictivos.

El nuevo esquema de ingreso a la educación media superior en la Zona Metropolitana del Valle de México marcó un cambio histórico en el acceso a las aulas. Gracias al programa “Mi derecho, mi lugar”, implementado dentro del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el 94.7% de los más de 272 mil aspirantes cursa hoy sus estudios en el plantel público de su preferencia.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que este modelo sustituye al antiguo examen de la COMIPEMS, transformando la lógica de competencia y exclusión en un sistema basado en el derecho a la educación y la equidad.

Con la nueva plataforma digital de registro, 68.4% de los jóvenes obtuvo un lugar en su primera opción, una cifra que contrasta con el 26.2% que lo lograba bajo el esquema anterior. “Hoy podemos decir que nadie se queda fuera. Eliminamos los obstáculos y convertimos el derecho a estudiar en una realidad para todas y todos los jóvenes”, afirmó Delgado.

El nuevo mecanismo asigna los lugares con base en las preferencias y la cercanía de los planteles, lo que permite una distribución más equilibrada de la matrícula y reduce la saturación en escuelas de alta demanda. Además, favorece que los estudiantes permanezcan en sus comunidades, un factor que contribuye a disminuir la deserción escolar.

Para hacer frente a la demanda, la Secretaría de Educación Pública (SEP) amplió la infraestructura y la oferta educativa en la región, en consonancia con la política del gobierno federal de garantizar una educación media superior gratuita y universal.

Delgado destacó que con la eliminación del examen de ingreso se pone fin a un sistema que “generaba desigualdad y frustración entre los jóvenes”. En su lugar, el nuevo proceso —digital, transparente y sin filtros excluyentes— reafirma la prioridad de brindar igualdad de oportunidades educativas.

Un tribunal federal resolvió que la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) solo podrá ingresar a los predios donde operaba su cantera en Quintana Roo para realizar labores de remediación, compensación y restauración ambiental, y únicamente bajo la vigilancia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La determinación fue emitida por el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, y representa un precedente importante en la defensa de los recursos naturales del país, de acuerdo con la Semarnat.

La resolución niega a Calica la posibilidad de retomar actividades extractivas, limitando su acceso a los terrenos afectados exclusivamente para cumplir con un programa de restauración ambiental, que deberá incluir reforestación, reconstrucción de corredores de fauna silvestre y un cronograma de ejecución, conforme a las condiciones establecidas desde la autorización ambiental otorgada en el año 2000.

Durante el proceso judicial, la autoridad ambiental presentó pruebas periciales que confirmaron que la empresa explotó el doble del área originalmente autorizada, además de operar sin contar con permisos forestales ni todas las concesiones de agua requeridas.

Desde 2022, Calica ha promovido más de 50 juicios en tribunales nacionales para intentar recuperar sus permisos, sin éxito. En paralelo, mantiene una demanda internacional contra el Estado mexicano, alegando afectaciones a sus inversiones; sin embargo, el Gobierno de México ha solicitado autorización para contrademandar a Vulcan Materials Company, empresa matriz de Calica, ante un tribunal de arbitraje internacional.

La Semarnat señaló que la dependencia continuará dando seguimiento al caso en cumplimiento de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha pedido priorizar la protección del ecosistema y los recursos naturales nacionales.