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Conacyt publica nuevo Reglamento de Becas; no se suspenderán pagos a embarazadas

Conacyt emitió el nuevo Reglamento de Becas donde en lugar de quitar la beca a embarazadas aclara que se suspenderá solo si así se solicita

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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dio a conocer su nuevo Reglamento de Becas en el que eliminó la suspensión del pago a embarazadas y por participar en protestas en el extranjero.

Fue en el Diario Oficial de la Federación (DOF) donde Conacyt hizo la publicación de las nuevas reglas.

En enero pasado el Consejo de Ciencia y Tecnología presentó un anteproyecto ante la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) en el que buscaba modificar el artículo 20 del reglamento de becas.

Serán causas de suspensión de la beca o del apoyo, las siguientes, cuando alguna becaria que se encuentre embarazada, en parto o puerperio, así como a los becarios que sean padres, presentando la documentación que lo acredite”, indicaba la modificación.

Tras la polémica suscitada Conacyt reculó y ahora menciona en el artículo 19 que será motivo de suspensión de la beca o el apoyo complementario:

Cuando la persona becaria la solicite con motivo de alguna situación de caso fortuito, de fuerza mayor o cualquier otra situación que lo amerite, incluyendo enfermedad, embarazo, parto, puerperio o labores de crianza, entre otras, que le impida continuar con el desarrollo de los compromisos asumidos, presentando la documentación que lo acredite, con el único propósito de beneficiar a las personas becarias.”

Respecto a la participación de becarios en marchas en el extranjero Conacyt explicó que la suspensión de la beca era regla desde sexenios anteriores, pero que se quitaría.

En lugar de precisar que la o el becario deberá “abstenerse de participar en cualquier tipo de evento o manifestación de carácter político”, el artículo 16 expresa que:

La persona becaria que realice sus estudios o proyecto fuera del país, así como la persona becaria de nacionalidad extranjera que realice sus estudios en México, deberán respetar la legislación y normativa del país anfitrión.”

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Nacionales

Proponen 10 acciones para un uso ético de la Inteligencia Artificial Generativa en las universidades

Según los datos obtenidos, más del 60 por ciento de los estudiantes y docentes universitarios ya utilizan la IAG de manera cotidiana. De estos, 8 de cada 10 estudiantes recurren a la herramienta para la elaboración de textos, lo que resalta la penetración acelerada de esta tecnología en el ámbito académico.

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En un evento realizado el pasado 15 de abril, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presentó a rectoras y rectores de universidades del país un conjunto de diez acciones orientadas a garantizar un uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la Educación Superior. La propuesta surge tras los resultados de la Encuesta Nacional sobre el Uso de la IAG, en la que participaron más de 1.5 millones de estudiantes y 166,000 docentes, convirtiéndola en la más grande a nivel mundial sobre este tema.

Según los datos obtenidos, más del 60 por ciento de los estudiantes y docentes universitarios ya utilizan la IAG de manera cotidiana. De estos, 8 de cada 10 estudiantes recurren a la herramienta para la elaboración de textos, lo que resalta la penetración acelerada de esta tecnología en el ámbito académico.

Durante su intervención, Delgado Carrillo reconoció que la IAG ya no es una tecnología emergente, sino una herramienta establecida en las aulas mexicanas. A raíz de este contexto, propuso a las instituciones educativas un plan de acción que incluyera, entre otras medidas, la formación docente y la creación de lineamientos éticos claros para el uso de la IAG, además de la transformación de los planes y programas de estudio para adecuarlos a la nueva realidad digital.

Una de las acciones más relevantes es la incorporación de la IAG en los modelos educativos de manera crítica y reflexiva, promoviendo el uso responsable de la tecnología sin que esta sustituya el pensamiento crítico de los estudiantes. En este sentido, la literacidad digital y la educación en IAG se presentan como prioridades nacionales para garantizar que tanto docentes como estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para navegar en el entorno digital.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que la encuesta no solo representa un levantamiento de datos, sino también un acto de honestidad institucional. Según Villanueva, reconocer la presencia de la IAG en las universidades es el primer paso para asegurar que su implementación se dé de manera ética, sin que esta tecnología rebase las capacidades de las instituciones académicas.

