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Autoridades indígenas y Gobierno de México construyen Plan de Justicia de los Pueblos Wixárika, Nayeri y O’dam

Con respeto y unidad, autoridades tradicionales participan en mesas de trabajo para construir diagnóstico y propuestas del Plan de Justicia

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Con el propósito de construir el Plan de Justicia de los Pueblos Wixárika, Nayeri y O’dam de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, autoridades indígenas, en conjunto con diversas instancias del gobierno federal, analizaron este fin de semana las diversas problemáticas que viven sus comunidades y construyeron propuestas de solución en temas relativos a tierra, territorio, recursos naturales y medio ambiente; centros ceremoniales y sitios sagrados, cultura e identidad; gobierno y organización tradicional, así como bienestar integral, en un marco de unidad, respeto y entendimiento recíproco.

Autoridades tradicionales, comunales, ejidales y municipales, así como líderes espirituales, adultos mayores representantes de sus pueblos y población indígena en general, emitieron sus aportaciones en las mesas y reuniones plenarias desarrolladas en el municipio de Jesús María, Nayarit.

Durante la asamblea plenaria, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, indicó que el plan de justicia contempla todas las demandas, sentimientos, preocupaciones, anhelos y aspiraciones de vida de los pueblos wixárika, nayeri y o’dam, que están en el centro de atención del gobierno federal.

Señaló que se está dando cumplimiento a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, de construir este plan con la participación de todas las autoridades e instituciones representativas de los pueblos. Aseguró que, a través del diálogo respetuoso y constructivo, se busca alcanzar consensos y acuerdos para sentar las bases de resolución a sus demandas históricas, y generar un futuro de justicia, dignidad y bienestar.

Atención desde territorio

“Esto, hermanas y hermanos, es una muestra de que venimos con respeto y con humildad y que queremos tener un gobierno que escucha, que sale de sus oficinas y que recorre las regiones y los territorios indígenas, para tener conocimiento de primera mano de los problemas que viven nuestros pueblos; pero, sobre todo, que podamos construir las soluciones a cada uno de estos problemas”, expresó.

Mencionó que por eso es muy importante la construcción de este plan de justicia que va a venir a sentar las bases de un horizonte de esperanza para los pueblos y comunidades, pues aseguró que “es un acuerdo que tendrán con el presidente de la República, para iniciar una etapa de dignidad y bienestar, una nueva página en la historia que deje atrás la larga noche de olvido y que haya un nuevo amanecer”.

Convocó a más de 440 asambleístas a agilizar los trabajos a través de un ejercicio de priorización de los temas más urgentes, a fin de que las dependencias programen los presupuestos correspondientes antes de que concluya la actual administración, en 2024. 

Participación activa de autoridades indígenas

El gobernador tradicional de Jesús María, Martín Valentín Vargas, agradeció la nutrida asistencia a estas mesas de trabajo en las se abordaron temas de importancia para los pueblos indígenas de esta región; señaló además que los acuerdos alcanzados serán respetados por todas las partes involucradas. 

En tanto, el comisariado de San Andrés Cohamiata, Patricio Ortiz de Cruz, tomó la palabra y mencionó que ya existen avances para el caso de los wixáritari, pues hay temas que sólo deben sintetizarse para definir fechas de entrega de las acciones a priorizar. 

Por otro lado, personas de esta misma comunidad entregaron a la mesa relatora la propuesta de reformar la Constitución Política y la ley electoral, con el objetivo de crear distritos indígenas, para que de ellos surjan sus propios postulantes.

Los gobernadores tradicionales dieron la palabra al representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien señaló que corresponde a dicha institución brindar acompañamiento para desarrollar el catálogo de sitios sagrados, e hizo un llamado para acelerar el proceso de registro de los sitios. 

Mencionó que la protección de los sitios sagrados tiene dos planos: nacional e internacional. En este sentido, explicó que trabajan en ambos planos y en noviembre de 2022 terminarán el expediente para que en enero de 2023 se entregue a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), para que la Ruta Wixárika (Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis Potosí) sea reconocida como patrimonio mundial. 

El presidente de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Nayarit y Durango, Mario Muñoz Cayetano, señaló que por primera vez en la historia se podrá hacer un plan integral de desarrollo nacido desde los pueblos indígenas, pero que es necesario trabajar de manera coordinada entre todas las partes.

