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Enfrentamiento entre policías y civiles deja un muerto en Elota, Sinaloa

Videos captados por testigos muestran que los oficiales le marcaron el alto al vehículo en el que viajaban los supuestos criminales. Luego de unos momentos de discusión, inició el enfrentamiento.

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En Sinaloa, una balacera entre Policías Estatales y civiles armados dejó un saldo de una persona muerta, una herida y una tercera más detenida.

Lo anterior ocurrió la tarde del lunes en el municipio de Elota, justo en el cruce del boulevard Zoquititán y Ceuta, del cual se viralizaron en redes sociales varias grabaciones del incidente

“Hace unos momentos, policías estatales y municipales, fueron agredidos por civiles armados en Elota”, informó Cristóbal Castañeda, secretario de seguridad de Sinaloa, por medio de su cuenta de Twitter.

“Se repelió la agresión y de manera preliminar, se tiene información de una persona asegurada, una lesionada y una que perdió la vida. También se aseguró un arma larga y una corta”, explicó.

Tras esta balacera, se apuntó que junto a Guardia Nacional y del Ejército se implementó un operativo en comunidades cercanas para incrementar la seguridad en la zona.

Reportes detallaron que este enfrentamiento se originó al intentar una revisión de un vehículo Volkswagen GTI,  donde los ocupantes comenzaron con los disparos y pretendieron huir de las autoridades.

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Operativo vs gasolineras: 43 denuncias penales, 161 clausuras y 780 equipos inmovilizados

operativo consistió que una inspección de 230 estaciones de servicio en todo el país por parte de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

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Por no despachar litros completos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) interpuso ante la Fiscalía General de la República 34 denuncias penales contra gasolineras, tras un operativo de verificación.

El operativo consistió que una inspección de 230 estaciones de servicio en todo el país por parte de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

En el operativo que busca promover la estabilización del precio de la gasolina, se detectaron irregularidades que requirieron sanciones, como la clausura total de 161 estaciones de servicio; la inmovilización de 780 equipos y las 43 denuncias penales ante la FGR

La Profeco argumentó que la venta de combustible es un delito que amerita consecuencias legales, porque representa un daño a la economía de los usuarios

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Detienen a piloto en el AICM por retener vuelo tras ser despedido

De acuerdo con reportes, al piloto del avión, que se dirigía a Cancún, le notificaron sobre su destitución, justo cuando los pasajeros ya estaban a bordo.

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Un piloto fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) luego de que se encerró en la cabina de un avión de Magnicharters debido a que había sido despedido.

De acuerdo con reportes, al piloto del avión, que se dirigía a Cancún, le notificaron sobre su destitución, justo cuando los pasajeros ya estaban a bordo. Debido al enojo que le provocó la noticia, el trabajador decidió encerrarse en la cabina y empezó a solicitar demanda por el altavoz y a exigir hablar con comunicación social del AICM, así como con Protección Civil.

Debido a la situación, el vuelo se suspendió, mientras que el piloto fue sacado del avión y fue llevado a la Agencia Federal de Investigación Civil, según los reportes.

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Médico Carlos Ortigoza operó a menor pese a antecedentes y sanciones de Cofepris

Ortigoza Sequeiros había sido boletinado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en 2018 por realizar cirugías estéticas en clínicas irregulares, tras una denuncia presentada desde 2015. A pesar de ello, el médico siguió ejerciendo.

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La joven Fernanda, de 15 años, enfrenta complicaciones graves tras someterse a una cirugía estética de nariz realizada por Carlos Ortigoza Sequeiros, médico que ya contaba con múltiples sanciones por prácticas irregulares, pero que continúa activo en la Ciudad de México.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, Ortigoza Sequeiros había sido boletinado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en 2018 por realizar cirugías estéticas en clínicas irregulares, tras una denuncia presentada desde 2015. A pesar de ello, el médico siguió ejerciendo.

La clínica Sequeiros Beauty, propiedad del doctor, había sido clausurada previamente tanto por la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX) como por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA). El procedimiento a Fernanda se realizó en el hospital privado Max Medic, cuyo estatus es de “regularización”, ya que no cumple con todos los requisitos formales para operar.

El procedimiento y la emergencia

Fernanda solicitó la cirugía como regalo por sus 15 años y acudió con sus padres a Sequeiros Beauty, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fue atendida directamente por Carlos Ortigoza Sequeiros. Durante la consulta, Ortigoza Sequeiros y su pareja, Yasmín “Jazz” Martínez, se presentaron como especialistas en procedimientos para adolescentes de entre 13 y 16 años. Martínez se identificó como anestesióloga, aunque en realidad es administradora.

La intervención se llevó a cabo el 24 de agosto en el hospital Max Medic, ubicado en la colonia Dos Lagos. Tras la cirugía, Fernanda no despertó con normalidad y presentó vómitos con sangre. A pesar de ello, fue dada de alta en contra de la recomendación de los médicos y la oposición de sus padres.

Horas después, la menor tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital General, donde los médicos confirmaron un infarto cerebral, presuntamente provocado por la obstrucción de una arteria conectada con la nariz. Actualmente, Fernanda lucha por recuperar la movilidad de su cuerpo.

Antecedentes y formación del médico

Según el Registro Nacional de Profesionistas, Carlos Ortigoza Sequeiros cuenta con el título de Médico Cirujano por la Universidad Anáhuac y una maestría en Cirugía Estética por el Instituto de Estudios Superiores en Medicina, aunque esta última ha sido cuestionada por su validez.

El caso ha reavivado la alerta sobre la regulación de clínicas estéticas en México y la supervisión de profesionales que, a pesar de contar con sanciones, continúan operando y poniendo en riesgo la vida de pacientes, especialmente menores de edad.

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