Por otro lado, el director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), Carlos Iván Moreno Arellano, informó que, de las 1.5 millones de respuestas válidas, 9 de cada 10 participantes en la encuesta afirmaron conocer la IAG, mientras que más del 60% la utiliza de forma cotidiana. Estos datos refuerzan la necesidad urgente de una estrategia educativa clara que guíe a las instituciones en su adopción responsable.

El representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, señaló que la encuesta también aporta una visión global sobre las brechas de género en el acceso a la IAG. Morales afirmó que, aunque la transformación digital en la educación es necesaria, debe garantizar que las tecnologías estén al servicio de la humanidad, subrayando que la tecnología debe complementar el aprendizaje, no reemplazarlo.

En este contexto, el secretario Mario Delgado hizo un llamado a las universidades a unirse a este proceso de transformación que busca posicionar a México como un referente mundial en el uso ético y pedagógico de la Inteligencia Artificial Generativa.

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Internacionales

EU autoriza a CIBanco realizar transferencias para su proceso de liquidación en México

La medida fue emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, que ajustó las restricciones impuestas al banco para permitirle concluir de manera ordenada el cierre de sus operaciones.

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El gobierno de Estados Unidos autorizó a CIBanco, institución previamente sancionada por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles, realizar transferencias financieras con el objetivo de completar su proceso de liquidación en México.

La medida fue emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, que ajustó las restricciones impuestas al banco para permitirle concluir de manera ordenada el cierre de sus operaciones.

Permiten operaciones para cierre ordenado

La decisión se da luego de que las autoridades estadounidenses bloquearan el acceso de CIBanco al sistema financiero de ese país, tras determinar que la institución facilitó el lavado de recursos provenientes del tráfico de opioides.

Ante este escenario, el gobierno de México asumió el control del proceso, con el fin de evitar afectaciones mayores al sistema financiero nacional y garantizar una liquidación supervisada.

Con la autorización, CIBanco podrá realizar transferencias necesarias para vender sus activos, cubrir adeudos y distribuir recursos conforme a la normativa vigente.

Compromiso bilateral contra el lavado de dinero

El Departamento del Tesoro destacó que esta resolución forma parte de la cooperación entre ambos países para combatir las operaciones financieras ilícitas.

“Esta resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México para proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan”, señaló la dependencia en un posicionamiento oficial.

Supervisión y cierre definitivo

El proceso contempla el cierre definitivo de la institución financiera, bajo supervisión de autoridades mexicanas, quienes deberán garantizar la transparencia en la venta de activos y el cumplimiento de obligaciones con clientes y acreedores.

Este caso se suma a las acciones internacionales para reforzar los controles contra el lavado de dinero y limitar el uso del sistema bancario por parte de organizaciones criminales.

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Detienen en Sinaloa a dos presuntos integrantes de célula delictiva tras operativos coordinados

De acuerdo con las estimaciones oficiales, los aseguramientos representan una afectación económica a la estructura financiera del grupo delictivo por aproximadamente 2 millones 502 mil 62 pesos.

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Autoridades federales informaron sobre la detención de dos personas presuntamente vinculadas a una célula delictiva que opera en el estado de Sinaloa, como resultado de acciones coordinadas entre distintas dependencias de seguridad.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detallaron que las detenciones se realizaron en el municipio de Mazatlán, tras labores de inteligencia e intercambio de información interinstitucional.
Los detenidos, identificados como Efraín “N” y Jesús “N”, fueron ubicados luego de que se detectaran dos inmuebles presuntamente relacionados con el grupo delictivo. Con base en los datos recabados, un juez de control otorgó las órdenes de cateo que fueron ejecutadas en las colonias Lomas de Mazatlán y Jabalines.

Durante los operativos, además de la captura de los dos sujetos, las autoridades aseguraron diversos objetos, entre ellos armas de fuego —incluido un fusil Barrett—, dosis de droga, equipos telefónicos, una camioneta blindada, cuatro granadas, cargadores y equipos de radiocomunicación.

Las autoridades indicaron que a los detenidos se les informaron sus derechos conforme a la ley y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de definir su situación jurídica en las próximas horas.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, los aseguramientos representan una afectación económica a la estructura financiera del grupo delictivo por aproximadamente 2 millones 502 mil 62 pesos.

Las dependencias señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad para debilitar las capacidades operativas y financieras de organizaciones criminales, mediante operativos coordinados y con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

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