En una acción conjunta de la Policía Nacional española, la DEA de Estados Unidos y autoridades de Países Bajos, se desmanteló una estructura del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) operando en España. La operación, denominada Oyamel, resultó en la detención de 20 personas en distintas ciudades del país ibérico.

Según la Dirección General de la Policía Nacional española, los arrestados, entre ellos algunos con vínculos a la mafia napolitana, estaban presuntamente involucrados en el tráfico de grandes cantidades de drogas, como cocaína y metanfetaminas, provenientes de Sudamérica. Los envíos eran camuflados en maquinaria industrial de gran tamaño, lo que dificultaba su detección.

Durante los operativos se aseguraron 1,870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275,000 euros en efectivo, 15,000 dólares en criptomonedas, 3 armas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

La Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) identificó que la red coordinaba sus operaciones desde una finca ubicada en Ávila, con ramificaciones en Bilbao y Valencia. Las investigaciones apuntan a que la organización mantenía un esquema bien estructurado para distribuir drogas en diferentes puntos de España, fortaleciendo su presencia internacional.

Con esta acción, las autoridades buscan debilitar las operaciones del CJNG en Europa y reducir la entrada de drogas procedentes de Sudamérica, enviando un mensaje de que la cooperación internacional es clave para combatir el crimen organizado.

El Gobierno de México proyecta un incremento significativo en la oferta educativa de nivel Medio Superior para 2026, al incorporar 65 mil 400 nuevos lugares como parte de una estrategia nacional de expansión y modernización de infraestructura, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El plan contempla 202 acciones de construcción y mejora, entre ellas 20 nuevos Bachilleratos Tecnológicos, 52 ampliaciones y 130 planteles modulares, distribuidos en 110 municipios seleccionados por criterios de demanda, desarrollo regional y falta de servicios educativos cercanos. La iniciativa busca evitar que jóvenes queden fuera de la escuela por falta de espacios.

Durante 2025 ya se llevan a cabo 88 obras —incluyendo nuevos planteles, ampliaciones y reconversiones— que sumarán 44 mil 685 lugares adicionales. Estas acciones representan más de un tercio de la meta nacional para ese año y se concentran en entidades con fuerte crecimiento poblacional, como Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Yucatán y Baja California.

Para 2026, la SEP prevé la apertura de nuevos planteles en ciudades de alta demanda como Tijuana, Hermosillo, Culiacán, Reynosa, Celaya, Acapulco, Playa del Carmen, San Luis Potosí y Tlalpan, entre otras. La expansión también beneficiará regiones consideradas estratégicas, incluidos los municipios del Programa General Lázaro Cárdenas, zonas del Valle de México y comunidades indígenas contempladas en planes de justicia.

Adicionalmente, el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia aportará 30 mil espacios más mediante la construcción de bachilleratos tecnológicos y modulares en zonas del estado con mayores rezagos.

Con la suma de todos los proyectos de 2025 y 2026, la oferta total para Educación Media Superior alcanzará 140 mil 085 nuevos lugares. La cifra supera holgadamente el compromiso original de llegar a 120 mil nuevos espacios hacia 2030 y perfila al país hacia una cobertura aproximada del 85 por ciento.

La SEP adelantó que esta expansión vendrá acompañada de una actualización curricular. El Bachillerato Nacional integrará nuevas áreas formativas vinculadas a sectores tecnológicos emergentes, como semiconductores, microelectrónica, inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, electromovilidad, nanotecnología y urbanismo sostenible, además de programas orientados a la gestión turística y la producción digital inmersiva.

El objetivo, según la dependencia, es que el crecimiento de infraestructura no solo amplíe la cobertura, sino que prepare a los estudiantes para las industrias del futuro y responda a las necesidades económicas y sociales del país.

México formalizó una nueva etapa en su política climática al presentar la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) durante la COP30, celebrada en Belém do Pará, Brasil. La propuesta incorpora metas más estrictas de reducción de emisiones, fortalece las acciones de adaptación y, por primera vez, integra un componente específico para atender pérdidas y daños derivados del cambio climático.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) detalló que el país establece objetivos absolutos de mitigación para 2035, con rangos de entre 364 y 404 millones de toneladas de CO₂ equivalente en su versión no condicionada, y de entre 332 y 363 millones en la condicionada. Las metas se articulan con la estrategia nacional de transición energética y con medidas orientadas a la conservación del 30 por ciento del territorio para 2030, la restauración de ecosistemas prioritarios y el impulso de soluciones basadas en la naturaleza.

Durante su participación en el segmento de alto nivel, autoridades mexicanas destacaron que la creciente vulnerabilidad ante fenómenos extremos exige reforzar los mecanismos de respuesta. La inclusión de pérdidas y daños en la NDC, señalaron, busca atender a comunidades que enfrentan impactos desproporcionados y promover esquemas de financiamiento y cooperación internacional más accesibles.

La delegación mexicana subrayó que el documento surge de un proceso de consulta con distintos sectores sociales, incluidas comunidades indígenas, jóvenes, especialistas y organizaciones civiles. El enfoque, explicó la Semarnat, se alinea con los compromisos de México en materia de derechos humanos, igualdad y el Acuerdo de Escazú.

En los trabajos paralelos de la COP30, México participó en foros orientados a la descarbonización industrial y presentó, junto con Guatemala y Belice, la Iniciativa del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya. El proyecto busca fortalecer la gobernanza ambiental regional y proteger uno de los corredores de biodiversidad más relevantes del continente, con la participación directa de las comunidades locales.

El Gobierno de México afirmó que la NDC 3.0 representa un esfuerzo integral para acelerar la acción climática, con énfasis en justicia social, cooperación internacional y responsabilidades compartidas ante el calentamiento global.