La operación administrativa de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) enfrenta nuevos cuestionamientos por presuntos cobros, retrasos y obstáculos a proveedores, además de señalamientos que apuntan a posibles conflictos de interés entre funcionarios y empresas participantes en procesos de contratación.

Uno de los nombres que aparece en las denuncias es el de Juan Carlos Rico Báez, actual Administrador de Modernización Aduanera “2”, a quien fuentes vinculadas con la operación administrativa señalan por presuntamente solicitar beneficios económicos a contribuyentes y proveedores a cambio de agilizar trámites, pagos y otros asuntos que, en principio, deberían atenderse mediante los procedimientos institucionales correspondientes.

De acuerdo con las versiones recabadas, cuando esas supuestas solicitudes no son atendidas, algunos trámites podrían quedar detenidos, enfrentar demoras o perder continuidad administrativa.

Es importante precisar que estos señalamientos no constituyen hechos acreditados ni una determinación de responsabilidad. Corresponderá a las autoridades competentes revisar la evidencia disponible y establecer si existe alguna conducta irregular.

Antecedentes de Rico Báez

Rico Báez ya había ocupado un cargo dentro de la estructura aduanera durante su paso por Tijuana, periodo en el que coincidió con funcionarios como Jorge Fernando Boy Espinoza, Enrique Orantes González y Eva María Viridiana Soria Amador, cuando Ricardo Peralta Saucedo se encontraba al frente de la entonces Administración General de Aduanas.

Posteriormente dejó la institución y, según la información proporcionada, promovió un procedimiento en contra de la autoridad aduanera, identificado con el expediente 5839/23 ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Este antecedente abre también una interrogante sobre las circunstancias y el procedimiento mediante el cual posteriormente regresó a la estructura institucional.

Actualmente ocupa la Administración de Modernización Aduanera “2”, una posición relacionada con procesos administrativos de una de las áreas consideradas estratégicas dentro de la ANAM.

Un documento pone la lupa sobre posible conflicto de interés

A estos señalamientos se suma un documento correspondiente al Acta de Apertura del Sobre Único de la Licitación Pública Nacional C5/LPN/001/2025, realizada el 24 de febrero de 2025 por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

El procedimiento contempló la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos, instalaciones y sistemas tecnológicos.

Entre las empresas participantes aparece Planets Solutions S.A. de C.V., cuya propuesta económica fue de 483 millones 794 mil 770 pesos con 12 centavos, IVA incluido.

El punto que genera interés es que, en la relación de representantes de las compañías participantes, el documento identifica a Darío Eugenio Reyes Villagómez como representante de Planets Solutions S.A. de C.V.

Actualmente, una persona con ese mismo nombre ocupa la Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera de la ANAM.

Esta coincidencia plantea una serie de preguntas que podrían esclarecerse mediante documentación oficial: cuál fue la relación jurídica, laboral, profesional o económica entre Reyes Villagómez y Planets Solutions; cuándo comenzó y, en su caso, cuándo concluyó; y si existió algún vínculo posterior que debiera haber sido declarado.

También sería pertinente conocer si la empresa participó posteriormente en procedimientos vinculados con la ANAM o con otras dependencias en las que Reyes Villagómez haya tenido facultades de decisión, supervisión o influencia.

Proveedores reportan retrasos y obstáculos

En paralelo, proveedores relacionados con la operación administrativa de la Agencia han señalado presuntos retrasos en pagos y dificultades para que determinados procedimientos continúen con normalidad.

Algunas fuentes consultadas sostienen que esas prácticas podrían incluso favorecer el desplazamiento de proveedores existentes y abrir espacio a otras compañías.

Sin embargo, esa hipótesis requiere ser comprobada. Una revisión de contratos, fechas de adeudos, autorizaciones, facturas, entregables y registros de seguimiento permitiría establecer qué proveedores enfrentan retrasos, desde cuándo, quién intervino en la autorización de los pagos y cuáles fueron las razones administrativas detrás de cada caso.

De igual forma, sería necesario identificar si, después de esos retrasos, nuevas empresas comenzaron a ocupar espacios en los servicios correspondientes.

