La Secretaría de Marina (Semar) informó que personal naval llevó a cabo, entre octubre y noviembre, una serie de sobrevuelos y muestreos en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit y Guerrero como parte de las acciones para generar información precisa sobre cultivos de amapola en el país. Estas tareas forman parte del periodo de estudio 2025-2026, cuyo objetivo es calcular el rendimiento y la concentración de morfina en la goma de opio.

Las operaciones se desarrollaron de manera conjunta con la Sedena, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República y la UNODC, dentro del proyecto “Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Territorio Mexicano” (MEXK54). Este programa es la aportación mexicana al esquema global del Monitoreo de Cultivos Ilícitos (ICMP) de Naciones Unidas, con sede en Viena.

De acuerdo con Semar, el proyecto aplica una metodología “transparente, sólida y confiable”, lo que permite generar cifras reconocidas a nivel internacional y ofrecer datos más precisos sobre la producción de goma de opio en México. La institución agregó que el objetivo es seguir actualizando anualmente estas estimaciones y, a mediano plazo, implementar modelos de machine learning que mejoren todavía más el análisis y procesamiento de información.

La dependencia destacó que el monitoreo de la amapola en México se realiza actualmente exclusivamente a través del MEXK54, iniciativa que también apoya a países donde se registran sembradíos de enervantes, como los productores de hoja de coca en Colombia, Perú y Bolivia, los cultivos de amapola en Afganistán, Myanmar y México, además del seguimiento a la siembra de marihuana en Nigeria.

Semar subrayó que esta coordinación interinstitucional busca “obtener una mejor comprensión de los factores que infieren en la incidencia de la siembra de amapola”, lo cual consideran clave para impulsar estrategias que reduzcan su cultivo y favorezcan políticas de desarrollo integral y sostenible en las regiones afectadas.

Un ataque armado ocurrido en la zona centro de Veracruz cobró la vida de un bebé de un año, en un hecho que ha generado consternación en el municipio de Rafael Delgado y en la región de Orizaba.

Los hechos se registraron en la localidad de San José Jalapilla, minutos antes de la medianoche, cuando vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que activó la movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con reportes policiales preliminares, sujetos desconocidos habrían atado a un hombre durante la agresión y, en ese contexto, el menor resultó gravemente lesionado por un proyectil. El niño fue identificado como Ethan Zair “N”, originario de Orizaba.

Ante la gravedad de la situación, el bebé fue trasladado de emergencia en un vehículo particular a un hospital de la región. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas después en el Hospital Covadonga.

El dictamen del médico legista de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Orizaba, determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo, provocado por el impacto de un proyectil de arma de fuego.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad ni el paradero de los agresores, y la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

La tasa de desocupación en México se ubicó en 2.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) durante noviembre de 2025, lo que representa un ligero repunte frente a los registros del mismo mes del año anterior y de octubre pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el indicador avanzó desde el 2.6 por ciento observado tanto en noviembre de 2024 como en octubre de este año, aunque se mantuvo por debajo del nivel de 3 por ciento reportado en septiembre.

En términos absolutos, la población desocupada alcanzó 1.6 millones de personas, cifra que significó un incremento anual de 11 mil personas que buscaron empleo sin encontrarlo.

El Inegi detalló que la PEA sumó 61.5 millones de personas de 15 años y más durante el undécimo mes del año. Sin embargo, la tasa de participación económica se colocó en 59 por ciento, una reducción frente al 60 por ciento registrado en noviembre de 2024, lo que refleja una menor proporción de personas activas en el mercado laboral.

Dentro de este universo, la población ocupada fue de 59.8 millones de personas, lo que implicó una disminución de 163 mil trabajadores en comparación anual, de acuerdo con el informe del organismo autónomo.

En contraste, el número de personas subocupadas —aquellas que manifestaron tener necesidad y disponibilidad para laborar más horas— ascendió a 4.3 millones, equivalentes al 7.2 por ciento de la población ocupada. Esta cifra representa una mejora respecto a noviembre de 2024, cuando la tasa de subocupación se ubicó en 8.9 por ciento, es decir, cerca de un millón de personas más.

Por otro lado, la población no económicamente activa (PNEA) alcanzó 42.8 millones de personas, lo que representa 41 por ciento de la población de 15 años y más. De este grupo, 5.6 millones declararon estar disponibles para trabajar, aunque sin realizar acciones formales de búsqueda de empleo.

Informalidad y condiciones laborales

El reporte del Inegi también reveló que la informalidad laboral continúa siendo uno de los principales retos del mercado de trabajo en el país. En noviembre, la tasa de informalidad se situó en 54.8 por ciento, lo que equivale a 32.8 millones de personas laborando sin acceso pleno a seguridad social.

Asimismo, la ocupación en el sector informal sumó 17.5 millones de trabajadores, cifra que representa el 29.3 por ciento del total de la población ocupada.

En cuanto a la calidad del empleo, la tasa de condiciones críticas de ocupación —indicador que agrupa a personas con ingresos insuficientes y/o jornadas laborales inadecuadas— se elevó a 37.5 por ciento, superando el 34.5 por ciento registrado en noviembre de 2024, lo que evidencia un deterioro en las condiciones laborales para una parte importante de los trabajadores mexicanos.