Hace cuatro años publiqué un artículo relacionado a presuntos contratos millonarios en el sistema penitenciario de Sonora otorgados a la empresa Urbanizadora de la Presa SA de CV

En la publicación difundida el 07 de abril de 2022, titulada “Denuncian contratos millonarios relacionados a la proveeduría de alimentación en CERESOS”, se advertía sobre la presunta operación de esquemas de triangulación y subcontratación ligados al área de seguridad pública estatal.

En dicho texto se hacía referencia al presunto uso de testaferros y/o prestanombres como operadores vinculados a contratos de proveeduría alimentaria en los Centros de Reinserción Social (CERESOS), tanto para el suministro dirigido al personal de custodia como a personas privadas de la libertad, en proceso de reinserción social o sujetas a procesos penales.

Asimismo, se señalaba la presunta utilización de la empresa Urbanizadora de la Presa S.A. de C.V. como plataforma para la subcontratación de servicios relacionados con dichos contratos.

Actualmente, parte de esos señalamientos vuelven a cobrar relevancia debido a la nueva documentación, testimonios y movimientos corporativos integrados en el expediente consultado, los cuales apuntan a posibles vínculos entre contratos públicos, tráfico de influencias, cambios accionariales y presuntas redes de operación empresarial dentro del Estado de Sonora.

Una presunta red de empresas, contratos públicos, posibles prestanombres y operaciones financieras irregulares vuelve a colocar bajo la lupa a un grupo empresarial vinculado al empresario sonorense Carlos Benito Astiazarán Aguilar, señalado en un expediente integrado por documentos corporativos, registros fiscales, contratos, transferencias bancarias y testimonios.

De acuerdo con la documentación consultada, la empresa Urbanizadora de la Presa S.A. de C.V. fue constituida el día 06 de diciembre de 2005, teniendo como objeto social principal actividades relacionadas con el sector de la construcción.

Sin embargo, según la información revisada, hasta el mes de septiembre de 2021 la citada empresa presuntamente presentaba declaraciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria con ingresos prácticamente nulos, además de que, de acuerdo con el expediente consultado, no contaba aparentemente con empleados, activos, infraestructura, capacidad financiera, capacidad técnica ni experiencia suficiente para la ejecución y suministro de servicios relacionados con contratos de gran magnitud.

No obstante, el expediente señala que, poco tiempo después de que los señores Carlos Benito Astiazarán Aguilar y su esposa Veatriz Campa Robles adquirieran el cien por ciento de las acciones de la empresa, ésta comenzó a obtener contratos públicos de alto valor económico durante el inicio de la administración estatal 2021–2027 a cargo de su amigo y compadre Alfonso Durazo Montaño, pero ocultando su control accionario presentaban legalmente a los señores Hedman Araujo Cortés y Leonel Araujo Cortés como los accionistas de la empresa mediante una escritura pública anterior.

Posteriormente, a partir del año 2023, la documentación incorpora referencias a contratos millonarios con el IMSS Ordinario y el IMSS Bienestar, en tiempos de la Doctora MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOZA, quien era titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del Instituto Mexicano de Seguro Social en Sonora, de tipo adjudicación directa, para la adquisición y suministro de víveres con entrega y distribución en hospitales y en guarderías, así como adquisición de alimentos subrogados (platillos) para hospitales. Aunque los contratos continúan a la fecha, algunos se detallan a continuación:

La documentación también menciona que empresas vinculadas al mismo grupo empresarial habrían participado en el respaldo financiero y obtención de fianzas para contratos públicos millonarios, utilizando activos y estados financieros cruzados sin el consentimiento de todos los socios familiares.

 De los documentos presentados se advierte que la empresa Urbanizadora de la Presa S.A. de C.V., durante el sexenio de Alfonso Durazo Montaño, habría obtenido ingresos superiores a los $1,200 millones de pesos derivados de contratos y operaciones vinculadas con el sector público.

No obstante, según la información referida en dichos documentos, la empresa continuaría dependiendo de terceros proveedores y esquemas de subcontratación para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, al no contar presuntamente con la infraestructura, personal operativo o capacidades suficientes para ejecutar directamente diversos servicios comprometidos.

Además, se puede observar que el pago de impuestos es mínimo, sobre un margen de utilidad promedio del 5% sobre los ingresos, lo cual resulta increíblemente bajo para este tipo de negocio, por lo que sería recomendable una revisión por parte de las autoridades hacendarias.

En un próximo reportaje, se explicará otros millonarios “negocios” que se les han entregado a Carlos Benito Astiazarán, con un grave conflicto de interés, así como el origen de conflictos familiares con el presumible objetivo de quitar el patrimonio a una parte de su familia, utilizando el poder político que disfruta en la actual administración Estatal.