La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que la cuestión de la violencia en la juventud es un tema que se tiene que tratar de manera «integrada» para evitar que un caso «doloroso» de este martes, cuando un adolescente de 15 años de edad asesinó a balazos a dos profesoras de una preparatoria, en Michoacán.

El martes, la Policía Municipal reveló que el presunto responsable del ataque es un estudiante identificado como Omar ‘N’, de 15 años de edad, quien al parecer habría actuado motivado por haber sido negada su entrada al plantel, al no lograr llegar a la hora de acceso establecida por los directivos de la institución.

Tras la negativa, supuestamente el estudiante regresó a su hogar para tomar un rifle calibre 5.56, abastecido con un cargador con 40 balas, con el que irrumpió en la preparatoria y disparó de forma directa contra las dos profesoras, de 36 y 37 años, quienes fallecieron por las heridas causadas.

Al respecto, Sheinbaum recordó que México tiene un programa de salud mental para alumnos de algunos cursos de secundaria, una iniciativa que, añadió, está previsto que se haga extensible en toda la educación media superior.

«Por la edad de este joven lo vamos a hacer en secundaria y en educación media superior. Es una capacitación a maestros, contratación de algún personal especializado, guías para los maestros, estudiantes, madres y padres de familia«, detalló la mandataria, sin dar plazos de cuándo va a presentar este nuevo programa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la aprobación del llamado “Plan B” de la reforma electoral dependerá exclusivamente de la decisión de los legisladores, quienes este martes discutirán la iniciativa en comisiones.

Durante su posicionamiento, la mandataria subrayó que su gobierno no intervendrá en el sentido del voto de diputados y senadores. “No voy a estar detrás de cada legislador para saber cómo van a votar”, expresó, al recalcar que el proceso legislativo debe desarrollarse con autonomía.

Sheinbaum insistió en que la propuesta tiene como eje central la reducción de lo que calificó como “privilegios” dentro del sistema político, incluyendo a consejeros electorales, regidores, congresos locales y el propio Senado de la República. Señaló que el objetivo es avanzar hacia una mayor austeridad y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Como parte de su planteamiento, recordó que el proyecto contempla la posibilidad de solicitar la revocación de mandato a partir del tercer año de gobierno, mecanismo que permitiría a la ciudadanía evaluar el desempeño de sus autoridades. En ese sentido, sostuvo que será la población quien identifique a los actores políticos que respalden o rechacen la reducción de privilegios.

No obstante, al ser cuestionada sobre un eventual rechazo de la iniciativa, particularmente por parte del Partido del Trabajo, la presidenta no descartó la posibilidad de impulsar una alternativa. “Siempre hay opciones”, dejó entrever, al mencionar la existencia de un eventual “plan C” en caso de que la propuesta actual no prospere en el Congreso.

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, destacó este lunes que la nueva Ley de Aguas permitirá garantizar el acceso equitativo al vital líquido y poner fin a prácticas ilegales a través de las concesiones.

Según Morales, el gobierno federal podrá eliminar las transmisiones de concesiones entre particulares, mecanismo que permitió la creación de un “mercado negro del agua”, y así privilegiar el derecho humano al agua.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que este modelo impedía el recurso a los usuarios que sí lo necesitaban.

Recordó casos de abuso y sanciones con respecto al tema, exhibiendo al diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Calzada, por abuso en las concesiones de agua por parte de su familia, al acumular 628 mil metros cúbicos de agua en 5 títulos, en Querétaro.

Uno de los títulos era de uso agrícola (por el cual no pagaban el derecho al agua), pero en vez de utilizarlo para el sector, los familiares de Calzada usaban el agua para comercializar el recurso en pipas y para un club de polo y un desarrollo inmobiliario.

Asimismo, explicaron el caso de una refresquera que tiene un adeudo presuntivo de 234 millones de pesos tras detectarse 18 títulos de concesiones, así como de una embotelladora de agua que no contaba con medidores y había construcciones irregulares en una zona federal, por lo que de 3 títulos solo se pagaba 1 y había descargas sin autorización.