Nuevos documentos integrados a una investigación periodística han ampliado las líneas de indagación sobre una presunta red de empresas, contratos públicos y estructuras corporativas que habrían operado en el estado de Sonora bajo la influencia del empresario sonorense Carlos Benito Astiazarán Aguilar.

La documentación revisada señala posibles vínculos entre diversas compañías y proyectos financiados con recursos públicos, particularmente en el ámbito de la infraestructura social, aunque hasta el momento no existe una resolución judicial firme que determine responsabilidades penales o administrativas sobre los hechos expuestos.

Uno de los puntos centrales de la investigación se relaciona con la participación de Astiazarán Aguilar dentro del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), organismo encargado de impulsar proyectos comunitarios y de infraestructura mediante recursos públicos.

De acuerdo con el Acta 113/2021 del Consejo Directivo del CECOP, celebrada el 10 de noviembre de 2021, el empresario fue designado representante de la sociedad civil y tesorero del organismo para el periodo 2021-2024. Según la investigación, dicho nombramiento habría coincidido con la asignación de contratos públicos a empresas presuntamente relacionadas con su entorno empresarial.

Empresa bajo la lupa

Entre los casos analizados destaca el de Cumbre Conservaciones S.A. de C.V., compañía constituida en agosto de 2021, semanas antes del inicio de la actual administración estatal.

La documentación corporativa consultada identifica como accionistas a Alonso Martínez Gámez y Renato Martínez Gámez. Sin embargo, testimonios y documentos integrados al expediente sostienen que la empresa presuntamente habría sido creada bajo instrucciones y control indirecto de Astiazarán Aguilar.

La investigación también plantea que la empresa Cumbre Conservaciones S.A. de C.V. presuntamente habría seguido un esquema similar al observado en otros casos relacionados con contrataciones públicas, particularmente el identificado en torno a la empresa Urbanizadora de la Presa S.A. de C.V. y la participación como prestanombres de los señores Hedman Araujo Cortés y Leonel Araujo Cortés en contratos vinculados al suministro para los centros penitenciarios del estado.

Asimismo, los documentos revisados señalan que la empresa presuntamente no contaba con la estructura operativa, personal, activos, infraestructura o capacidad financiera suficiente para ejecutar contratos  al momento de recibir las adjudicaciones señaladas.

Contrato millonario en Guaymas

Dentro de los expedientes revisados figura la Licitación Pública 926059937-001-2023 para trabajos de recarpeteo en el municipio de Guaymas, Sonora, mediante la cual Cumbre Conservaciones S.A. de C.V. obtuvo un contrato superior a los 22.7 millones de pesos.

La documentación financiera incorporada a la investigación también refiere una transferencia por aproximadamente 7.9 millones de pesos realizada por el CECOP en marzo de 2023 a una cuenta vinculada con la empresa, como parte de la ejecución contractual correspondiente.

Posibles conexiones empresariales

Otra línea de investigación apunta a una presunta interconexión administrativa, contable y fiscal entre Cumbre Conservaciones y diversas empresas relacionadas con el entorno empresarial del señor Carlos Benito Astiazarán Aguilar.

Entre ellas aparecen mencionadas Turística Los Algodones S.A. de C.V., Reciclados y Pavimentaciones S.A. de C.V., Black Sand Mining S.A. de C.V. y Pavimentos y Emulsiones Black Road S.A. de C.V.

De acuerdo con los registros revisados, varias de estas sociedades compartirían domicilios fiscales, contadores, comisarios y operadores administrativos. Especialistas consultados dentro de la investigación consideran que estos elementos podrían ser relevantes para analizar posibles esquemas de financiamiento interno, triangulación de recursos o simulación de operaciones, aspectos que correspondería determinar a las autoridades competentes.

Dentro del expediente también se menciona al contador público Luis Ángel Sandoval Rábago, quien presuntamente habría participado durante años en labores administrativas y contables de diversas empresas relacionadas con el grupo empresarial investigado.

Denuncias e investigaciones continúan

La investigación también refiere la existencia de grabaciones atribuidas a Carlos Benito Astiazarán Aguilar en las que presuntamente afirma mantener influencia con altos funcionarios del gobierno estatal.

No obstante, a pesar de haberse denunciado estos hechos hasta la fecha no existe una resolución definitiva emitida por autoridad competente que confirme las acusaciones o establezca responsabilidades legales derivadas de los hechos señalados.

Mientras tanto, documentos corporativos, registros fiscales, movimientos bancarios y diversos testimonios continúan siendo integrados a denuncias y procedimientos que, de acuerdo con fuentes consultadas, permanecen abiertos ante distintas instancias de investigación.

El caso sigue en desarrollo y se espera que tanto las autoridades como las personas mencionadas en los expedientes puedan emitir las aclaraciones, respuestas o posicionamientos correspondientes conforme avancen las indagatorias.

Finalmente, este medio hace un llamado a que las personas, empresarios, funcionarios y representantes de las empresas mencionadas en los expedientes puedan emitir su versión de los hechos, aclaraciones o posicionamientos correspondientes, en ejercicio de su derecho de réplica.

Asimismo, se espera que las autoridades competentes continúen con las investigaciones para determinar si existen o no responsabilidades legales. De igual forma, no se descarta que la información sea planteada ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante una próxima edición de la Mañanera del Pueblo, a fin de conocer la postura del Gobierno Federal sobre las denuncias y señalamientos que forman parte de esta investigación en desarrollo.