En conferencia de prensa celebrada en la capital queretana, liderazgos de Morena encabezados por Santiago Nieto Castillo destacaron la consolidación del movimiento de transformación en la entidad como una fuerza política disciplinada, ordenada y en constante expansión.

Durante el encuentro con medios de comunicación, la dirigencia y legisladores locales remarcaron que, mientras partidos de oposición como el PAN y el PRI muestran divisiones internas, desorden y falta de acuerdos, Morena mantiene una agenda de trabajo coordinada mediante reuniones estratégicas continuas entre su Comité Ejecutivo Estatal, diputados locales y representantes municipales.

El coordinador de los Comités de Defensa enfatizó que la unidad interna ha permitido estructurar un camino firme hacia los próximos procesos electorales, respaldado por la articulación de alianzas sólidas con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

En este sentido, se ratificó que la coalición y las candidaturas comunes se mantendrán en 16 de las 17 entidades federativas definidas a nivel nacional, reconociendo el liderazgo de perfiles clave como Ricardo Astudillo para sumar a sectores de la sociedad y fortalecer la agenda ambiental y social de la transformación.

Respecto a la definición de las coordinaciones y futuras candidaturas, la dirigencia estatal y los legisladores subrayaron que el proceso de selección interna se mantendrá estrictamente apegado a la legalidad e imparcialidad institucional.

De acuerdo con los estatutos del movimiento, la Comisión Nacional de Encuestas y la Comisión Nacional de Elecciones serán las únicas instancias encargadas de definir las postulaciones a través de encuestas transparentes aplicadas a la ciudadanía.

Por ello, se descartó de manera categórica cualquier destape o designación anticipada, garantizando piso parejo para todas y todos los aspirantes.

En el ámbito legislativo e institucional, Morena calificó como inaceptable el despido arbitrario de personal en el Congreso del Estado durante el periodo presupuestal, manifestando su respaldo total a la diputada afectada y exigiendo el respeto irrestricto a los derechos laborales.

Asimismo, los representantes del movimiento resaltaron la trascendencia de contar por primera vez con una mayoría en la Legislatura local, la cual ejercerán con responsabilidad para impulsar reformas de fondo en beneficio de la ciudadanía queretana y velar por una correcta asignación presupuestal.

Finalmente, Santiago Nieto sostuvo que Morena en Querétaro continuará construyendo un Frente Amplio Progresista e incluyente que sume a diversos sectores sociales, profesionales y empresariales de la entidad.

Este proyecto mantendrá las puertas abiertas a perfiles comprometidos con los principios del humanismo mexicano —no robar, no mentir y no traicionar al pueblo—, priorizando el combate a la corrupción, la austeridad republicana y la prosperidad compartida en los 18 municipios del estado.

La trayectoria política de Ana Elizabeth Ayala Leyva vuelve a estar bajo escrutinio tras la entrega a instancias de Morena de documentación relacionada con un expediente del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TESIN), en el que se acreditaron actos de violencia política contra las mujeres en razón de género y acoso laboral contra Angelina Valenzuela Benites, quien se desempeñaba como síndica procuradora del municipio de Ahome.

El caso quedó registrado en el expediente TESIN-JDP-21/2019, promovido por Valenzuela Benites en septiembre de 2019, cuando denunció obstáculos para ejercer plenamente las funciones correspondientes a su cargo. La resolución del tribunal local, emitida el 2 de diciembre de ese año, fue confirmada posteriormente por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 16 de enero de 2020.

¿Qué resolvió el tribunal electoral?

En su sentencia, el TESIN determinó que existieron acciones y omisiones que vulneraron los derechos político-electorales de la síndica procuradora e identificó un contexto adverso dentro del Ayuntamiento de Ahome que obstaculizó el desempeño de sus funciones.