El representante del Consejo Regional Wixárica, Minjarez Valdez Bautista, explicó que esta reunión fue nombrada en su convocatoria como Cumbre de la Nación Wixárika y la reconoció como un hecho histórico, pues logró reunir a los wixáritari de los tres estados. Asimismo, recordó que el primer mandatario se comprometió a realizar el plan de justicia en el que el INPI brindaría acompañamiento técnico y logístico. 

Nueva etapa de diálogo de entre gobiernos

“Hemos iniciado una etapa de diálogo de gobierno a gobierno; del Gobierno de México, de los gobiernos de los estados y municipales, con los gobiernos tradicionales de los pueblos wixárika, nayeri, o’dam y mexica que se integraron en la reunión. Lo hacemos con respeto y sinceridad, con el corazón en la mano, a eso hemos venido”, destacó el titular del INPI casi al concluir la plenaria.

En las sesiones de trabajo llevadas a cabo en Jesús María participaron representantes de 67 dependencias e instituciones invitadas, 173 autoridades tradicionales y agrarias, así como observadores de derechos humanos y activistas interesados en el tema que presenciaron y documentaron las mesas y la plenaria.

Las y los participantes de la asamblea acordaron que la tercera reunión para la construcción de este plan se celebre en el pueblo o’dam de La Guajolota, en jurisdicción de Santa María de Ocotán, estado de Durango, donde se dará continuidad a los planteamientos y acuerdos.

Entre los principales temas que se dialogaron, las y los representantes indígenas propusieron exhortar a los tribunales agrarios a cumplir las resoluciones por despojo de tierras que han obtenido los pueblos a su favor; instalar mesas de conciliación y mediación en conflictos limítrofes, así como atender los conflictos ocasionados por la mala ejecución de resoluciones presidenciales.

Plantearon que se establezca una ruta de trabajo con el INAH y la Secretaría de Cultura para definir los sitios sagrados de los tres pueblos, integrarlos al catálogo y dar pleno cumplimiento al Pacto HauxaMánaka, para la preservación y desarrollo de sus lugares sagrados. En materia de bienestar integral, pidieron consolidar un modelo educativo wixárika para todos los niveles de enseñanza.

Solicitaron que no se otorguen más permisos para la realización de megaproyectos; analizar las iniciativas de reformas en materia indígena que se encuentran en Congresos locales; establecer un programa de fortalecimiento de la transversalidad y equidad de género; revisar proyectos para fortalecer el comercio de artesanías, principalmente en el caso de las mujeres indígenas productoras; construir caminos y obras de infraestructura, garantizar la seguridad en las comunidades, entre otros temas prioritarios.

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Denuncian presunta red de títulos médicos apócrifos en Baja California; señalan a familiar de la gobernadora

Acusan venta de certificaciones falsas y revalidaciones irregulares en el sector salud; autoridades no han emitido postura oficial

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Una investigación periodística ha puesto bajo la lupa una presunta red de expedición y validación de títulos médicos apócrifos en Baja California, en la que se señalan posibles irregularidades administrativas y la participación de funcionarios estatales y un familiar de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, de acuerdo con testimonios y documentos difundidos.

Las acusaciones señalan la presunta emisión y revalidación de certificaciones médicas falsas, particularmente en el área de cirugía estética, lo que habría permitido la operación de supuestos especialistas sin la debida acreditación profesional.

Señalamientos sobre esquema de revalidación

De acuerdo con la información difundida, el presunto esquema habría operado mediante la validación de documentos académicos que supuestamente acreditan estudios realizados en el extranjero, particularmente en Cuba, los cuales habrían sido posteriormente revalidados por instancias educativas estatales y federales.

Según los señalamientos, estas revalidaciones habrían permitido la obtención de cédulas profesionales en México, aunque se afirma que algunas instituciones académicas extranjeras involucradas han negado la emisión de dichos títulos.

Acusaciones sobre intermediación y costos

La investigación refiere testimonios de médicos que aseguran haber sido contactados para “regularizar” su situación profesional mediante pagos elevados a intermediarios, a cambio de evitar sanciones o clausuras de clínicas.

Entre los señalados en estos testimonios aparece un familiar de la mandataria estatal, identificado como Luis Alfonso Torres Torres, quien presuntamente habría actuado como enlace en dichos trámites. Estas versiones no han sido corroboradas de manera oficial.

Documentos bajo revisión

También se mencionan expedientes y resoluciones de revalidación de estudios que estarían siendo revisados por autoridades anticorrupción, en los que se detectan posibles inconsistencias en la documentación académica presentada.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial la autenticidad de dichos documentos ni la existencia de responsabilidades administrativas o penales.

