El empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami, Florida, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a presuntas irregularidades en su estancia legal en Estados Unidos, confirmaron fuentes oficiales.

De acuerdo con los registros del ICE, el empresario se encuentra recluido en el Centro de Procesamiento Krome North, una instalación migratoria ubicada al oeste de Miami, donde permanecerá bajo custodia mientras se determina su situación legal.

Aunque su detención no fue producto de la orden de aprehensión girada en México, las autoridades estadounidenses podrían proceder a su deportación si se confirma que su residencia en el país es irregular o si se activa una ficha roja de Interpol, vigente desde 2021.

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Álvarez Puga y a Gómez Mont de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, delitos presuntamente cometidos a través de una red de empresas fantasma que habrían simulado contratos públicos para desviar recursos federales por más de 3 mil millones de pesos.

Las investigaciones de la FGR apuntan a que el esquema operó entre 2012 y 2018, cuando se realizaron contrataciones con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), entonces bajo la titularidad de Miguel Ángel Osorio Chong.

Según las diligencias, el grupo encabezado por Álvarez Puga utilizaba facturas falsas y comprobantes fiscales digitales para justificar operaciones inexistentes y encubrir el desvío de recursos públicos.

La pareja permanecía prófuga desde septiembre de 2021, cuando un juez federal giró órdenes de aprehensión en su contra. Hasta el momento, Inés Gómez Mont continúa sin ser localizada, mientras que el proceso de Álvarez Puga en Estados Unidos se mantiene en revisión migratoria.

El caso ha generado amplia atención pública tanto en México como en Estados Unidos, por la combinación de elementos de corrupción, evasión fiscal y celebridad mediática, que han mantenido a la pareja bajo el escrutinio judicial y social desde hace más de cuatro años.

El sistema agrícola tradicional Metepantle, practicado en comunidades del estado de Tlaxcala, fue reconocido oficialmente como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), convirtiéndose en el tercer sitio mexicano con esta distinción, junto a las chinampas de Xochimilco y la milpa maya de Yucatán.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que el reconocimiento internacional destaca la contribución del Metepantle a la seguridad alimentaria, la conservación del suelo y el uso sostenible del agua, además de su valor cultural como sistema que ha perdurado por más de tres milenios gracias al conocimiento campesino.

Durante la ceremonia, encabezada por el director general de la FAO, Qu Dongyu, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, se subrayó que este modelo de terrazas agrícolas representa una práctica ejemplar frente al cambio climático y un símbolo de la soberanía alimentaria del país.

“El Metepantle es historia viva y un ejemplo de cómo la sabiduría ancestral puede guiar la agricultura del futuro”, señaló Berdegué Sacristán, al destacar que 194 países miembros de la FAO avalaron la designación.

La gobernadora Cuéllar Cisneros reconoció el esfuerzo de las comunidades campesinas que mantienen viva esta práctica y anunció nuevos apoyos estatales para fortalecer la producción en la zona de Álvaro Obregón, municipio de Españita.

Con esta designación, México suma tres sistemas reconocidos dentro del Programa SIPAM, iniciativa global de la FAO que protege paisajes agrícolas tradicionales y promueve el intercambio de conocimientos sostenibles entre comunidades rurales de 28 países.

Tanto la FAO como la Secretaría de Agricultura reiteraron su compromiso de impulsar políticas públicas que fortalezcan los sistemas agroalimentarios tradicionales del país y promuevan una agricultura más resiliente, inclusiva y sostenible.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) determinó extender hasta el 10 de noviembre la veda para todas las especies de camarón en aguas marinas del Golfo de México, una medida que busca preservar los ecosistemas y garantizar la recuperación de las poblaciones del crustáceo antes del inicio de la próxima temporada de captura.

La restricción, vigente desde el 1 de mayo, se mantiene sobre la franja costera que abarca desde la frontera con Estados Unidos, en Tamaulipas, hasta la desembocadura del río Coatzacoalcos, en Veracruz, y forma parte de las acciones de manejo sustentable impulsadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

De acuerdo con la dependencia, la decisión se basa en la opinión técnica del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), el cual recomendó prolongar el periodo de veda para permitir el adecuado crecimiento y reproducción de las especies comerciales más importantes de la región.

Medida sustentada en criterios científicos

El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 24 de octubre, establece que la ampliación responde a criterios biológicos y ambientales que apuntan a mantener la rentabilidad del sector pesquero sin comprometer el equilibrio natural de las costas del Golfo.

La Conapesca detalló que las vedas son instrumentos esenciales para regular la pesca y asegurar la disponibilidad de los recursos a largo plazo. Además, reiteró que la reanudación de las actividades deberá realizarse conforme a las condiciones establecidas en el nuevo calendario oficial, una vez concluido el periodo de protección.

Vigilancia y denuncias

Como parte de las medidas de control, la Conapesca mantiene operativo su sistema de denuncia ciudadana para reportar pesca ilegal o malas prácticas, disponible las 24 horas del día, durante todo el año, en el número telefónico 669 915 6913.

El organismo recordó que la colaboración de los pescadores, cooperativas y comunidades costeras es clave para el cumplimiento de la normativa y para asegurar el aprovechamiento responsable de los recursos marinos.