Una empresa constituida hace apenas tres años y con experiencia documentada principalmente en labores de supervisión y asesoría técnica obtuvo, junto con otra compañía, un contrato por 837 millones 138 mil 946.15 pesos para realizar durante un año el mantenimiento de alrededor de 1,260 kilómetros de vías del Tren Maya.
De acuerdo con una ficha informativa sustentada en documentos corporativos y constancias del procedimiento de contratación, el 21 de julio de 2026, Tren Maya, S.A. de C.V. adjudicó el contrato TM-RMSG-MANTO-1-4/2026-OP-001 al consorcio integrado por HEMOSA Ingeniería, S.A. de C.V. y ASCH, S.A. de C.V.

El contrato, con una vigencia de 365 días y un monto que incluye IVA, contempla trabajos de inspección, vigilancia, mantenimiento y corrección de anomalías estructurales en vías comerciales, dobles, auxiliares y laderos correspondientes a los tramos 1, 2, 3 y 4.
Las labores abarcan el recorrido comprendido entre Palenque y Mérida Teya, así como el tramo de Mérida Teya al Aeropuerto de Cancún, por lo que se trata de una zona relevante para la operación de la infraestructura ferroviaria.

Una empresa constituida en 2023
Uno de los elementos que destaca en la documentación es la antigüedad de HEMOSA Ingeniería. La compañía fue constituida el 24 de febrero de 2023, mediante el instrumento notarial número 26,705, y quedó registrada ante el Registro Público de Comercio el 4 de mayo del mismo año.
La empresa inició operaciones con un capital social de 200 mil pesos. Su objeto social contempla de manera general actividades relacionadas con obras de infraestructura, aunque, de acuerdo con la ficha analizada, no establece de manera expresa una especialización en mantenimiento de vías férreas.
El administrador único de HEMOSA es Hedi Menjour, quien cuenta con facultades generales de administración, representación, actos de dominio y gestiones fiscales.

Los antecedentes documentados de la compañía dentro del Tren Maya se concentran principalmente en actividades realizadas entre marzo y diciembre de 2023, cuando participó mediante subcontratación en el Tramo 7, correspondiente a la zona de Bacalar-Escárcega.

Según la información proporcionada, esas labores estuvieron relacionadas principalmente con supervisión técnica, control de calidad, asesoría y elaboración de metodologías constructivas. La documentación citada cuestiona si dichos antecedentes son equiparables a la experiencia necesaria para ejecutar directamente trabajos de mantenimiento correctivo en vías ferroviarias en operación.

Diferencias entre documentos del procedimiento
Otro de los puntos señalados en la ficha es una aparente diferencia entre documentos correspondientes al proceso de licitación.
De acuerdo con el análisis, en el acta de presentación y apertura de proposiciones HEMOSA habría comparecido y entregado su propuesta técnica y económica de manera individual.
Sin embargo, en el acta de fallo la adjudicación aparece a favor de HEMOSA en participación conjunta con ASCH, S.A. de C.V.

La diferencia deberá ser aclarada por Tren Maya, S.A. de C.V., particularmente para determinar si la participación conjunta estaba prevista desde el inicio del procedimiento, si el convenio correspondiente fue presentado oportunamente y si la integración del consorcio cumplió con las condiciones establecidas en la convocatoria.

La sola diferencia entre los documentos no determina por sí misma una irregularidad, pero constituye un elemento que puede ser revisado dentro del expediente de contratación.
Cuestionamientos sobre capacidad técnica
La documentación también refiere observaciones relacionadas con aspectos como experiencia especializada, disponibilidad de mano de obra calificada, cumplimiento contractual y maquinaria.

Pese a esas observaciones, el consorcio obtuvo la adjudicación del contrato. La ficha sostiene que la evaluación económica y la ponderación de costos tuvieron un peso relevante en el resultado final.
El cambio en el tipo de responsabilidad asumida por HEMOSA es uno de los aspectos que genera mayor interés en el caso: de participar en actividades de supervisión y consultoría técnica durante 2023, la empresa pasó a formar parte del consorcio encargado del mantenimiento físico y correctivo de aproximadamente 1,260 kilómetros de vías.