Entre las autoridades municipales señaladas en el expediente se encontraban el entonces presidente municipal, Manuel Guillermo Chapman Moreno; el secretario del Ayuntamiento, Juan Francisco Fierro Armenta; la entonces tesorera municipal, Ana Elizabeth Ayala Leyva; el director de Administración, Gilberto Estrada Barrón; la directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Solangel Sedano Fierro, así como integrantes del Cabildo.

Respecto de Ayala Leyva, la documentación oficial señala que se determinó su responsabilidad directa por omitir responder, de manera afirmativa o negativa, diversos oficios de la síndica y por no proporcionarle la información solicitada. Estas omisiones formaron parte de las conductas que el tribunal analizó dentro del contexto general de violencia política de género y acoso laboral acreditado en el caso.

Medidas ordenadas y seguimiento del caso

Como parte de la resolución, el tribunal estableció medidas de protección, restitución y garantías de no repetición para evitar que continuaran las conductas que obstaculizaban el ejercicio del cargo de la denunciante.

Sin embargo, la documentación electoral también refiere que algunas de estas medidas no fueron cumplidas de manera reiterada, situación que dio lugar a incidentes posteriores de inejecución de sentencia. En una resolución del 30 de diciembre de 2020, el TESIN volvió a señalar que Ayala Leyva había omitido entregar información requerida por la síndica y ordenó realizar las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en la sentencia.

Cabe precisar que la sentencia original no impuso sanciones a los funcionarios involucrados, aunque sí estableció medidas para proteger los derechos de la denunciante y garantizar el cumplimiento de sus funciones.

Documentación llega a instancias de Morena

De acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, la documentación fue entregada a instancias de Morena como parte de una revisión de antecedentes relacionados con la trayectoria e idoneidad de perfiles políticos en Ahome.

El expediente pone nuevamente sobre la mesa una resolución judicial que involucró a diversos funcionarios de la administración municipal de aquel periodo y que tuvo como eje la protección de los derechos político-electorales de una mujer en el ejercicio de un cargo público.

La revisión de estos antecedentes ocurre en el contexto de la evaluación de perfiles políticos, en la que los documentos judiciales constituyen elementos relevantes para conocer las resoluciones y responsabilidades previamente determinadas por las autoridades competentes.

Siete personas detenidas tras la protesta contra el agua contaminada en Guadalajara fueron trasladadas al complejo judicial de Puente Grande, en Jalisco, mientras colectivos y familiares denuncian presuntas detenciones arbitrarias y exigen que se respete el debido proceso.

La Fiscalía de Jalisco informó este martes que seis de los detenidos son acusados de lesiones dolosas contra personas que desempeñan funciones de seguridad pública, mientras que al séptimo se le imputa el delito de desobediencia o resistencia de particulares.

La dependencia indicó que los siete fueron puestos a disposición de un juzgado para las audiencias correspondientes y aclaró que el traslado a Puente Grande, un complejo de máxima seguridad, no significa que hayan sido sentenciados ni que vayan a ingresar a prisión. Un juez de control determinará su situación jurídica y las posibles medidas cautelares, incluida la posibilidad de que continúen su proceso en libertad.

El lunes, la Fiscalía informó de la liberación de 32 de las 39 personas detenidas, según sus registros, aunque todas mantienen abierta una carpeta de investigación.

Entre los siete imputados se encuentra un repartidor de comida de plataforma que, según las denuncias de colectivos y familiares, no participaba en la manifestación.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que participa en la defensa legal de los detenidos, exigió a la Fiscalía respetar el debido proceso y garantizar el derecho a una defensa adecuada. También pidió la liberación de los arrestados e instó al Poder Judicial a no criminalizar a quienes ejercen su derecho a manifestarse.

Desde el domingo, el CEPAD y otras organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado la detención arbitraria y violenta de 49 personas, una cifra superior a las 39 reportadas por la Fiscalía estatal.

Los colectivos, abogados y familiares sostienen que los siete trasladados a Puente Grande no cometieron los delitos que se les atribuyen y aseguran que las detenciones fueron violentas, como muestran diversos videos que han presentado como prueba.