Continuamos recibiendo documentos y antecedentes relacionados con presuntas operaciones que involucran recursos públicos, al empresario sonorense Carlos Benito Astiazarán Aguilar y a diversas dependencias del Gobierno del Estado de Sonora.

En esta ocasión, los datos recabados no están relacionados con contratos gubernamentales adjudicados a compañías vinculadas al empresario, sino con una transacción que, de acuerdo con la investigación, habría implicado pagos millonarios en favor de Marina Sol Bajo, S.A. de C.V., sociedad de la cual es accionista.

Según los antecedentes obtenidos, el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, habría comprometido o efectuado desembolsos por aproximadamente 35 millones de pesos, derivados de la adquisición o regularización de una fracción de terreno de 17,839 metros cuadrados correspondiente a un tramo del Boulevard Tetakawi, en San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora, identificado como Porción 2 Avenida.

Conforme a la documentación consultada, dicho predio forma parte de una vialidad construida con recursos públicos hace más de tres décadas y que atraviesa terrenos propiedad de la citada sociedad mercantil. Asimismo, se señala que la obra habría sido ejecutada originalmente por constructoras relacionadas con el mismo grupo empresarial al que se encuentra vinculado Carlos Benito Astiazarán Aguilar.

Fuentes consultadas sostienen que, por la naturaleza de la vialidad y el marco normativo aplicable en materia de urbanización y desarrollo urbano vigente en aquella época, resulta necesario esclarecer si existía la obligación legal de ceder gratuitamente esa área al dominio público, por lo que cualquier solicitud de pago debió ser antes estudiada y aprobada por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora (SIDUR)

Subdivisión del predio y desarrollo inmobiliario

Los registros revisados muestran que, en mayo de 2024, fue inscrita ante el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora una subdivisión del predio denominado Los Tomates, ubicado en San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora, inmueble originalmente adquirido por Fernando María, Alejandro Agustín, Alberto, Francisco Xavier y Carlos Benito Astiazarán Aguilar.

Como resultado de dicha subdivisión se generó, además de la fracción vinculada a la operación previamente descrita, un lote con una extensión aproximada de 151,854 metros cuadrados. Según los antecedentes recabados, esta superficie forma parte actualmente del desarrollo inmobiliario denominado “Sol Bajo”, impulsado por una sociedad relacionada con Astiazarán Aguilar en asociación con Inmobiliaria Piedras Pintas, S.A. de C.V.

La información corporativa consultada señala que en esta última sociedad tiene participación Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, actual presidente municipal de Hermosillo, quien además coincidió con Carlos Benito Astiazarán Aguilar como integrante del Consejo Directivo del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP).

Adicionalmente, es un hecho público que ambos mantienen un vínculo familiar, ya que Carlos Benito Astiazarán es hermano del padre de Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez. Estas circunstancias resultan relevantes para el análisis de los hechos descritos en la presente investigación, particularmente en lo relativo a la posible existencia de conflictos de interés derivados de las relaciones familiares, empresariales e institucionales identificadas.

Controversias societarias

De acuerdo con diversos documentos y testimonios incorporados a la investigación, previo al inicio del desarrollo inmobiliario “Sol Bajo” se habrían celebrado diversas asambleas societarias mediante las cuales se buscó modificar la estructura de control de Marina Sol Bajo, S.A. de C.V.

Algunos accionistas sostienen que dichas actuaciones tuvieron como consecuencia el desconocimiento de socios que, en su momento, recibieron acciones de la compañía y que representarían aproximadamente el 15% de su capital social. Según las fuentes afirman que los afectados habrían conservado esa participación durante más de dos décadas y sostienen que las resoluciones adoptadas los privaron indebidamente de derechos corporativos y beneficios económicos vinculados al proyecto inmobiliario.

Con base en la información recabada, no ha sido posible determinar si estas circunstancias fueron conocidas, ignoradas o debidamente evaluadas por Inmobiliaria Piedras Pintas, S.A. de C.V., por Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez o por la institución fiduciaria que intervino en la constitución del fideicomiso relacionado con el desarrollo, con anterioridad a la formalización de los instrumentos correspondientes.

Uso de activos societarios como respaldo de obligaciones

La investigación también documenta que activos pertenecientes a Marina Sol Bajo, S.A. de C.V. habrían sido utilizados para garantizar obligaciones relacionadas con contratos obtenidos por Urbanizadora de la Presa, S.A. de C.V., empresa vinculada a Carlos Benito Astiazarán Aguilar y su esposa Veatríz Campa Robles; operada con la participación de Hedman Araujo Cortés y Leonel Araujo Cortés como sus prestanombres, poniendo en riesgo el patrimonio de la empresa y de sus accionistas.

De acuerdo con los antecedentes recabados, la garantía en cuestión habría sido suscrita por Francisco Javier Astiazarán Tolentino, sobrino, compadre y socio de Carlos Benito Astiazarán Aguilar, sin contar presuntamente con la autorización de la totalidad de los socios.

Donación de terreno al Gobierno del Estado

Por otro lado, la investigación identificó que en junio de 2023 la empresa Rocky Point, S.A. de C.V., accionista mayoritaria de la multirreferida empresa Marina Sol Bajo, S.A. de C.V., sociedad en la que participa Carlos Benito Astiazarán Aguilar, celebró un contrato de donación mediante el cual habría transferido al Gobierno del Estado de Sonora una superficie aproximada de 50,000 metros cuadrados ubicada en Puerto Peñasco, Sonora.

