En un balance presentado por el Gabinete de Seguridad, se dieron a conocer los avances de la “Operación Frontera Norte”, que desde su inicio el 5 de febrero de 2025 ha permitido fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada en diversas entidades del país.

Hasta el 7 de enero de 2026, las autoridades han logrado detener a 10,569 personas, así como asegurar más de 7,700 armas de fuego, más de 1.2 millones de cartuchos, 34,644 cargadores y 117 toneladas de droga, incluyendo 601.8 kilogramos de fentanilo.

Además, se han recuperado 6,163 vehículos y 1,234 inmuebles utilizados para actividades ilícitas.

El Gabinete de Seguridad destacó que todas las acciones se realizan bajo el estricto apego al Estado de derecho y respetando los derechos humanos.

Resultados por estado

• Baja California: En Rosarito, las autoridades detuvieron a una persona y aseguraron dosis de metanfetamina y marihuana, además de un inmueble utilizado para actividades ilegales.
• Sinaloa: En Culiacán, se desmantelaron dos áreas de concentración de material para la fabricación de drogas sintéticas, asegurando 2,420 litros de sustancias para metanfetamina, con un impacto económico estimado en 47 millones de pesos a la delincuencia organizada. En Escuinapa, se detuvo a un sujeto, se aseguraron un arma corta, seis cargadores, 724 cartuchos, un chaleco táctico y un vehículo con blindaje artesanal.
• Sonora: En Cajeme, se detuvo a una persona y se aseguraron un arma de fuego, seis cargadores, 11 cartuchos, bolsas con cristal, metanfetaminas y un inmueble. Mientras que en Ímuris, las autoridades aseguraron un tractocamión acoplado a dos autotanques con 62,000 litros de hidrocarburo.

El Gobierno federal reiteró su compromiso con la ciudadanía de mantener la presión contra la delincuencia organizada, recuperando espacios y recursos utilizados para actividades ilícitas, al tiempo que se promueve la seguridad y el bienestar de la población en la frontera norte y otros puntos estratégicos del país.

Las industrias ganadera y porcícola cerraron filas con el Gobierno de México tras los ajustes anunciados en materia de importaciones de carne, una medida que —coinciden— da certidumbre al sector sin poner en riesgo el abasto para los consumidores.

Organizaciones como la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex) reconocieron la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para establecer un esquema de cupos de importación que protege la producción nacional y ordena el mercado.

El acuerdo forma parte de las actualizaciones al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) y contempla un arancel a la importación de carne de res y cerdo proveniente de países sin Tratado de Libre Comercio con México. Al mismo tiempo, se fijaron límites claros de importación sin arancel: hasta 70 mil toneladas de carne de bovino y 51 mil toneladas de carne de cerdo, con el objetivo de evitar distorsiones en los precios y prácticas desleales.

Desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se destacó que esta decisión es resultado del trabajo coordinado con las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, buscando un equilibrio entre el control inflacionario y el fortalecimiento del campo mexicano.

Para la CNOG, el ajuste es un paso clave para blindar a la planta productiva nacional, que involucra a más de 750 mil pequeños y medianos productores de ganado bovino. La confederación subrayó que el esquema no frena el consumo, sino que permite complementar la oferta sin desplazar la producción interna, garantizando alimentos seguros e inocuos para más de 130 millones de personas.

En el mismo sentido, Opormex celebró el sistema de cupos al considerar que envía una señal de estabilidad al mercado y frena importaciones que podrían afectar de forma estructural a la porcicultura nacional. Además, destacó que estas acciones se alinean con la meta de que la industria mexicana abastezca al menos el 70 por ciento del mercado interno hacia 2030, fortaleciendo la soberanía alimentaria.

El Gobierno de México aseguró que el suministro de carne de res y cerdo está garantizado y que estas medidas se inscriben en el Plan México, con énfasis en el bienestar de las familias productoras, la generación de empleo rural y la seguridad alimentaria.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura reiteró que mantendrá un diálogo permanente con los sectores productivos y dará seguimiento puntual a la aplicación de los decretos, con la mira puesta en un desarrollo agroalimentario con visión de largo plazo.

A partir de este jueves 9 de enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil en el país deberán registrar sus líneas celulares y vincularlas con su CURP y una identificación oficial vigente, como parte del nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

La disposición fue establecida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en los lineamientos publicados en diciembre de 2025 y tiene como objetivo eliminar el uso de números anónimos para combatir delitos como la extorsión, el fraude telefónico y otras actividades ilícitas.

De acuerdo con la normativa, la obligación aplica para todas las líneas móviles, tanto de prepago como de pospago, sin importar la fecha en que fueron contratadas. El registro deberá realizarse directamente a través de las compañías telefónicas, quienes serán responsables de recabar y validar la información de los usuarios.

El plazo para completar el trámite concluirá a finales de junio de 2026. A partir del 1 de julio, las líneas que no hayan sido registradas podrán ser suspendidas o desactivadas temporalmente, quedando habilitadas únicamente para realizar llamadas de emergencia.

La CRT precisó que el registro es obligatorio tanto para ciudadanos mexicanos como para residentes extranjeros, quienes deberán presentar pasaporte u otro documento oficial válido en ausencia de CURP.

Aunque los lineamientos fueron publicados desde finales del año pasado, el inicio formal del padrón no fue anunciado de manera específica en conferencias presidenciales, sino que quedó establecido dentro del calendario regulatorio del organismo.

La medida ha generado opiniones encontradas. Mientras autoridades y especialistas en seguridad aseguran que ayudará a reducir delitos cometidos mediante líneas no identificadas, organizaciones civiles han expresado preocupación por la protección de datos personales y han pedido garantías sobre el manejo y resguardo de la información.