El Gobierno federal presentó un nuevo Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco, un esquema que busca dar mayor certidumbre a productores, compradores y comercializadores mediante contratos anticipados, precios de referencia e insumos con costos regulados.

La estrategia, denominada “Precio Justo”, beneficiará a 61 mil productores del país y abarcará alrededor de 705 mil hectáreas, con una proyección de producción de 7 millones de toneladas de maíz blanco.

El acuerdo fue firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto con representantes de productores, proveedores de insumos, compradores e integrantes de la industria vinculada al maíz.

Cómo funcionará el nuevo sistema

La secretaria de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, explicó que el modelo operará mediante tres componentes principales.

El primero será la comercialización anticipada por contrato, con el objetivo de que productores puedan acordar previamente condiciones de venta y reducir riesgos asociados a cambios en el mercado.

El segundo componente contempla la venta de insumos a precio justo, mientras que el tercero establece mecanismos de protección para el maíz blanco y su precio frente a variaciones externas.

De acuerdo con las autoridades, el sistema pretende estabilizar el mercado nacional y mejorar las condiciones de rentabilidad para pequeños y medianos productores.

Crearán padrón y plataforma de vinculación

Como parte del acuerdo, se desarrollará un padrón nacional de participantes de la cadena productiva del maíz blanco.

También se prevé la creación de una plataforma que vincule a productores con proveedores, compradores e industria, con la intención de facilitar operaciones comerciales y dar seguimiento a la venta del grano.

En el proyecto participan proveedores de semillas, fertilizantes, plaguicidas, nixtamaleros, industria harinera, compradores de alimento para ganado y autoridades federales.

Prevén protección ante clima y precios internacionales

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, indicó que se implementarán mecanismos de protección ante contingencias climáticas y fluctuaciones en los precios internacionales.

Según explicó, estos esquemas buscan ofrecer estabilidad financiera a productores en el corto, mediano y largo plazo.

El acuerdo también contempla medidas relacionadas con las cadenas de valor asociadas a la producción de tortilla y otros productos derivados del maíz.

Reportan avances en comercialización

Durante la presentación del programa, la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez Sierra, informó que en menos de dos meses se logró la venta de más de 2 millones de toneladas a precios superiores al mercado en la región del Bajío.

Asimismo, señaló que se comprometieron casi 3 millones de toneladas antes de la cosecha en Sinaloa y que las acciones alcanzaron a 36 mil productores en cuatro estados, incluidos 25 mil productores sinaloenses en un periodo de tres meses.

Por su parte, la representante de productores de maíz de Michoacán, Francisca Rosalba Jiménez Juárez, destacó que programas vinculados con tecnificación y apoyos productivos han permitido mejorar rendimientos y dar mayor certidumbre al sector agrícola.

Producción de maíz enfrenta presión internacional

La presentación del acuerdo ocurre en un contexto marcado por volatilidad de precios internacionales, costos de producción y presión sobre las cadenas de suministro alimentario.

El maíz blanco es uno de los principales granos para consumo nacional y base de productos como la tortilla, por lo que las variaciones en producción y comercialización impactan tanto a productores como a consumidores.

Un tribunal de Miami, Florida, emitió una nueva resolución judicial favorable para el Estado mexicano en el caso relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La sentencia obliga a integrantes de la familia Weinberg y a empresas vinculadas a pagar 578.5 millones de dólares por los daños ocasionados al erario mexicano, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De acuerdo con la dependencia, el fallo deriva de un procedimiento civil promovido en Estados Unidos con el objetivo de recuperar recursos presuntamente obtenidos mediante contratos públicos irregulares y operaciones financieras ligadas a actos de corrupción.

Durante el litigio, las autoridades mexicanas presentaron pruebas documentales, testimoniales y elementos financieros obtenidos mediante mecanismos de cooperación internacional, con los cuales se acreditó la participación de diversas personas y empresas en una red de desvío y ocultamiento de recursos.

La SHCP destacó que esta condena se suma a las resoluciones emitidas previamente en mayo de 2025 contra García Luna y su esposa, por un monto superior a los 2 mil 448 millones de dólares. Con esta nueva decisión judicial, el valor total de las sentencias obtenidas por el Estado mexicano relacionadas con este esquema supera los 3 mil 067 millones de dólares.

Asimismo, las autoridades detallaron que el fallo contempla la entrega de activos ubicados en distintas jurisdicciones, los cuales serán liquidados para cubrir parcialmente las cantidades fijadas por la Corte estadounidense.

La UIF señaló que continuará trabajando con instancias nacionales e internacionales para dar seguimiento a la ejecución de las medidas ordenadas por la autoridad judicial.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, obtuvo una nueva sentencia a favor del Estado mexicano dentro del procedimiento civil relacionado con un esquema de corrupción vinculado al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

De acuerdo con la dependencia federal, un tribunal del estado de Florida, en la ciudad de Miami, Estados Unidos, dictó una resolución que condena a integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas al pago de 578.5 millones de dólares por concepto de reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano.

La Secretaría de Hacienda señaló que la sentencia deriva de investigaciones relacionadas con un esquema ilícito de contratación pública y operaciones financieras presuntamente utilizadas para transferir y ocultar recursos.

Acreditan operaciones y contratos indebidos

Durante el procedimiento judicial, las autoridades acreditaron la participación de personas físicas y morales en mecanismos destinados a la obtención indebida de contratos públicos.

Asimismo, se documentó la presunta utilización de estructuras financieras para el traslado y ocultamiento de recursos relacionados con ese esquema.

La UIF indicó que para sustentar el caso se integró un amplio acervo probatorio compuesto por documentación financiera, declaraciones testimoniales y elementos obtenidos mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional.

Suman más de 3 mil millones de dólares en condenas

La dependencia federal destacó que esta resolución se suma a las sentencias dictadas previamente en mayo de 2025 en contra de Genaro García Luna y su cónyuge.

En ese momento, las autoridades estadounidenses emitieron condenas por un monto superior a 2 mil 448 millones de dólares, también vinculadas con el mismo esquema de corrupción investigado por el Estado mexicano.

Con la nueva resolución emitida en Florida, el monto total de las condenas obtenidas asciende a más de 3 mil 67 millones de dólares, según informó la Secretaría de Hacienda.

Acuerdo contempla entrega de activos

La sentencia forma parte de un acuerdo mediante el cual las personas condenadas deberán entregar activos identificados en distintas jurisdicciones para su posterior liquidación.

Los recursos recuperados serán destinados al pago parcial de las cantidades determinadas por la autoridad judicial estadounidense.

La UIF indicó que dará seguimiento a la ejecución del acuerdo en coordinación con las autoridades competentes involucradas en el proceso de recuperación patrimonial.

UIF destaca cooperación internacional

La Secretaría de Hacienda aseguró que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones impulsadas para combatir el lavado de dinero y recuperar recursos sustraídos del patrimonio público.

También subrayó la importancia de la cooperación internacional en investigaciones financieras relacionadas con actos de corrupción y operaciones ilícitas transnacionales.

La dependencia reiteró que continuará fortaleciendo mecanismos de colaboración para prevenir y sancionar operaciones financieras vinculadas con corrupción.