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Harfuch promete justicia tras el asesinato de Cecilia Ruvalcaba; lanzan operativo especial

La Fiscalía de Jalisco y analistas apuntan a una pugna entre cárteles en la región: el CJNG y células del Cártel de Sinaloa se disputan rutas y plazas clave en Los Altos de Jalisco.

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La regidora municipal y jefa de enfermería del Hospital Comunitario fue ejecutada la madrugada del 9 de mayo por un comando encapuchado. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ordenó despliegues especiales e inteligencia tras el crimen, y advirtió en redes: “Si matan a quienes curan y legislan… ¿a quién le queda fe en el Estado?”.

Tres sujetos armados y encapuchados irrumpieron en la sala de enfermería del Hospital Comunitario de Teocaltiche durante la madrugada del 9 de mayo de 2025. Los agresores amagaron al personal médico y dispararon directamente contra Cecilia Ruvalcaba Mercado, quien laboraba en ese turno como jefa de enfermeras.

Ruvalcaba, de 45 años y regidora municipal por Movimiento Ciudadano, recibió al menos dos disparos mortales y falleció en el lugar. Los atacantes huyeron antes de la llegada de la policía; en la escena se hallaron varios casquillos percutidos.

Cecilia Ruvalcaba era enfermera de profesión y figura pública reconocida en el municipio. Era licenciada en Enfermería y Obstetricia, además de excandidata a la presidencia municipal de Teocaltiche por MC en las elecciones recientes. En los comicios de 2024, se registró como candidata a alcaldesa, pero fue derrotada por la priísta Silvia Margarita Villalobos.

Según reportes periodísticos, Ruvalcaba había denunciado públicamente supuestas irregularidades en la administración local y en obras sociales del municipio. Su asesinato ha elevado la presión sobre las autoridades ante un panorama de corrupción e impunidad local.

El homicidio ocurrió en un contexto de violencia extrema en Teocaltiche y Jalisco. Con la muerte de Ruvalcaba, asciende a nueve el número de funcionarios municipales ejecutados en ese municipio solo en lo que va de 2025. Tres semanas antes, el secretario general del ayuntamiento, José Luis Pereida, fue asesinado a balazos en un restaurante local; otros policías y mandos han sido atacados o desaparecidos en meses recientes.

La Fiscalía de Jalisco y analistas apuntan a una pugna entre cárteles en la región: el CJNG y células del Cártel de Sinaloa se disputan rutas y plazas clave en Los Altos de Jalisco. Teocaltiche ha sido descrito como “un pueblo marcado en sangre por la violencia”, territorio controlado por el CJNG, «una de las organizaciones criminales más sádicas de México» que mantiene al municipio en un estado permanente de sitio y terror.

La noticia conmocionó al ámbito político y social. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, lamentó el crimen, calificando a Ruvalcaba como “una mujer ejemplar que dedicaba su vida a cuidar a los demás”. Lemus prometió que “trabajamos todos los órdenes de gobierno” para pacificar Teocaltiche, aunque reconoció que la violencia sigue “pendiente” de solución.

Desde las filas de Movimiento Ciudadano, líderes estatales expresaron «horror e indignación». Jorge Álvarez Máynez, exaspirante presidencial de MC, condenó el asesinato y advirtió que no se puede normalizar la expansión del crimen organizado. La dirigencia estatal del partido exigió una investigación pronta y pidió no ceder ante el miedo, subrayando que el caso no debe quedar impune.

En redes sociales y en Teocaltiche misma, ciudadanos y compañeros de hospital han colocado veladoras y carteles exigiendo justicia.

A nivel federal, la Secretaría de Seguridad, a cargo de Omar García Harfuch, reaccionó con operativos en la zona. En coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército, se reforzó la vigilancia en Teocaltiche, donde desde febrero las fuerzas federales habían asumido el mando ante la ola de violencia. Harfuch ordenó labores de inteligencia de campo para esclarecer el crimen y hallar a los responsables. Su declaración pública subrayó la gravedad del hecho: “Si matan a quienes curan y legislan… ¿a quién le queda fe en el Estado?”.