La documentación disponible no establece por sí misma que la compañía carezca de capacidad para ejecutar los trabajos, pero plantea interrogantes sobre la experiencia específicamente acreditada para una tarea de esta magnitud y sobre los recursos técnicos, humanos y materiales comprometidos en la propuesta.
Solicitan revisar la adjudicación
Por el monto del contrato y la relevancia de la infraestructura involucrada, los elementos señalados han generado llamados para que el procedimiento sea revisado por las instancias correspondientes.

Entre los aspectos que podrían ser examinados se encuentran la experiencia acreditada por las empresas, disponibilidad de maquinaria, plantilla de especialistas, capacidad operativa y documentación relacionada con la integración del consorcio.
También resulta relevante determinar si las condiciones establecidas en la convocatoria fueron cumplidas en su totalidad y si la participación de ASCH quedó debidamente sustentada desde las etapas iniciales del procedimiento.

En este contexto, podrían intervenir instancias como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, conforme a sus respectivas atribuciones y a partir de la documentación que integra el expediente.
El mantenimiento de las vías constituye una actividad fundamental para la operación del Tren Maya, debido a que las labores de inspección, conservación y corrección de anomalías están directamente relacionadas con la infraestructura utilizada por los trenes.

Los señalamientos contenidos en la ficha informativa no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad administrativa o legal. Sin embargo, las diferencias documentales y los cuestionamientos sobre la experiencia y capacidad técnica acreditadas pueden ser objeto de una revisión formal que permita determinar si la adjudicación se realizó conforme a las reglas del procedimiento y si el consorcio cuenta con los recursos necesarios para cumplir con un contrato superior a los 837 millones de pesos.

El aseguramiento de 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de cuatro millones de dosis, en un inmueble vinculado con “Los Rusos” colocó nuevamente a esta organización en el centro de la atención de las autoridades en Mexicali, Baja California. El operativo, realizado el 20 de agosto con información proporcionada por la DEA, incluyó también el decomiso de un arma y vehículos. 

Cinco días después, el 25 de agosto, Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para Mexicali y suspendió temporalmente actividades consulares en la ciudad debido a una “amenaza potencial”. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la información había sido proporcionada por agencias estadounidenses, aunque señaló que hasta ese momento no se había confirmado una amenaza específica. 

¿Quiénes son “Los Rusos”?

“Los Rusos” son identificados como una estructura vinculada al Cártel de Sinaloa, históricamente relacionada con la organización de Ismael “El Mayo” Zambada y actualmente ubicada por autoridades estadounidenses dentro de la facción conocida como “La Mayiza”.

El nombre del grupo no hace referencia a ciudadanos de Rusia. De acuerdo con la información proporcionada, deriva del alias de su presunto fundador y dirigente, Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, quien también utilizaría el nombre de Jesús Alexandro Sánchez Félix.

Ponce Félix es buscado por autoridades estadounidenses por presunta importación y distribución de drogas y lavado de dinero. El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena, según los datos proporcionados.

Una estructura con presencia fronteriza

La principal zona de influencia atribuida a “Los Rusos” comprende Mexicali, el Valle de Mexicali y la franja que conecta con San Luis Río Colorado, Sonora, y el Valle Imperial, California.

Esta ubicación es considerada estratégica para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. A la organización se le atribuyen actividades relacionadas con fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas, además de homicidios, desapariciones, fosas clandestinas, narcomenudeo y enfrentamientos con grupos rivales.

Su principal disputa ha sido con células vinculadas a “Los Chapitos”, particularmente por el control del Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado.

En noviembre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 48 personas de formar parte de una red asentada en Mexicali y el Valle Imperial, señalada por sus vínculos con “Los Rusos”, a quienes describió como una facción significativa y violenta del Cártel de Sinaloa.

El decomiso de más de cuatro millones de dosis

El operativo del 20 de agosto se realizó en un inmueble relacionado con “Los Rusos”, luego de un intercambio de información con la DEA y trabajos de inteligencia e investigación de autoridades mexicanas. En el sitio fueron asegurados los 120 kilos de pastillas de fentanilo, además de un arma y vehículos. 

