A más de 15 años del operativo policial en San Salvador Atenco en 2006, México aún no ha fincado responsabilidades penales a mandos superiores, a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena investigar la cadena de mando en casos de violaciones graves a los derechos humanos.

En 2018, la Corte Interamericana resolvió el caso “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México”, donde determinó que se cometieron tortura sexual, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. La resolución estableció que el Estado debía investigar y sancionar a todos los responsables, incluidos los niveles superiores de decisión.

No obstante, hasta la fecha, las investigaciones se han centrado en mandos operativos, sin que existan procesos penales concluyentes contra altos funcionarios o información pública que detalle avances significativos en esa línea.

La actuación de autoridades de alto nivel, entre ellas el entonces procurador del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida, permanece bajo escrutinio. Documentos consultados por este medio revelan la existencia de carpetas de investigación relacionadas con posibles irregularidades en el uso del sistema de justicia en otros casos, incluso dirigidos a personas vulnerables, como adultos mayores.

Aunque estos documentos no constituyen por sí mismos determinaciones judiciales, sugieren posibles patrones de actuación institucional que podrían requerir investigación más profunda por parte de las autoridades competentes. Especialistas en derechos humanos advierten que la falta de investigación sobre la cadena de mando perpetúa la impunidad y refleja un problema estructural dentro de las instituciones de procuración de justicia.

Organizaciones civiles han señalado que el cumplimiento de la sentencia internacional sigue siendo parcial, especialmente en lo referente a la sanción de altos mandos. Los nuevos elementos documentales generan interrogantes sobre la continuidad de las investigaciones, el seguimiento de las carpetas existentes y la posible existencia de prácticas sistemáticas de uso indebido del sistema de justicia.

El caso Atenco continúa siendo un referente de violencia de Estado y de los desafíos que enfrenta México para cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La combinación de la sentencia internacional y la aparición de nuevos indicios vuelve a situar en el debate público la necesidad de garantizar justicia sin excepciones ni niveles intocables.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que fortaleció acciones coordinadas con autoridades de Estados Unidos para combatir una red vinculada con la operación ilícita de casinos en Tamaulipas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a seis sujetos —tres personas físicas y tres morales— relacionados con actividades en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, por su presunta vinculación con el Cártel del Noreste.

Investigación financiera

En el ámbito nacional, la UIF realizó análisis financieros, fiscales y corporativos de los involucrados, identificando la operación de establecimientos bajo una misma estructura empresarial.

Asimismo, detectó transferencias internacionales hacia distintas jurisdicciones, algunas consideradas de riesgo, así como inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados.

También se identificaron movimientos relevantes de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.

Posibles irregularidades

El informe señala posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias, así como operaciones financieras que no guardan proporción con los ingresos declarados.

Además, se detectaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el manejo de recursos de procedencia ilícita.

Acciones legales

Derivado de estos hallazgos, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos financieros.

De manera complementaria, la UIF compartió información con la Secretaría de Gobernación para proceder a la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.

Coordinación internacional

Las autoridades destacaron que estas acciones, tanto a nivel nacional como internacional, buscan fortalecer el control del sistema financiero, limitar el acceso a recursos y cerrar espacios utilizados para la dispersión de capitales ilícitos.

Finalmente, la Secretaría de Hacienda reiteró su compromiso de mantener la coordinación con instancias nacionales e internacionales, en apego a estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para prevenir el uso indebido del sistema financiero.

El promedio diario de homicidios dolosos en México registró una disminución de 41 por ciento respecto a diciembre de 2024, pasando de 86.9 a 51.4 por ciento en marzo de 2026, de acuerdo con datos del Gobierno federal.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), destacó que esta reducción equivale a 35 homicidios dolosos menos diarios que en septiembre de 2024.

De igual forma, indicó que el mes de marzo de este año es el más bajo en cuanto a este delito desde 2016.

Figueroa detalló que, en el mes anterior, siete entidades concentraron el 50.2 por ciento del total de los homicidios reportados:

Guanajuato

Chihuahua

Baja California

Morelos

Guerrero

Estado de México

Oaxaca

Bajan delitos de alto impacto en primer trimestre

El Gobierno también resaltó una disminución generalizada en delitos de alto impacto, en el primer trimestre de 2026, comparado con el mismo periodo de 2025 .

Entre ellos, el feminicidio (-14,9 %); lesiones dolosas por arma de fuego (-10,9 %); secuestro (-36 %); total de robos con violencia (-18,2 %); robo de vehículo con violencia (-27 %); robo a transportistas (-24,4 %); robo a transeúnte (-11,5 %); robo a negocio (-14,9 %) y la extorsión (-17,7 %).

La excepción fue el robo a viviendas que en el mismo periodo se elevó un 2,2 %.