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Inicia prueba de registro obligatorio de líneas telefónicas para combatir delitos

El acuerdo fue formalizado en un acto celebrado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el que participaron autoridades de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezadas por Jorge Luis Pérez Hernández, y representantes de las empresas Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán

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A partir del 1 de septiembre de 2025, comenzó la prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil en México, un esfuerzo conjunto entre el gobierno federal y las principales operadoras de telecomunicaciones del país. Este proceso tiene como objetivo combatir delitos como la extorsión y fraudes cometidos a través del uso indebido de líneas telefónicas.

El acuerdo fue formalizado en un acto celebrado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el que participaron autoridades de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezadas por Jorge Luis Pérez Hernández, y representantes de las empresas Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán. Durante el evento, Pérez destacó que esta prueba piloto será fundamental para afinar los procesos de registro de usuarios y líneas telefónicas, antes de la implementación obligatoria de este registro, prevista en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Proceso de identificación y protección de datos

El registro se llevará a cabo mediante la vinculación de la línea telefónica con un documento oficial que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP) del usuario. Esta medida busca crear una base de datos que permita rastrear y verificar la identidad de los titulares de las líneas móviles, lo que facilitará el combate de delitos asociados a estas herramientas de comunicación.

Una de las principales preocupaciones en cuanto a la protección de la privacidad de los usuarios fue abordada durante la presentación del proyecto. Según las autoridades, todos los datos personales serán resguardados por las empresas telefónicas bajo los estrictos lineamientos de la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo que el gobierno no tendrá acceso directo a esta información.

Un proceso gradual hasta la obligatoriedad

El ejercicio piloto, que finalizará en octubre, tiene como objetivo evaluar y mejorar los procedimientos antes de la implementación total del registro obligatorio. Para las líneas telefónicas nuevas, el registro será obligatorio en todos los puntos de venta a partir de la entrada en vigor de la ley. Por otro lado, las líneas activas tendrán un periodo adicional para completar su registro, con la opción de realizarlo de manera remota para facilitar el proceso a los usuarios.

Este nuevo sistema se perfila como una medida para fortalecer la seguridad y el control sobre el uso de las telecomunicaciones en el país, al mismo tiempo que ofrece garantías sobre la protección de los datos personales de los usuarios.

La decisión de implementar este registro obligatorio surge de la creciente preocupación por los delitos cometidos a través de telefonía móvil, como la extorsión, el fraude y el uso ilícito de líneas telefónicas. En años recientes, diversos sectores han señalado la necesidad de contar con una base de datos verificada de usuarios para combatir estos crímenes.

El gobierno mexicano, en colaboración con las operadoras, continúa desarrollando estrategias para mejorar la seguridad digital y proteger a los usuarios de los crecientes riesgos que presentan las telecomunicaciones en la era digital.

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Nearshoring y T-MEC impulsan inversión privada, pero persisten retos estructurales

De acuerdo con analistas económicos, el flujo de capital proveniente tanto de empresas nacionales como extranjeras ha sido determinante para la generación de empleo, el desarrollo industrial y la expansión de sectores estratégicos como la manufactura, la energía y los servicios.

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La inversión privada en México se mantiene como el principal motor del crecimiento económico del país, al representar más del 80% de la inversión total, en un contexto marcado por oportunidades como el nearshoring, pero también por desafíos que generan cautela entre los inversionistas.

De acuerdo con analistas económicos, el flujo de capital proveniente tanto de empresas nacionales como extranjeras ha sido determinante para la generación de empleo, el desarrollo industrial y la expansión de sectores estratégicos como la manufactura, la energía y los servicios.

Factores que fortalecen la llegada de capital

Uno de los principales factores que ha impulsado la llegada de capital extranjero es la vigencia del T-MEC, que posiciona a México como un socio clave dentro de la región de América del Norte. A ello se suma la relocalización de empresas globales, fenómeno conocido como nearshoring, que busca reducir costos logísticos y acercar las cadenas de suministro al mercado estadounidense.

Este contexto ha abierto nuevas oportunidades para el país, especialmente en sectores industriales que buscan mayor competitividad y cercanía con sus principales mercados.

Persisten incertidumbre y desafíos

Sin embargo, este panorama favorable convive con señales de alerta. Especialistas advierten que la incertidumbre regulatoria, particularmente en sectores como el energético, así como temas de seguridad y estado de derecho, continúan influyendo en la toma de decisiones de inversión.

“México tiene una oportunidad histórica con el nearshoring, pero requiere condiciones claras y estables para consolidarse como destino confiable”, coinciden expertos consultados.

Desigualdad regional en la inversión

En el plano regional, estados del norte y del Bajío han captado gran parte de la inversión, impulsando el desarrollo de parques industriales y nuevas cadenas productivas. No obstante, persisten brechas en infraestructura en otras zonas del país que limitan una distribución más equilibrada del crecimiento.

Debate sobre el papel del Estado

El papel de la inversión privada también ha sido motivo de discusión en el ámbito político, donde se analiza el equilibrio entre la rectoría del Estado y la participación del sector empresarial en áreas estratégicas.