Esta frase fue interpretada como un llamado de alerta ante la escalada de ataques a servidores públicos. Por su parte, la Presidencia de la República reiteró que no se negociará con la delincuencia y prometió mayor apoyo interinstitucional en regiones conflictivas.

El brutal asesinato de Cecilia Ruvalcaba encendió nuevamente el debate sobre la inseguridad en México. Mientras autoridades estatales y federales despliegan recursos, líderes políticos y organizaciones civiles exigen respuestas y garantías de seguridad. Este caso ha trascendido fronteras, pues medios internacionales recuerdan que apenas días antes otro alcalde había sido asesinado en Veracruz, evidenciando la violencia generalizada que golpea a servidores públicos en el país.

En Teocaltiche, la tensión continúa; vecinos temen nuevas represalias y la pregunta de muchos ciudadanos es si las medidas gubernamentales serán suficientes para recuperar la paz en un municipio asediado por el crimen organizado.

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Gobierno federal reporta golpes simultáneos al crimen organizado en 11 estados del país

De acuerdo con la información oficial, los aseguramientos representan afectaciones millonarias a diversas estructuras criminales.

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El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este martes sobre una serie de operativos realizados en diversas entidades del país, donde se concretaron detenciones, cateos y aseguramientos de drogas, armas y equipo táctico, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Las acciones, ejecutadas por fuerzas federales, estatales y municipales, se llevaron a cabo en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tabasco. De acuerdo con la información oficial, los aseguramientos representan afectaciones millonarias a diversas estructuras criminales.

Golpe al tráfico de fentanilo en Baja California

En Tijuana, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República (FGR) catearon dos inmuebles, donde detuvieron a cinco personas y aseguraron armas cortas y largas, cargadores, cartuchos y nueve kilos de fentanilo, así como 330 pastillas del mismo opiáceo.
Las autoridades estimaron que el valor de la droga decomisada asciende a 66 millones de pesos.

Detenciones y arsenal asegurado en Chihuahua

En Aldama, fuerzas federales detuvieron a 11 personas a quienes les decomisaron dos rifles de asalto, tres ametralladoras, dos fusiles Barret calibre .50, 111 cargadores, una granada, nueve artefactos explosivos improvisados, miles de cartuchos, vehículos y chalecos tácticos.

Operativos en Guanajuato, Jalisco y Michoacán

En Irapuato, se cateó un inmueble donde fueron aseguradas armas largas y cortas, cartuchos, marihuana y chalecos tácticos.

Mientras tanto, en Arandas, Jalisco, la FGR confiscó 15 vehículos de alta gama, equipo táctico, cartuchos, cargadores e incluso 10 caballos y un reptil.

En Morelia, se interceptaron dos paquetes en una empresa de paquetería con cinco kilos de metanfetamina.

Erradicación de plantíos y precursores químicos

En Ixtlán del Río, Nayarit, personal de la Marina destruyó alrededor de 90 mil plantas de marihuana en un terreno de 7,500 metros cuadrados.

En Culiacán, Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a tres hombres con precursores químicos, tabletas de fentanilo y equipo para procesar droga sintética.
Además, en Escuinapa y Navolato se aseguraron armas largas, cartuchos, explosivos y equipo táctico.

La Secretaría de la Defensa Nacional también informó sobre la inhabilitación de 12 áreas de producción de drogas sintéticas en la zona serrana de Sinaloa, donde se aseguraron más de 13 mil litros y 300 kilos de sustancias químicas, maquinaria especializada y una mezcladora industrial. La afectación económica estimada para las organizaciones criminales es de 271 millones de pesos.

Resultados en Tabasco y Nuevo León

En municipios de Tabasco —entre ellos Teapa, Huimanguillo, Centro y Cárdenas— así como en Monterrey, Nuevo León, se realizaron 13 acciones operativas que derivaron en la detención de 10 personas, la localización de una persona desaparecida y el aseguramiento de un vehículo y diversos objetos balísticos.