Investigación sin avances judiciales

De acuerdo con la información recopilada, el caso habría sido integrado en instancias estatales de control interno, aunque hasta ahora no se han presentado denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado.

Fuentes citadas en la investigación aseguran que el número de médicos bajo revisión habría aumentado en los últimos años, sin que el proceso haya derivado en acciones judiciales públicas.

Riesgo en el sector salud

El tema cobra relevancia en Baja California, entidad que concentra una parte importante del turismo médico en México, con millones de pacientes que acuden anualmente a servicios de salud y procedimientos estéticos.

Especialistas advierten que la presunta operación de profesionales sin certificación válida podría representar un riesgo sanitario para los pacientes y afectar la confianza en el sector.

Sin postura oficial

Hasta el cierre de esta edición, el gobierno del estado encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha emitido una postura pública adicional sobre los señalamientos.

La información continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días las autoridades competentes aclaren o confirmen los alcances de estas acusaciones.

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Inzunza descarta pedir licencia y rechaza acusaciones desde Estados Unidos

En declaraciones, el legislador señaló que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas, en apego al marco constitucional, particularmente de la Fiscalía General de la República (FGR), al tiempo que refutará los señalamientos desde su posición en el Senado de la República.

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El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, informó que no solicitará licencia a su cargo y continuará con sus funciones legislativas, al considerar que las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico, formuladas por una corte federal de Estados Unidos, “son imputaciones falsas y dolosas”.

En declaraciones, el legislador señaló que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas, en apego al marco constitucional, particularmente de la Fiscalía General de la República (FGR), al tiempo que refutará los señalamientos desde su posición en el Senado de la República.

Inzunza Cázarez afirmó que la ciudadanía de Sinaloa le otorgó la responsabilidad de representarla en la Cámara Alta, la cual ha asumido —dijo— con integridad y compromiso con la ley. Asimismo, destacó su trayectoria de más de 25 años en el ámbito judicial, donde se desempeñó como magistrado presidente del Poder Judicial de Sinaloa durante casi 11 años.

El senador reiteró su rechazo a las acusaciones provenientes de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, al calificarlas como calumnias, y aseguró que las enfrentará mediante el ejercicio de sus funciones públicas.

También indicó que acudirá a cualquier citación de las autoridades nacionales en el ámbito de sus atribuciones constitucionales. “Como ha señalado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo: verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional”, expresó.

El legislador señaló que actualmente se encuentra en Sinaloa y sostuvo que no tiene motivos para evadir a las autoridades. Asimismo, consideró que los señalamientos surgieron tras su participación en tribuna, donde defendió la soberanía nacional frente a acciones que calificó como inconstitucionales por parte de agencias extranjeras.

Enrique Inzunza Cázarez preside la Comisión de Estudios Legislativos en el Senado, además de formar parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante el receso legislativo que comprende del 1 de mayo al 30 de agosto. Posteriormente, a través de redes sociales, reiteró su disposición para atender cualquier llamado de las autoridades competentes.

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Publican decreto en el DOF la reforma para jornada laboral de 40 horas 

El decreto contempla que, en casos extraordinarios, la jornada podrá ampliarse, pero dichas horas deberán pagarse con un 100% adicional al salario ordinario. Asimismo, el trabajo extraordinario no podrá exceder de 12 horas semanales, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días.

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En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de este viernes 1 de mayo, se publicó el decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo para establecer una jornada laboral máxima de 40 horas semanales. La disposición fija que la jornada diaria será de ocho horas en turno diurno, siete en nocturno y siete horas y media en turno mixto.

El decreto contempla que, en casos extraordinarios, la jornada podrá ampliarse, pero dichas horas deberán pagarse con un 100% adicional al salario ordinario. Asimismo, el trabajo extraordinario no podrá exceder de 12 horas semanales, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días.

Si se supera ese límite, el tiempo adicional deberá pagarse con un 200% más del salario correspondiente. En ningún caso, la suma de la jornada ordinaria y extraordinaria podrá rebasar las 12 horas diarias.

También se establece que por cada seis días de trabajo se deberá otorgar al menos un día de descanso con goce de sueldo, y quienes laboren en domingo recibirán una prima adicional de al menos 25%.

Finalmente, el decreto señala que la implementación de la jornada de 40 horas será progresiva hasta 2030, con un periodo de ajuste entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026 para que trabajadores y empleadores adapten sus condiciones laborales.

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