La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, durante las próximas semanas, la conferencia matutina “La Mañanera” abrirá un espacio de discusión para analizar el impacto, los retos y la regulación del uso de tecnologías digitales, entre ellas la inteligencia artificial (IA) y las redes sociales.

La mandataria explicó que cada lunes, durante un mes, se abordarán temas relacionados con el avance tecnológico, sus beneficios y los desafíos que representa, especialmente en sectores como la educación y la protección de niñas, niños y jóvenes.

Sheinbaum señaló que actualmente existe una preocupación creciente sobre el uso de dispositivos digitales en espacios escolares, por lo que varios gobiernos estatales han impulsado medidas para establecer reglas dentro de los planteles educativos.

16 estados ya regulan uso de celulares en escuelas

Durante su conferencia, la presidenta informó que 16 entidades del país ya cuentan con medidas para limitar o prohibir el uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica.

Los estados mencionados son: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que estas decisiones fueron tomadas por gobiernos de distintos partidos políticos, lo que, dijo, refleja una preocupación compartida sobre el impacto que pueden tener las herramientas digitales en las nuevas generaciones.

“Son gobiernos de diferentes partidos políticos que llegaron a través de distintos partidos políticos, que están preocupados por el uso de la tecnología, sobre todo de los niños y los jóvenes”, expresó.

Tecnología, inteligencia artificial y nuevos retos

Sheinbaum indicó que el objetivo de estos espacios de análisis será generar una conversación pública sobre cómo aprovechar las nuevas tecnologías sin dejar de atender los riesgos relacionados con su uso.

La presidenta destacó que la inteligencia artificial y las plataformas digitales representan herramientas importantes para el desarrollo, pero también plantean nuevos desafíos en materia de educación, seguridad, privacidad y bienestar de los usuarios.

Con estas discusiones semanales, el Gobierno federal busca abrir el debate sobre el papel de la tecnología en la vida cotidiana y las posibles acciones para establecer un uso responsable, principalmente entre estudiantes y jóvenes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó este lunes los llamados de sectores de la oposición y críticos que han planteado la posibilidad de aplicar un examen para determinar quiénes deberían estar en condiciones de votar en las elecciones de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó esta propuesta como una medida “regresiva y conservadora”, al considerar que el voto debe ejercerse como un derecho ciudadano y no estar sujeto a filtros o condiciones.

Sheinbaum señaló que la democracia se basa en la participación de la población para elegir a sus representantes y recordó que históricamente el acceso al voto ha sido resultado de distintas luchas sociales, como el reconocimiento del derecho de las mujeres a participar en procesos electorales.

“¿Cuál libertad hay para ejercer la democracia, si la parte fundamental de la democracia es elegir a los gobernantes?”, expresó la presidenta al referirse a los planteamientos de aplicar evaluaciones antes de emitir el sufragio.

La titular del Ejecutivo sostuvo que este tipo de propuestas reflejan, desde su perspectiva, una visión que busca concentrar las decisiones políticas en grupos reducidos.

“Dicen de hacer un examen antes del voto, pero en el fondo lo que hay es un odio al pueblo, eso es lo que les molesta. Ellos quieren que una élite gobierne México”, afirmó.

Sheinbaum reiteró que la democracia debe garantizar la participación amplia de la ciudadanía y defendió que cada persona con derecho al voto pueda decidir sobre el rumbo político del país.

El debate surgió luego de que algunos sectores críticos al gobierno federal plantearan revisar los mecanismos de participación electoral, generando opiniones divididas entre quienes argumentan la necesidad de mayor información ciudadana y quienes consideran que podría representar una restricción al derecho al sufragio.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó el caso relacionado con una presunta red de huachicol fiscal en Baja California, investigación en la que está involucrado el exgobernador Ernesto Ruffo Appel.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que las acciones forman parte de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual se mantiene activa desde hace más de un año.

El funcionario detalló que durante la jornada del jueves fueron cumplimentadas ocho órdenes de aprehensión relacionadas con esta presunta estructura delictiva, aunque señaló que todavía existen mandamientos judiciales pendientes de ejecutar.

“Es una investigación de más de un año. Ayer se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, faltan otras por cumplimentar. Es una investigación en curso, todavía no está terminada”, señaló García Harfuch.

De acuerdo con la explicación del titular de Seguridad federal, la investigación está relacionada con el ingreso irregular de mercancía al país, donde presuntamente se reportaba una capacidad menor a la real en los ferro tanques utilizados para el traslado del combustible.

García Harfuch indicó que la red habría declarado únicamente alrededor del 10 por ciento de la capacidad real de los ferro tanques, situación que forma parte de las líneas de investigación de las autoridades federales.

El secretario reiteró que el caso continúa en proceso y que las instituciones responsables mantienen las diligencias para determinar responsabilidades y avanzar con las órdenes judiciales pendientes.

La indagatoria forma parte de los operativos federales contra esquemas de evasión fiscal y tráfico ilegal de combustibles, conocidos como huachicol fiscal, que implican el ingreso de hidrocarburos sin el pago correspondiente de impuestos o mediante documentación irregular.