El Gobierno de la Ciudad de México informó este miércoles que se ejecutó el rescate de 936 animales del Refugio Franciscano A.C., ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, tras constatar condiciones de maltrato, hacinamiento severo y problemas de salud en cientos de perros y gatos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que tanto la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) corroboraron que los animales presentaban afectaciones graves, y que el operativo se realizó con base en una orden judicial para garantizar la protección y el bienestar de todos los ejemplares.

“Algunos de los animales se encuentran en situación crítica y requieren atención médica inmediata; por eso serán trasladados al Hospital Veterinario de la Ciudad de México. Los demás se ubicarán en espacios del Gobierno capitalino y en la Brigada de Vigilancia Animal, con posibilidad de acudir a clínicas privadas si la gravedad lo amerita”, explicó Brugada.

Por su parte, la fiscal Bertha Alcalde Luján detalló que desde diciembre de 2025 se inició una investigación tras múltiples denuncias ciudadanas. Señaló que 798 de los 936 animales —759 perros y 39 gatos— presentan lesiones y enfermedades compatibles con maltrato o crueldad, incluyendo dermatitis, tumores, problemas ortopédicos y secuelas neurológicas. Además, se detectó hacinamiento extremo, falta de ventilación, jaulas sin techo, acumulación de heces y presencia de fauna nociva.

Al momento, 20 animales ya fueron hospitalizados y 21 fallecieron fuera del refugio. La fiscal reiteró que la investigación continuará y que quienes resulten responsables enfrentarán imputaciones por maltrato animal.

Conflicto legal y versiones encontradas

El rescate se da en medio de la disputa por la propiedad del predio entre el Refugio Franciscano y la Fundación Haghenbeck. Brugada subrayó que el Gobierno de la CDMX se mantiene al margen de la contienda legal y respeta la resolución judicial que se derive del proceso, enfatizando que la prioridad es el cuidado de los animales y no el conflicto por la propiedad.

Desde su perspectiva, el Refugio Franciscano calificó el operativo como “desproporcionado” y aseguró que separar a los animales de quienes los cuidan representa un tipo de maltrato. En un comunicado, la organización señaló que “la narrativa de maltrato es falsa y se utiliza para justificar un despojo en medio de una disputa legal por el predio”.

Protestas en la ciudad

La noticia del rescate provocó la movilización de un grupo de animalistas que bloqueó parcialmente el cruce de Reforma e Insurgentes. Los manifestantes exigieron mejoras en el trato hacia los animales y permitieron únicamente el paso de unidades del Metrobús. Las autoridades sugirieron a automovilistas y motociclistas tomar rutas alternas, como la Glorieta del Ahuehuete, para evitar afectaciones mayores al tránsito.

El operativo y la disputa legal continúan bajo seguimiento de las autoridades capitalinas, mientras se asegura atención integral a los animales rescatados, reforzando la prioridad de proteger la vida y bienestar de la fauna doméstica en la Ciudad de México.

Tras el sismo de 6.5 registrado este viernes en Guerrero, la Coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta por “variaciones menores en el nivel del mar en la zona de generación” del movimiento telúrico.

CNPC hizo un llamado a las embarcaciones y a la población que se encuentra cerca de la zona costera a mantenerse informado y tomar precauciones ante cualquier eventualidad. 

El sismo se sintió en estados como la Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Además, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que hasta las 10:00 horas se han registrado 273 réplicas del sismo registrado en San Marcos, y la más grande fue de magnitud 4.2.

En la Ciudad de México, se reportó el fallecimiento de una persona de la tercera edad por efectos del sismo. Esto ocurrió en la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez. Se confirmó que el hombre sufrió una caída en las escaleras durante el movimiento telúrico.

En tanto, en la ciudad capitalina también se registró una explosión ocurrió en una subestación eléctrica, en la alcaldía Cuauhtémoc; la caída de un semáforo, en la colonia Narvarte; así como daños en la infraestructura y fachadas de diferentes edificios.

Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó una denuncia contra Enrique Martínez Garza, Director General de Seguridad Privada adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, por presuntas prácticas de extorsión.

De acuerdo con la denuncia, Martínez Garza habría condicionado la liberación de trámites a pagos indebidos y retrasado procedimientos durante meses cuando las empresas de seguridad privada no acceden a sus demandas.

Estas demoras podrían afectar ingresos públicos estimados en hasta 1,500 millones de pesos al año.

Además, empresas y clubes de tiro señalaron que el funcionario exigía la entrega física de registros de armamento, pese a que la Ley Federal de Seguridad Privada establece que deben enviarse de manera digital por su carácter confidencial. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala que la SEDENA es la única autoridad facultada para recibir dichos registros.

La denuncia también menciona una supuesta relación de Martínez Garza con Raymundo Collins, así como la posibilidad de que funcione como su presunto prestanombres, situación que incrementaría la desconfianza en el sector, dado que Collins enfrenta acusaciones por uso ilegal de atribuciones y enriquecimiento ilícito.

Otro punto señalado es que Martínez Garza ocupa simultáneamente dos cargos dentro de la SSPC: Director General de Seguridad Privada y encargado de despacho de Inspección Policial. Esto le permitiría portar armas y disponer de escoltas, lo que genera cuestionamientos sobre la legalidad de su dualidad administrativa.

En un contexto relacionado, hace unos días la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Raúl Rocha, propietario de Miss Universo, por presunto “huachicol” y tráfico de armas. La investigación apunta a un entramado de empresas privadas utilizadas para adquirir, transportar y rematricular armamento, destinado supuestamente a abastecer a grupos delictivos como el Cártel del Golfo en Tamaulipas y el grupo Sombra en Veracruz. El armamento contaba con registros oficiales del Ejército, lo que permitía su circulación con apariencia legal en el país.