Asimismo, se identificó que el 14 de diciembre de 2023 se realizó una transferencia electrónica por la cantidad de $1,410,000.00 (un millón cuatrocientos diez mil pesos 00/100 M.N.) desde una cuenta bancaria de BBVA a nombre de Urbanizadora de La Presa, S.A. de C.V., a favor de la empresa Rocky Point, S.A. de C.V, sociedad en la que participa el referido empresario y que previamente celebró un contrato de donación a favor del Gobierno del Estado de Sonora.

Necesidad de esclarecimiento institucional

Los hechos descritos en esta investigación contienen elementos que, por su relevancia pública y posible impacto en el manejo de recursos y bienes de interés colectivo, ameritan ser revisados por las autoridades estatales y federales competentes.

Especialistas consultados en materia de combate a la corrupción, fiscalización y delitos financieros señalan que, en caso de acreditarse los hechos referidos y confirmarse la existencia de operaciones simuladas, triangulación de recursos, utilización de prestanombres o mecanismos de ocultamiento patrimonial, podrían actualizarse diversas conductas previstas en la legislación mexicana, entre ellas operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, tráfico de influencias, fraude procesal, actos de corrupción relacionados con la contratación pública e incluso delincuencia organizada, dependiendo de las circunstancias específicas que lleguen a acreditarse y del grado de participación de cada una de las personas involucradas.

No obstante, corresponde exclusivamente a las autoridades competentes determinar la existencia de posibles irregularidades, deslindar responsabilidades y, en su caso, ejercer las acciones legales que procedan conforme a derecho.

Con el propósito de incorporar todas las versiones relacionadas con este asunto y garantizar el derecho de audiencia de las personas mencionadas, se realizaron gestiones para solicitar sus comentarios y posicionamientos respecto de los hechos aquí expuestos. Sin embargo, al momento de esta publicación no se había recibido respuesta.

La secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, descartó que Mahahual, Quintana Roo, sea convertido en Área Natural Protegida, al señalar que la región necesita mantenerse como un sitio turístico. Durante una visita a la comunidad, la funcionaria aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió escuchar directamente a los habitantes para conocer sus necesidades y definir proyectos que beneficien a la población.

Como parte de una gira de trabajo por tres días por Quintana Roo, que también incluye visitas a Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum, Bárcena sostuvo encuentros con habitantes y representantes de distintos sectores para dialogar sobre el futuro de la zona: “Queremos escuchar sus inquietudes, sus necesidades, en qué podemos apoyar”, expresó durante su recorrido por Mahahual.

La declaración ocurre semanas después de que la Semarnat rechazó la construcción del megaproyecto turístico “Perfect Day”, impulsado por Royal Caribbean. El proyecto contemplaba un parque acuático, un club de playa y un muelle para cruceros en una zona arrecifal considerada ambientalmente sensible, por lo que la dependencia determinó negar los permisos tras identificar diversos riesgos ambientales.

Durante el encuentro, representantes empresariales señalaron la importancia de impulsar el desarrollo económico de Mahahual a través del turismo. El proyecto “Perfect Day” contemplaba una inversión cercana a los mil millones de dólares y la llegada de hasta 21 mil visitantes diarios a una comunidad con alrededor de 2 mil 600 habitantes, por lo que su cancelación abrió el debate sobre el equilibrio entre conservación ambiental y crecimiento turístico en la región.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió este miércoles a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE) que reflexionen sobre la «responsabilidad compartida» de construir soluciones basadas en el diálogo, después de que se registraran actos violentos como la irrupción de manifestantes a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

«Manifestamos el respeto a su movimiento. Y nuestra convicción de que el diálogo es la única ruta para construir soluciones duraderas (…) Por ello hacemos el llamado a su movimiento magisterial, a las organizaciones sociales, para que reflexionemos sobre este contexto y sobre la responsabilidad compartida que tenemos de construir soluciones mediante el diálogo», señaló la funcionaria en una conferencia pública.

Esta declaración de la funcionaria se produjo después de que un grupo de presuntos maestros de la CNTE irrumpieran violentamente este miércoles en las instalaciones de la SEP en la capital mexicana, en una nueva escalada de las protestas que llevan protagonizando semanas para demandar mejoras salariales.

Los manifestantes amenazan incluso con boicotear el Mundial 2026 en México, cuyo partido inaugural será el próximo 11 de junio en la capital del país.

Rodríguez afirmó que la «instrucción contundente» que recibieron de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es atender los planteamientos de los manifestantes, por lo que reiteró que las autoridades tienen «las puertas abiertas al diálogo».

Por ello, defendió su «compromiso» con los «movimientos sociales» y el magisterio basado en la «verdad, justicia y reparación».

«Lo vamos a seguir haciendo con toda convicción porque estamos convencidos de que la justicia es una condición indispensable para la construcción de la paz y para fortalecer nuestra democracia», añadió.

No obstante, la funcionaria pidió «mantener abiertas las vías de comunicación», al tiempo que subrayó que las peticiones que no se pueden atender es «por falta de presupuesto, no es falta de voluntad».

«Que pueda coexistir el derecho de millones de personas que diariamente transitan por nuestras ciudades y que podemos encontrar mecanismos que permitan expresar legítimamente las demandas de ese movimiento sin afectar innecesariamente la vida cotidiana de la población», sentenció.