La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno avanza en la consolidación de un acuerdo de colaboración energética entre Pemex y Petrobras, el cual podría formalizarse durante una próxima visita oficial a Brasil.

La mandataria señaló que el objetivo es concretar un entendimiento con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en materia de cooperación energética, especialmente en áreas estratégicas como exploración, producción y transformación de crudo.

AVANZAN NEGOCIACIONES TÉCNICAS

Sheinbaum detalló que, como parte de este proceso, a mediados de mayo se espera la visita a México de un equipo técnico de Petrobras, el cual trabajará en conjunto con especialistas de Pemex para analizar posibles proyectos de colaboración.

Entre los temas que serán revisados se encuentran la producción petrolera, la exploración de nuevos yacimientos, la refinación y el desarrollo de biocombustibles, un sector que ha cobrado relevancia en la transición energética global.

“Estamos definiendo la fecha para poder establecer este entendimiento. La idea es ir a Brasil, firmar el acuerdo y regresar el mismo día”, explicó la presidenta.

COOPERACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL

Días antes, la mandataria sostuvo un encuentro con directivos de la petrolera brasileña, en el que se sentaron las bases de esta posible alianza estratégica. El objetivo, señaló, es fortalecer la cooperación entre ambas empresas estatales y aprovechar la experiencia de Petrobras en áreas clave del sector energético.

Este acercamiento forma parte de una estrategia más amplia para impulsar la colaboración internacional y fortalecer la industria petrolera mexicana, en un contexto donde la innovación tecnológica y la diversificación energética son factores determinantes.

De concretarse, el acuerdo entre Pemex y Petrobras marcaría un paso importante en la relación bilateral entre México y Brasil, así como en el desarrollo de proyectos conjuntos en el ámbito energético de la región.

La Embajada de Estados Unidos en México respaldó este miércoles la acusación presentada en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios implicados en una presunta conspiración con líderes del Cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos.

En un comunicado, la representación diplomática subrayó que, aunque no puede pronunciarse sobre los detalles del caso ni sobre las imputaciones específicas, Estados Unidos investigará y castigará la corrupción ligada al crimen organizado cuando tenga “jurisdicción”.

Además, destacó que combatir la corrupción y la delincuencia transnacional es una “prioridad compartida” entre México y Estados Unidos, por lo que ambos países mantienen el compromiso de fortalecer la transparencia, aplicar las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho.

“La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, sostuvo la Embajada.

Asimismo, reiteró que Washington continuará colaborando con autoridades mexicanas para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad en ambos países, bajo una relación basada en la “confianza mutua y la responsabilidad compartida”.

La reacción de la Embajada ocurre luego de que el Departamento de Justicia de EE.UU. informara de una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los vincula con el Cartel de Sinaloa y, en particular, con la facción de Los Chapitos.

Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitando información sensible y permitido el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.

La acusación se produce en un contexto de prolongada crisis de violencia en Sinaloa, derivada de la pugna interna del Cartel de Sinaloa tras la detención en julio de 2024 de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos, después de que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, lo entregara a autoridades estadounidenses.

El gobierno de Estados Unidos autorizó a CIBanco, institución previamente sancionada por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles, realizar transferencias financieras con el objetivo de completar su proceso de liquidación en México.

La medida fue emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, que ajustó las restricciones impuestas al banco para permitirle concluir de manera ordenada el cierre de sus operaciones.

Permiten operaciones para cierre ordenado

La decisión se da luego de que las autoridades estadounidenses bloquearan el acceso de CIBanco al sistema financiero de ese país, tras determinar que la institución facilitó el lavado de recursos provenientes del tráfico de opioides.

Ante este escenario, el gobierno de México asumió el control del proceso, con el fin de evitar afectaciones mayores al sistema financiero nacional y garantizar una liquidación supervisada.

Con la autorización, CIBanco podrá realizar transferencias necesarias para vender sus activos, cubrir adeudos y distribuir recursos conforme a la normativa vigente.

Compromiso bilateral contra el lavado de dinero

El Departamento del Tesoro destacó que esta resolución forma parte de la cooperación entre ambos países para combatir las operaciones financieras ilícitas.

“Esta resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México para proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan”, señaló la dependencia en un posicionamiento oficial.

Supervisión y cierre definitivo

El proceso contempla el cierre definitivo de la institución financiera, bajo supervisión de autoridades mexicanas, quienes deberán garantizar la transparencia en la venta de activos y el cumplimiento de obligaciones con clientes y acreedores.

Este caso se suma a las acciones internacionales para reforzar los controles contra el lavado de dinero y limitar el uso del sistema bancario por parte de organizaciones criminales.