La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) capacitó a 595 mujeres de 117 municipios de 14 estados del país en técnicas de cultivo de tilapia, bagre, trucha y ostión, como parte de la Estrategia Nacional de Empoderamiento de la Mujer Acuacultora.

La iniciativa se enmarca en el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que este año se celebra bajo el lema: “El ascenso de la mujer rural: construir futuros resilientes con Beijing+30”. Según Conapesca, el objetivo es fortalecer el empoderamiento económico, la asociatividad y el desarrollo comunitario de las productoras acuícolas, así como contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de sus regiones.

La capacitación se realizó mediante el Programa Nacional de Acompañamiento Técnico Acuícola Autogestivo (PNATAA), que incluye seguimiento técnico a distancia a través de grupos de WhatsApp, así como la formación de capacitadores y el funcionamiento de escuelas de campo acuícolas.

Los estados donde se desarrollaron estas acciones fueron: Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Morelos, Michoacán, Colima y Estado de México.

A partir de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se sumará a la estrategia mediante su Programa de Aceleración del Empoderamiento de las Mujeres Rurales, reforzando la capacitación y fomentando la participación de las mujeres en la economía territorial y la producción sostenible.

Con estas acciones, Conapesca busca no solo incrementar la productividad acuícola, sino también fortalecer el rol de las mujeres rurales como motor de desarrollo económico y social en sus comunidades, reconociendo su papel clave en el sector agrícola y en la soberanía alimentaria de México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ejerció su facultad de vigilancia y suspendió las actividades de una universidad privada en Veracruz que ofrecía programas educativos en materia de salud sin contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) federal.

De acuerdo con la dependencia, solo la autoridad federal puede autorizar programas educativos relacionados con el área de la salud, por lo que la institución —identificada como la Universidad del Conde— incurrió en una violación a la normativa vigente.

El caso fue mencionado durante la conferencia matutina, donde la periodista Sandy Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones, expuso ante la presidenta Claudia Sheinbaum la situación de una persona que falleció tras someterse a una cirugía estética en Monterrey, presuntamente realizada por un médico que obtuvo su cédula profesional en 2024 tras estudiar en la citada universidad, aun cuando ésta ya no contaba con el RVOE desde 2023.

“¿Cómo pudo la SEP otorgarle una cédula profesional a un doctor de una escuela que ya no tenía RVOE? No suena lógico, porque esos registros fueron eliminados el año pasado”, cuestionó la comunicadora, al solicitar una investigación sobre el caso.
En respuesta, la presidenta Sheinbaum Pardo informó que se pedirá a la SEP y a la Secretaría de Salud una revisión integral de las instituciones que imparten programas relacionados con cirugía estética y de los procesos de expedición de cédulas profesionales.

“Vamos a pedirle a Salud y a la SEP que puedan hacer una revisión integral de todo lo que tiene que ver con este tipo de cirugías, muchas de ellas irregulares”, afirmó la mandataria.

Aguilera también planteó la necesidad de ampliar las plazas de especialización en cirugía general y cirugía plástica, ante lo cual Sheinbaum adelantó que el próximo martes el Gabinete de Salud presentará un informe sobre la formación y regulación de especialistas en estas áreas, así como la actualización de los registros oficiales (RVOE) de las instituciones que imparten programas en salud.

En respuesta, la presidenta Sheinbaum Pardo informó que se pedirá a la SEP y a la Secretaría de Salud una revisión integral de las instituciones que imparten programas relacionados con cirugía estética y de los procesos de expedición de cédulas profesionales.

“Vamos a pedirle a Salud y a la SEP que puedan hacer una revisión integral de todo lo que tiene que ver con este tipo de cirugías, muchas de ellas irregulares”, afirmó la mandataria.

Aguilera también planteó la necesidad de ampliar las plazas de especialización en cirugía general y cirugía plástica, ante lo cual Sheinbaum adelantó que el próximo martes el Gabinete de Salud presentará un informe sobre la formación y regulación de especialistas en estas áreas, así como la actualización de los registros oficiales (RVOE) de las instituciones que imparten programas en salud.

Raúl Arturo Ramírez Ramírez, ex titular de la 5ª Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó este sábado que próximamente dará a conocer su versión sobre las “atrocidades” que encontró en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, y que presuntamente era utilizado como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de su cuenta en la red social X, Ramírez Ramírez responsabilizó al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y a Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), de cualquier eventualidad que pudiera ocurrirle.

“En próximos días daré mi versión del rancho Izaguirre, de la atrocidad que ahí encontré. Hago responsable a Gertz y a Sara Irene Herrerías de lo que me pase”, escribió el ex funcionario.

La CNDH informó que Ramírez Ramírez fue removido de su cargo el 15 de mayo de 2025, derivado de varias denuncias presentadas por víctimas y colectivos, y que actualmente se encuentra bajo investigación por el Órgano Interno de Control.

En cuanto a la investigación del rancho Izaguirre, la CNDH aclaró que el caso se sigue desde el 13 de marzo de este año y que la 5ª Visitaduría no es la única encargada. El análisis se lleva a cabo mediante un grupo multidisciplinario, con participación de la Quinta y Sexta Visitadurías, así como de programas especializados como Personas Desaparecidas (PERDES), Contra la Trata de Personas (PECT) y Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos (PEAPPD), entre otros.

La Comisión enfatizó que su investigación es distinta a la que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), que se centra en delitos, mientras que la CNDH evalúa posibles violaciones a derechos humanos