Piden revisar contratos, pagos y declaraciones

Ante estos señalamientos, la revisión de los órganos competentes debería incluir contratos, expedientes, entregables, autorizaciones, facturas, pagos pendientes y registros administrativos, así como las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos involucrados.

También sería relevante determinar si existen denuncias, procedimientos administrativos, auditorías u observaciones previas relacionadas con estas áreas.

La modernización aduanera representa un asunto estratégico para el país por el volumen de operaciones, infraestructura, información y recursos públicos que involucra. Por ello, cualquier señalamiento sobre presuntos cobros indebidos, retrasos deliberados o posibles conflictos de interés debería ser aclarado con documentos y procedimientos formales.

Más que adelantar conclusiones, el objetivo de una eventual investigación sería establecer qué ocurrió, quién tomó determinadas decisiones, bajo qué criterios se actuó y si existieron beneficios indebidos para alguna persona o empresa.

Las preguntas centrales quedan sobre la mesa: ¿hubo obstáculos o retrasos injustificados para determinados proveedores dentro de la ANAM?, ¿quién autorizó esas decisiones y qué empresas resultaron beneficiadas?, y, respecto de Darío Eugenio Reyes Villagómez, ¿cuál fue exactamente su relación con Planets Solutions S.A. de C.V. y existe algún vínculo que debiera ser transparentado?

Resolver esas interrogantes mediante expedientes, contratos y documentos oficiales permitiría separar los señalamientos de los hechos comprobados y, en su caso, deslindar responsabilidades.

La Conapesca informó que durante septiembre comenzarán seis periodos de veda en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas y Tabasco, con medidas que buscan proteger las poblaciones de distintas especies y contribuir a la viabilidad de las comunidades que dependen de la actividad pesquera.

Las disposiciones fueron establecidas con base en las opiniones técnicas del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), que considera factores como los ciclos de reproducción, las tallas mínimas de captura y los volúmenes disponibles de las poblaciones.

Estas son las especies que entran en veda

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en los próximos meses quedará suspendida la captura de seis especies en diferentes zonas del país.

• Abulón: La veda comienza el 1 de septiembre en las Zonas II y III, comprendidas entre Punta Malarrimo y Punta Holcomb, en Baja California Sur, y concluirá el 31 de enero de 2027.
• Almeja chocolata: La restricción estará vigente del 1 de septiembre al 31 de diciembre en el sistema lagunar Bahía Magdalena-Almejas, en Baja California Sur.
• Lisa: La veda será del 1 de septiembre al 10 de noviembre en la Laguna Madre, Tamaulipas.
• Liseta: Tendrá el mismo periodo, del 1 de septiembre al 10 de noviembre, en la Laguna Madre, Tamaulipas.
• Pulpo verde: La prohibición de captura comenzará el 1 de septiembre en Bahía de los Ángeles, Baja California, y terminará el 30 de noviembre.
• Ostión: En Tabasco, la veda comenzará el 15 de septiembre y concluirá el 31 de octubre en los sistemas lagunarios estuarinos del estado.

Otras especies sí podrán aprovecharse

Durante septiembre también estarán vigentes periodos en los que se permitirá el aprovechamiento de determinadas especies, de acuerdo con las fechas y zonas establecidas.

La curvina golfina podrá aprovecharse del 1 de septiembre de 2026 al 30 de abril de 2027 en el Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

En el caso del bagre, el periodo de aprovechamiento será del 1 de septiembre al 30 de abril de 2027 en el Lago de Chapala, ubicado entre Jalisco y Michoacán.

El ostión de roca podrá aprovecharse del 1 de septiembre al 31 de mayo de 2027 en aguas marinas y estuarinas de jurisdicción federal desde Sinaloa hasta Chiapas.

Para la tilapia, el periodo comenzará el 1 de septiembre en la presa Santa Rosa, Jalisco, y concluirá el 30 de junio de 2027.