El volumen de droga asegurado fue presentado por las autoridades como equivalente a más de cuatro millones de dosis, lo que convirtió el decomiso en uno de los principales elementos recientes dentro de las acciones contra esta estructura en Mexicali. 

La alerta de Estados Unidos

La alerta emitida el 25 de agosto ocurrió después de ese operativo. Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales en Mexicali y permanecer atentos ante la posibilidad de una amenaza.

Versiones periodísticas atribuyeron la alerta a la supuesta interceptación de comunicaciones en las que integrantes de “Los Rusos” habrían contemplado ataques contra instalaciones de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada oficialmente, por lo que debe manejarse como una información no corroborada. 

El contexto también incluye investigaciones recientes de la Fiscalía de Baja California, que ha relacionado a presuntos integrantes de esta organización con homicidios y fosas clandestinas en el poblado Miguel Alemán. En junio de 2026, la institución vinculó a “El Rodillas” con víctimas localizadas en ese sitio.

Así, “Los Rusos” aparecen en los datos disponibles no como una agrupación menor de alcance local, sino como una estructura criminal con presencia en una zona fronteriza estratégica, vinculada al tráfico de drogas y a disputas por el control territorial. Al mismo tiempo, aunque la alerta estadounidense se produjo después de los recientes operativos, las autoridades no han confirmado públicamente que exista un plan concreto de ataque por parte de esta organización.

Los movimientos de dos aeronaves privadas volvieron a poner bajo la lupa la relación política entre la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y Jorge Emilio González Martínez, figura central del Partido Verde, justo cuando comienza a calentarse la carrera por la sucesión estatal de 2027.

Una investigación difundida este lunes documentó al menos 97 vuelos privados realizados por Lezama desde su etapa como presidenta municipal de Benito Juárez y durante su actual administración. Entre las aeronaves identificadas aparecen un Learjet 31A, con matrícula XA-UMV, operado por Servicios Aéreos Dandy, y un Gulfstream G280, matrícula XA-BAT, operado por Redwings.

Parte de los desplazamientos fue reconstruida mediante registros aeroportuarios y datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El detalle que ha llamado especialmente la atención es que ambos aviones también aparecen relacionados con actividades de Jorge Emilio González.

El caso del XA-UMV no es nuevo. En octubre de 2022, el llamado “Niño Verde” abordó esa aeronave para viajar de Cancún a San Antonio, Texas, donde fue sometido a una revisión e interrogatorio por autoridades estadounidenses. En esa ciudad, además, su familia mantiene vínculos patrimoniales y su padre, Jorge González Torres, tiene domicilio.

El segundo avión, el Gulfstream G280 XA-BAT, resulta todavía más llamativo. Se trata de una aeronave relativamente nueva, serie 2301, anteriormente registrada en Estados Unidos como N203GA y vinculada al empresario y político verde. Su operador solicitó a FlightAware que sus movimientos no fueran visibles públicamente, una medida que, aunque limita el seguimiento, no impidió que quedaran rastros suficientes para reconstruir parte de sus recorridos.

Tan sólo entre febrero y marzo de este año se identificaron al menos 21 vuelos. En febrero, la aeronave cubrió rutas como Cancún-Brownsville-San Antonio, San Antonio-Toluca, Toluca-Cancún y diversos trayectos entre Cancún, Cozumel, Toluca y Laredo.

Durante marzo, el avión cambió de rumbo y realizó varios desplazamientos hacia Baja California Sur. Entre ellos aparecen rutas de Toluca a Los Cabos, regresos a Cancún y vuelos entre Los Cabos y La Paz, además de conexiones de vuelta con Toluca. La información disponible es parcial debido al bloqueo solicitado para impedir el seguimiento público de la aeronave.

Las rutas también despiertan interés por los vínculos políticos y económicos de Jorge Emilio González. San Antonio mantiene una relación con su entorno familiar, mientras que Los Cabos y La Paz forman parte de una zona donde el político y empresario tiene propiedades e intereses vinculados con un proyecto en Sierra La Laguna.

