La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que el nuevo paquete de aranceles a productos procedentes de China y otros países asiáticos entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, con el objetivo de proteger el empleo nacional, corregir distorsiones en el comercio exterior y fortalecer industrias estratégicas.

Durante la conferencia de prensa matutina de la mandataria, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, insistió que la decisión forma parte de una política industrial integral que busca evitar la pérdida de hasta 350.000 empleos en sectores clave como el automotriz, textil, calzado, siderúrgico y de manufactura.

Ebrard justificó la medida al defender que estos sectores estratégicos han enfrentado una creciente competencia desleal de importaciones, con precios por debajo de los valores de referencia internacional.

Además, destacó el diálogo previo con las distintas industrias implicadas y el Congreso para minimizar impactos negativos en la economía y en los precios al consumidor, al estimar que solo impactará en un 0,2 % en la inflación.

Tanto el secretario de Economía como Sheinbaum insistieron en que los aranceles no están dirigidos contra ningún país en particular, sino contra prácticas comerciales que generan competencia desleal, y recalcaron que México seguirá siendo una de las economías más abiertas del mundo.

Añadió que estas medidas se complementan con inversiones públicas y privadas, así como con los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, para generar nuevos empleos y crecimiento regional.

Ebrard defendió los aranceles como una acción “preventiva, sensata y quirúrgica”, diseñada para actuar antes de que el daño al empleo sea irreversible, y en respuesta a un aumento acelerado de importaciones en algunos sectores, con crecimientos de hasta 34 % en la industria automotriz y más de 20 % en textiles, vestido y calzado.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la obtención de 62,8 millones de pesos como reparación del daño al Estado mexicano, por parte de dos exfuncionarios relacionados con la trama de corrupción conocida como la ‘Estafa Maestra’.

La Fiscalía, ahora encabezada por Ernestina Godoy, apuntó en un comunicado que los dos acusados son Ricardo ‘M’, exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y José ‘M’, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).

A ambos se les acusa del delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

La FGR precisó que los exfuncionarios «suscribieron un convenio en el que se advirtieron irregularidades, en virtud de que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes».

Indicó que la UIEM «subcontrató la totalidad de los servicios previamente convenidos» con la Sedesol «a un precio inferior, lo que ocasionó un daño a la hacienda pública federal, por la cantidad señalada».

Al comprobar lo anterior, la FGR obtuvo la resolución judicial que ordena, en concreto, el pago de 62,8 millones pesos.

Finalmente, la dependencia señaló que «siempre y cuando» los acusados garanticen o cubran «el pago total de la reparación del daño al Estado al que fueron condenados», podrán obtener «sustitutivos legales», es decir, beneficios contemplados en el Código Penal Federal.

Las autoridades mexicanas bloquearon este jueves las cuentas de varias personas y empresas vinculadas con Edgar ‘N’, alias ‘El Limones’, detenido ayer, miércoles, al ser identificado como el operador financiero de una red criminal que se dedicaba a la extorsión de ganaderos y comerciantes en el estado de Durango.

Según informó el Gabinete de Seguridad, tras la detención del presunto líder del grupo delictivo ‘Los Cabreras’ y a otros cinco integrantes más, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estrechó su cerco financiero al bloquear varias cuentas de personas cercanas a ‘El Limones’ y de diversas empresas que presentaban «patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita».

«Tenían características de empresas fachada, además de ser utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada», detalló el órgano de coordinación en materia de seguridad.

Este bloqueo por parte de la UIF se produce tras la detención del líder de la red criminal en cuestión, identificado como «objetivo prioritario» por las autoridades al ser el jefe en plaza de un grupo dedicado a amenazar y extorsionar a comerciantes y ganaderos en Durango.

Asimismo, agentes de las fuerzas de seguridad arrestaron a otras cinco personas del mismo grupo criminal en diferentes registros, lo que permitió «debilitar la estructura delictiva» de la organización.

Durante los operativos incautaron armas de fuego, equipo táctico y diversos vehículos.

De acuerdo a las autoridades, todos los detenidos están relacionados con el delito de la extorsión, la extracción y venta ilegal de hidrocarburos, así como con lavado de dinero.