A pesar de estos retos, México continúa siendo uno de los destinos más atractivos para la inversión en América Latina, gracias a su ubicación geográfica, su red de tratados comerciales y el tamaño de su mercado interno.

Perspectivas a futuro

El desafío, advierten especialistas, será convertir este momento de oportunidad en un crecimiento sostenido, con reglas claras que fortalezcan la confianza de inversionistas nacionales e internacionales y permitan consolidar el potencial económico del país.

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Reforma a la Ley de Vivienda incorpora estándares internacionales y fortalece el acceso a vivienda adecuada

De acuerdo con la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, la reforma integra los siete componentes del derecho a la vivienda adecuada definidos por la ONU: seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.

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La publicación de la reforma a la Ley de Vivienda en el Diario Oficial de la Federación (DOF) marca un avance en la garantía del derecho a la vivienda adecuada en México, al incorporar por primera vez en la legislación nacional los criterios reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La medida, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue destacada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como un paso para materializar el derecho humano establecido en el artículo 4° constitucional, mediante una mayor coordinación institucional.

Incorporación de estándares internacionales

De acuerdo con la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, la reforma integra los siete componentes del derecho a la vivienda adecuada definidos por la ONU: seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.

Con ello, estos criterios adquieren carácter vinculante en la política pública habitacional, elevando a rango de ley estándares internacionales que deberán ser considerados en el diseño e implementación de programas de vivienda.

Coordinación entre organismos de vivienda

La reforma también fortalece la coordinación entre la Sedatu, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste).

Según lo informado, este esquema busca consolidar un modelo de producción habitacional enfocado en las personas trabajadoras y sus familias, con el objetivo de ampliar el acceso a vivienda digna.

Facultades para ampliar la oferta de vivienda

Entre los cambios, se establece que los organismos nacionales de vivienda podrán adquirir, rehabilitar y construir vivienda, así como financiar la autoproducción y urbanizar terrenos destinados a unidades habitacionales.

Asimismo, se prevé la oferta de créditos accesibles, con lo que se busca privilegiar la asequibilidad, calidad y ubicación de la vivienda social.

Protección del patrimonio de trabajadores

Otro de los aspectos señalados es la reafirmación de la solidez financiera de los fondos de vivienda y la protección del patrimonio de las personas trabajadoras derechohabientes.

El artículo 56 reformado establece la salvaguarda de las aportaciones, con indicadores financieros supervisados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que respalda la viabilidad operativa de la reforma.

Compromiso institucional

Finalmente, la titular de la Sedatu reiteró el compromiso de las instituciones involucradas para continuar trabajando de manera coordinada y garantizar que el derecho a la vivienda adecuada sea una realidad en el país.

La reforma se plantea como un instrumento para fortalecer las políticas públicas en materia habitacional y ampliar el acceso a vivienda bajo criterios de calidad y equidad.

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Amplían senderos seguros en el Estado de México para proteger a seis millones de habitantes

Durante el recorrido por la calle Insurgentes, las autoridades constataron la rehabilitación del espacio urbano y la instalación de luminarias en una vialidad de 380 metros de longitud, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en la zona

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La implementación del programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” avanza en el Estado de México con la recuperación de espacios urbanos y acciones orientadas a mejorar la seguridad peatonal, beneficiando a cerca de seis millones de habitantes en 10 municipios de la entidad.

En este contexto, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la inauguración del Sendero Seguro Casco San Juan, ubicado en el municipio de Chalco.

Recuperación de espacios urbanos

Durante el recorrido por la calle Insurgentes, las autoridades constataron la rehabilitación del espacio urbano y la instalación de luminarias en una vialidad de 380 metros de longitud, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en la zona.

El sendero conecta puntos clave para la comunidad, como la parroquia de San Juan, el ISSEMYM, la Plaza Pública Ágora, los campos deportivos de la Escuela Preparatoria No. 30, escuelas primarias y la Escuela de Artes y Oficios (EDAYO).

Cobertura en 10 municipios

El programa forma parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, y se implementa en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

En el evento también participaron la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, Armando Quintero, y la presidenta municipal de Chalco, Abigail Sánchez Martínez.

Mejoras en infraestructura urbana

Las acciones realizadas en coordinación con autoridades estatales y municipales abarcan 200 kilómetros y 144 vialidades, donde se colocaron 7 mil 049 luminarias LED para mejorar la visibilidad y seguridad.

Además, se llevaron a cabo intervenciones urbanas como la elaboración de murales en 10 mil metros y la pintura de 171 mil metros de fachadas, con el objetivo de recuperar espacios públicos y fortalecer el entorno comunitario.

Enfoque en grupos vulnerables

De acuerdo con la información oficial, estas acciones buscan prevenir y reducir riesgos asociados al tránsito peatonal, así como generar espacios más seguros, accesibles y confiables.

El programa pone especial atención en la protección de mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, considerados grupos prioritarios en materia de seguridad urbana.

Impulso a entornos seguros

La recuperación de estos espacios forma parte de una estrategia integral que busca mejorar la calidad de vida de la población, mediante entornos más iluminados y transitables.

Con estas acciones, autoridades buscan consolidar espacios públicos que favorezcan la movilidad segura y la convivencia en las comunidades del oriente del Estado de México.

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