La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que su gobierno no se encuentra planeando otra extradición masiva de narcotraficantes a Estados Unidos.

Explicó que un envío ocurre cuando se detiene a una persona que no tiene una orden de aprehensión en el país, entonces se le deporta, siempre y cuando haya una petición de extradición por parte del gobierno estadounidense.  

Sin embargo, Sheinbaum no descartó que se realice un operativo de este tipo en algún momento.

Previamente, a principios de diciembre, el medio estadunidense The Wall Street Journal informó que el gobierno de Estados Unidos y el de México estaban discutiendo una posible tercera entrega de narcotraficantes. 

Cabe recordar que en este año, el gobierno mexicano ha realizado dos entregas de criminales a Estados Unidos: el primero fue el 27 de febrero, de 29 capos, y la más reciente fue 12 de agosto, de 26 capos, en los que destacan Rafael Caro Quintero, ex líderes de Los Zetas y algunos miembros de alto rango de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, celebró este viernes la aprobación de la reforma a la Ley Nacional de Aguas, y urgió la publicación de la nueva normativa en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este viernes.

Al encabezar la conferencia matutina en sustitución de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Icela Rodríguez destacó que la Ley Nacional de Aguas fortalecerá la actividad económica en zonas agrícolas, ganaderas e industriales, además de que permitirá ordenar el uso del recurso hídrico y brindar mayor certidumbre a las regiones productivas del país. 

Al ser cuestionada sobre los agricultores quienes están inconformes por esta ley, la secretaria aseguró que la mesa de diálogo siempre estará abierta para quien tenga la disposición. Señaló que una vez aprobada la reforma en el Senado de la República, las manifestaciones en diferentes entidades tendrían que terminar.

Al respecto, explicó que ayer jueves se llegó a acuerdos con agricultores de Chihuahua, que eran los últimos, para levantar los bloqueos carreteros.

Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó una denuncia contra Enrique Martínez Garza, Director General de Seguridad Privada adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, por presuntas prácticas de extorsión.

De acuerdo con la denuncia, Martínez Garza habría condicionado la liberación de trámites a pagos indebidos y retrasado procedimientos durante meses cuando las empresas de seguridad privada no acceden a sus demandas.

Estas demoras podrían afectar ingresos públicos estimados en hasta 1,500 millones de pesos al año.

Además, empresas y clubes de tiro señalaron que el funcionario exigía la entrega física de registros de armamento, pese a que la Ley Federal de Seguridad Privada establece que deben enviarse de manera digital por su carácter confidencial. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala que la SEDENA es la única autoridad facultada para recibir dichos registros.

La denuncia también menciona una supuesta relación de Martínez Garza con Raymundo Collins, así como la posibilidad de que funcione como su presunto prestanombres, situación que incrementaría la desconfianza en el sector, dado que Collins enfrenta acusaciones por uso ilegal de atribuciones y enriquecimiento ilícito.

Otro punto señalado es que Martínez Garza ocupa simultáneamente dos cargos dentro de la SSPC: Director General de Seguridad Privada y encargado de despacho de Inspección Policial. Esto le permitiría portar armas y disponer de escoltas, lo que genera cuestionamientos sobre la legalidad de su dualidad administrativa.

En un contexto relacionado, hace unos días la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Raúl Rocha, propietario de Miss Universo, por presunto “huachicol” y tráfico de armas. La investigación apunta a un entramado de empresas privadas utilizadas para adquirir, transportar y rematricular armamento, destinado supuestamente a abastecer a grupos delictivos como el Cártel del Golfo en Tamaulipas y el grupo Sombra en Veracruz. El armamento contaba con registros oficiales del Ejército, lo que permitía su circulación con apariencia legal en el país.