La langosta tendrá distintos periodos según la zona. En la Zona I, que comprende la costa occidental de Baja California y parte de la zona norte de Baja California Sur, el periodo será del 15 de septiembre al 15 de febrero de 2027. En la Zona II de Baja California Sur, será del 25 de septiembre de 2026 al 28 de febrero de 2027.

El cangrejo azul podrá aprovecharse del 16 de septiembre al 30 de junio de 2027 en las costas veracruzanas y otras regiones del Golfo de México.

En cuanto al camarón del Golfo, el periodo comenzará el 16 de septiembre desde la frontera con Estados Unidos, en Tamaulipas, hasta la desembocadura del río Coatzacoalcos, Veracruz.

¿Dónde denunciar pesca ilegal?

La Conapesca mantiene disponible el número telefónico 669 915 6913 para recibir denuncias relacionadas con pesca ilegal.

El servicio está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Juan Carlos Rico Báez, actual administrador de Modernización Aduanera “2”, enfrenta nuevos cuestionamientos relacionados con su desempeño y su paso por la Aduana de Tijuana.

El nombre de Juan Carlos Rico Báez vuelve a aparecer en medio de cuestionamientos dentro del sector aduanero. El funcionario, quien actualmente ocupa la Administración de Modernización Aduanera “2” de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), es señalado por personas vinculadas con la operación del sector por presuntas prácticas irregulares que, aseguran, habrían marcado también parte de su trayectoria profesional.

Rico Báez cuenta con antecedentes dentro de la estructura aduanera. Durante su paso como subadministrador de la Aduana de Tijuana tuvo participación en asuntos relacionados con la operación y modernización de procesos de comercio exterior. Documentos públicos de organismos del sector confirman que ocupó ese cargo y firmó oficios relacionados con la operación de dicha aduana.

Su trayectoria también ha estado vinculada con temas de modernización tecnológica y comercio exterior. Incluso ha participado como especialista y expositor en asuntos relacionados con sistemas y procedimientos aduaneros.

Ahora, el señalamiento vuelve a ponerlo bajo la lupa. De acuerdo con versiones atribuidas a personas relacionadas con la operación administrativa, presuntamente habría solicitudes de beneficios económicos a contribuyentes o proveedores para agilizar determinados trámites, pagos o procesos.

Las mismas versiones sostienen que, cuando esas supuestas peticiones no prosperarían, algunos asuntos podrían enfrentar retrasos o dificultades para avanzar con la normalidad esperada. Hasta el momento, estos señalamientos deben considerarse acusaciones que requieren ser documentadas y, en su caso, investigadas por las autoridades correspondientes.

Otro punto que se coloca sobre la mesa es su relación previa con la institución. Según la información proporcionada, después de dejar el servicio aduanero, Rico Báez promovió un procedimiento laboral contra la autoridad, identificado con el expediente 5839/23 ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La existencia y alcance de ese expediente requieren ser verificados con documentación oficial antes de extraer conclusiones sobre sus circunstancias.

Posteriormente, de acuerdo con los datos compartidos, regresó a la estructura institucional y desempeñó funciones vinculadas con el procesamiento electrónico de datos y el comercio exterior, áreas en las que se maneja información sensible sobre operaciones y mercancías.

Actualmente, su responsabilidad en la Modernización Aduanera “2” lo ubica en una posición delicada dentro de la ANAM, particularmente por su participación en asuntos administrativos, infraestructura, contratos y procesos relacionados con la modernización de las aduanas.

Por ello, los cuestionamientos planteados abren la puerta a una revisión institucional de expedientes, contratos, autorizaciones, entregables, pagos y mecanismos de seguimiento, además de cualquier auditoría, denuncia u observación formal que pudiera existir.

La clave, como suele ocurrir en estos casos, estará en los documentos y no únicamente en las versiones: determinar si hubo irregularidades, quién las habría cometido y si alguna autoridad ya tiene conocimiento formal de los hechos.

Por ahora, no existe en la información revisada una determinación oficial que acredite las acusaciones descritas. Sin embargo, el cargo que actualmente ocupa Rico Báez y la naturaleza de sus funciones hacen necesario que cualquier señalamiento sea revisado con lupa y, sobre todo, con evidencia.