Y aquí aparece otro punto que no pasa desapercibido: el costo. Un Gulfstream G280 usado puede rondar los 18 millones de dólares, mientras que su operación puede acercarse a los 8 mil dólares por hora. El Learjet 31A es considerablemente más antiguo, pero operar una aeronave de ese tipo también puede superar los 4 mil dólares por hora. Son cifras que difícilmente pasan inadvertidas en un gobierno que, al menos en el discurso, ha colocado la austeridad como uno de sus principales banderines.

Por ello, una de las preguntas centrales recae sobre Mara Lezama: quién pagó esos vuelos y bajo qué esquema. Si los traslados no fueron cubiertos con recursos públicos, también sería relevante conocer qué persona o empresa asumió los gastos, qué relación mantiene con la gobernadora y cuál fue el motivo de cada viaje. De igual manera, queda pendiente separar los desplazamientos oficiales de aquellos de carácter personal.

El tema llega, además, en un momento especialmente sensible para Jorge Emilio González. Su grupo político enfrenta presión luego de que Raúl Piña Horta, identificado como amigo personal y uno de sus principales operadores, fuera señalado e investigado por una presunta red de extorsión en el Estado de México. Ahora, el episodio de los aviones abre un nuevo frente precisamente en Quintana Roo, uno de los estados donde el Partido Verde ha construido una importante estructura de poder.

En medio de ese entramado aparece Eugenio “Gino” Segura, senador de Morena y exsecretario de Finanzas durante la administración de Lezama. El legislador se perfila como uno de los aspirantes a suceder a la gobernadora y, al mismo tiempo, cuenta con el respaldo político del grupo de Jorge Emilio. El vínculo entre ambos no es solamente político: los dos estuvieron presentes como testigos en la boda de Segura.

Así, mientras Morena y el Verde mantienen formalmente sus propias identidades partidistas, en la carrera por 2027 las líneas parecen hacerse cada vez más delgadas. Mara Lezama busca mantener capacidad de decisión sobre la sucesión, Jorge Emilio González pretende conservar la influencia que ha acumulado durante años y Gino Segura aparece como un punto de encuentro entre ambos grupos.

También ponen bajo la lupa programas sociales

A este escenario se suman señalamientos internos sobre el presunto uso político de programas de la Secretaría del Bienestar de Quintana Roo con miras a las elecciones de 2027.

Las versiones apuntan principalmente a los programas Mujer es Poder y Comemos Tod@s, donde se cuestionan nuevas incorporaciones a padrones, entrega de tarjetas y movilización territorial de servidores públicos. Los señalamientos, de acuerdo con la información difundida, provienen de distintas áreas de la estructura gubernamental.

Los cuestionamientos alcanzan a municipios como Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. Entre los nombres mencionados aparecen funcionarios y operadores como Guillermo Daniel Domínguez Alfaro, Silverio Cupul, Jhony Joel Díaz Canul, Ileana Pool, Gabriela Briceño, María Paula Medina y Jaime Torres.

En el centro de estas acusaciones se encuentra Alberto Ignacio Perera Medina, quien asumió la conducción de Bienestar tras la salida de Pablo Bustamante y a quien las versiones atribuyen un papel relevante en la distribución de apoyos hacia determinadas estructuras políticas.

Actualmente, Mujer es Poder atiende a unas 50 mil mujeres y el gobierno estatal ha planteado elevar esa cifra a 60 mil durante 2026. Ante las sospechas, uno de los puntos que permitiría comprobar o descartar un posible uso electoral sería conocer cómo se distribuyen las altas, en qué municipios y secciones se concentran y bajo qué criterios se autorizan los apoyos.

Lo mismo tendría que transparentarse en Comemos Tod@s, especialmente en un momento en el que la sucesión de Quintana Roo comienza a ocupar buena parte de la agenda política.

Gino Segura busca consolidarse como una de las cartas de Morena para 2027, mientras que el Verde intenta preservar el peso que ha ganado en el estado. De ahí que la discusión no sólo gire en torno a los vuelos privados, sino también al uso de recursos y programas públicos.

Por ahora, las preguntas están sobre la mesa y las explicaciones corresponden a las autoridades involucradas. Transparentar los vuelos, sus pagadores, sus motivos y los criterios de operación de los programas sociales permitiría despejar dudas. De lo contrario, en Quintana Roo la sombra de la sucesión de 2027 seguirá extendiéndose sobre cada movimiento político.