El nuevo Paso Superior Ferroviario Arco Sur “Epitacia Zamora Teodoro” fue puesto en operación en Colima con la promesa de reducir congestionamientos y tiempos de espera provocados por el cruce ferroviario en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez. La obra beneficiará a más de 157 mil habitantes y permitirá agilizar la circulación diaria de miles de vehículos.

La infraestructura fue inaugurada por el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, durante un enlace con la conferencia presidencial. De acuerdo con las autoridades, el puente quedó concluido dos meses antes de la fecha programada.

Reducen tiempos de traslado

Uno de los principales objetivos del proyecto fue eliminar las largas filas que se generaban por el paso del tren. Según datos expuestos durante la inauguración, los automovilistas enfrentaban esperas de entre 40 y 60 minutos hasta cinco veces al día.

El nuevo puente permitirá ahorrar hasta 15 minutos en los traslados y mejorar la conectividad entre los municipios de Colima y Villa de Álvarez, una de las zonas con mayor flujo vehicular en la entidad.

La obra tiene una longitud de 862 metros, cuenta con dos cuerpos y seis carriles, tres en cada sentido, y se estima que registre un tránsito promedio anual cercano a los 30 mil vehículos diarios.

Inversión y características

Para la construcción del paso superior se destinaron 630 millones de pesos, recursos con los que también se realizaron trabajos complementarios en la zona.

Entre las obras adicionales destacan la instalación de 209 luminarias, construcción de banquetas, señalamiento horizontal y colocación de aisladores sísmicos, además de trabajos de urbanización en calles laterales y bajo el puente.

Durante el desarrollo del proyecto también se utilizaron más de 4 mil metros cúbicos de adoquines y se generaron mil 890 empleos, de acuerdo con cifras dadas a conocer por la SICT.

Parte de una red de infraestructura

El secretario Jesús Esteva Medina señaló que el Arco Sur forma parte de un conjunto de proyectos viales concluidos recientemente en la entidad, entre ellos el Arco Norte “Celsa Virgen Pérez”, el Puente El Chical y el Puente Presa Las Trancas.

Las autoridades señalaron que estas obras buscan atender puntos considerados críticos para la movilidad metropolitana, donde anteriormente se registraban congestionamientos constantes y retrasos prolongados.

El puente lleva el nombre de Epitacia Zamora Teodoro, reconocida como una luchadora social indígena

Las dificultades que enfrentan las mujeres rurales para acceder a la propiedad de la tierra, financiamiento y representación agraria fueron algunos de los temas centrales durante la presentación del libro “El acceso a la Tierra de las Mujeres en México”, realizada en un encuentro que reunió a especialistas, académicas e instituciones vinculadas al sector agrario.

Durante el evento se expusieron datos y reflexiones sobre las brechas de género que persisten en el ámbito rural, pese a los avances legislativos y sociales registrados en los últimos años. Entre los puntos abordados destacaron las limitaciones relacionadas con la titularidad de derechos agrarios, la autonomía económica y la participación comunitaria de las mujeres.

La actividad contó con la participación de representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Tribunales Agrarios, Procuraduría Agraria, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Registro Agrario Nacional y otras instituciones relacionadas con el desarrollo rural y territorial.

Más de un millón de mujeres trabajan en el campo

Uno de los datos expuestos durante la presentación fue que en México existen más de un millón de mujeres que trabajan en actividades del campo, de las cuales cerca de 300 mil son jornaleras agrícolas, muchas de ellas sin acceso a derechos agrarios o condiciones laborales favorables.

La titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Resiliencia Climática de Agricultura, Elena Xóchitl Ramírez Reivich, señaló que las mujeres rurales han enfrentado históricamente barreras para acceder a la tierra, situación que, afirmó, mantiene condiciones de vulnerabilidad y exclusión social.

También indicó que actualmente se impulsan acciones para facilitar el acceso de mujeres rurales a programas productivos y apoyos, además de estrategias de acompañamiento técnico y coordinación institucional para fortalecer sus derechos agrarios.

Persisten brechas en derechos agrarios

Durante el encuentro, las y los participantes coincidieron en que aún existen desigualdades relacionadas con el acceso a la propiedad de la tierra y la participación de mujeres en órganos de representación agraria.

La subsecretaria de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres, Elvira Concheiro Bórquez, señaló que el libro busca contribuir al análisis de las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres rurales y acercar herramientas de reflexión sobre sus derechos.

Por su parte, la directora de Apoyo Técnico de la Procuraduría Agraria, Mabel Griselda Almaguer Torres, expuso que se mantienen acciones enfocadas en mujeres ejidatarias y comuneras mediante jornadas agrarias, esquemas de justicia itinerante y proyectos productivos.

Acceso a la tierra también representa identidad y comunidad

Otro de los puntos planteados durante la presentación fue el papel que tiene la tierra en comunidades indígenas y rurales, no solo como patrimonio económico, sino también como elemento ligado a identidad, territorio y vida comunitaria.

El representante del INPI, Iván Ramos Méndez, señaló que el acceso a la tierra tiene implicaciones sociales y culturales para mujeres indígenas y afromexicanas, especialmente en contextos donde históricamente han existido procesos de invisibilización jurídica.

Asimismo, la subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Griselda Martínez Vázquez, destacó el incremento de participación femenina en órganos de representación agraria.

Libro busca aportar al debate público

Las instituciones participantes señalaron que la publicación busca servir como una herramienta de análisis sobre justicia territorial, igualdad sustantiva y condiciones de acceso a derechos agrarios para mujeres rurales en México.

Además de reunir datos y experiencias, el libro plantea reflexiones sobre la necesidad de fortalecer políticas públicas, marcos normativos y mecanismos de acompañamiento para reducir las brechas de género en el ámbito agrario.

Con 29 votos a favor de los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, y 11 votos en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma al Poder Judicial.

La propuesta plantea aplazar de 2027 a 2028 la elección de jueces, magistrados y ministros, con la posibilidad de que dicho proceso se realice de manera conjunta con la consulta de revocación de mandato presidencial.

Nuevo modelo de selección judicial

La iniciativa también contempla la creación de una comisión coordinadora encargada de evaluar a las y los aspirantes a cargos judiciales. Este órgano tendría la tarea de revisar el cumplimiento de requisitos legales, así como aplicar exámenes de conocimientos para filtrar perfiles.

Además, el dictamen prevé reducir el número de candidatos mediante un proceso de selección previa, seguido de un mecanismo de insaculación para definir a los finalistas.

Debate en sesión extraordinaria

El dictamen será discutido este mismo día en sesión extraordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, donde se prevé un debate intenso entre las distintas fuerzas políticas.

Durante la discusión en comisiones, la diputada del PT, Lilia Aguilar Gil, defendió la propuesta legislativa y respondió a las críticas de la oposición, particularmente aquellas que vincularon el debate con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La legisladora aseguró que la reforma busca fortalecer los mecanismos de evaluación y transparencia en la integración del Poder Judicial, mientras que la oposición advirtió riesgos en el diseño del nuevo modelo.