Combate al huachicol

En Coahuila, un cateo realizado por la FGR, Guardia Nacional y Ejército Mexicano permitió asegurar casi 40 mil litros de gasolina en una gasolinera, además de dos bombas despachadoras y dinero en efectivo.

En Degollado, Jalisco, elementos castrenses y personal de Pemex localizaron cuatro tomas clandestinas y decomisaron 34,500 litros de gasolina, 13 contenedores y más de 2,700 metros de manguera de alta presión.

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FGR incorpora a David Boone y Ulises Lara a importantes cargos en Fiscalía

Esta área tiene, entre sus atribuciones, la designación de los titulares de las delegaciones de la FGR en todo el país.

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La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la incorporación de David Boone de la Garza y Ulises Lara López a cargos estratégicos dentro de la institución, en un movimiento que fortalece el equipo de colaboradores de la titular, Ernestina Godoy Ramos.

Boone de la Garza, quien se desempeñaba como titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), asumirá la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor). Esta área tiene, entre sus atribuciones, la designación de los titulares de las delegaciones de la FGR en todo el país.

Graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, Boone de la Garza fue también secretario particular del entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, y es considerado uno de los colaboradores cercanos de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal. Sustituirá a Germán Adolfo Castillo Banuet en la Fecor, según fuentes de la FGR.

Por su parte, Ulises Lara López, quien fue delegado de la FGR en Morelos y encargado de despacho en la Fiscalía capitalina, ocupará la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc). Este cargo lo faculta para asumir temporalmente la dirección de la FGR en calidad de encargado de despacho, como ocurrió recientemente con Ernestina Godoy tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Con estos nombramientos, la FGR refuerza su estructura ministerial y asegura continuidad en la supervisión de sus delegaciones y fiscalías especializadas, consolidando la estrategia de trabajo de la titular.

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Denuncian presunta extorsión de funcionario de la SSPC a empresas de seguridad privada

De acuerdo con la denuncia, Martínez Garza habría condicionado la liberación de trámites a pagos indebidos y retrasado procedimientos durante meses cuando las empresas de seguridad privada no acceden a sus demandas.

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Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó una denuncia contra Enrique Martínez Garza, Director General de Seguridad Privada adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, por presuntas prácticas de extorsión.

De acuerdo con la denuncia, Martínez Garza habría condicionado la liberación de trámites a pagos indebidos y retrasado procedimientos durante meses cuando las empresas de seguridad privada no acceden a sus demandas.

Estas demoras podrían afectar ingresos públicos estimados en hasta 1,500 millones de pesos al año.

Además, empresas y clubes de tiro señalaron que el funcionario exigía la entrega física de registros de armamento, pese a que la Ley Federal de Seguridad Privada establece que deben enviarse de manera digital por su carácter confidencial. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala que la SEDENA es la única autoridad facultada para recibir dichos registros.

La denuncia también menciona una supuesta relación de Martínez Garza con Raymundo Collins, así como la posibilidad de que funcione como su presunto prestanombres, situación que incrementaría la desconfianza en el sector, dado que Collins enfrenta acusaciones por uso ilegal de atribuciones y enriquecimiento ilícito.

Otro punto señalado es que Martínez Garza ocupa simultáneamente dos cargos dentro de la SSPC: Director General de Seguridad Privada y encargado de despacho de Inspección Policial. Esto le permitiría portar armas y disponer de escoltas, lo que genera cuestionamientos sobre la legalidad de su dualidad administrativa.

En un contexto relacionado, hace unos días la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Raúl Rocha, propietario de Miss Universo, por presunto “huachicol” y tráfico de armas. La investigación apunta a un entramado de empresas privadas utilizadas para adquirir, transportar y rematricular armamento, destinado supuestamente a abastecer a grupos delictivos como el Cártel del Golfo en Tamaulipas y el grupo Sombra en Veracruz. El armamento contaba con registros oficiales del Ejército, lo que permitía su circulación con apariencia legal en el país.

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