Continuamos recibiendo documentos y antecedentes relacionados con presuntas operaciones que involucran recursos públicos, al empresario sonorense Carlos Benito Astiazarán Aguilar y a diversas dependencias del Gobierno del Estado de Sonora.

En esta ocasión, los datos recabados no están relacionados con contratos gubernamentales adjudicados a compañías vinculadas al empresario, sino con una transacción que, de acuerdo con la investigación, habría implicado pagos millonarios en favor de Marina Sol Bajo, S.A. de C.V., sociedad de la cual es accionista.

Según los antecedentes obtenidos, el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, habría comprometido o efectuado desembolsos por aproximadamente 35 millones de pesos, derivados de la adquisición o regularización de una fracción de terreno de 17,839 metros cuadrados correspondiente a un tramo del Boulevard Tetakawi, en San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora, identificado como Porción 2 Avenida.

Conforme a la documentación consultada, dicho predio forma parte de una vialidad construida con recursos públicos hace más de tres décadas y que atraviesa terrenos propiedad de la citada sociedad mercantil. Asimismo, se señala que la obra habría sido ejecutada originalmente por constructoras relacionadas con el mismo grupo empresarial al que se encuentra vinculado Carlos Benito Astiazarán Aguilar.

Fuentes consultadas sostienen que, por la naturaleza de la vialidad y el marco normativo aplicable en materia de urbanización y desarrollo urbano vigente en aquella época, resulta necesario esclarecer si existía la obligación legal de ceder gratuitamente esa área al dominio público, por lo que cualquier solicitud de pago debió ser antes estudiada y aprobada por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora (SIDUR)

Subdivisión del predio y desarrollo inmobiliario

Los registros revisados muestran que, en mayo de 2024, fue inscrita ante el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora una subdivisión del predio denominado Los Tomates, ubicado en San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora, inmueble originalmente adquirido por Fernando María, Alejandro Agustín, Alberto, Francisco Xavier y Carlos Benito Astiazarán Aguilar.

Como resultado de dicha subdivisión se generó, además de la fracción vinculada a la operación previamente descrita, un lote con una extensión aproximada de 151,854 metros cuadrados. Según los antecedentes recabados, esta superficie forma parte actualmente del desarrollo inmobiliario denominado “Sol Bajo”, impulsado por una sociedad relacionada con Astiazarán Aguilar en asociación con Inmobiliaria Piedras Pintas, S.A. de C.V.

La información corporativa consultada señala que en esta última sociedad tiene participación Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, actual presidente municipal de Hermosillo, quien además coincidió con Carlos Benito Astiazarán Aguilar como integrante del Consejo Directivo del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP).

Adicionalmente, es un hecho público que ambos mantienen un vínculo familiar, ya que Carlos Benito Astiazarán es hermano del padre de Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez. Estas circunstancias resultan relevantes para el análisis de los hechos descritos en la presente investigación, particularmente en lo relativo a la posible existencia de conflictos de interés derivados de las relaciones familiares, empresariales e institucionales identificadas.

Controversias societarias

De acuerdo con diversos documentos y testimonios incorporados a la investigación, previo al inicio del desarrollo inmobiliario “Sol Bajo” se habrían celebrado diversas asambleas societarias mediante las cuales se buscó modificar la estructura de control de Marina Sol Bajo, S.A. de C.V.

Algunos accionistas sostienen que dichas actuaciones tuvieron como consecuencia el desconocimiento de socios que, en su momento, recibieron acciones de la compañía y que representarían aproximadamente el 15% de su capital social. Según las fuentes afirman que los afectados habrían conservado esa participación durante más de dos décadas y sostienen que las resoluciones adoptadas los privaron indebidamente de derechos corporativos y beneficios económicos vinculados al proyecto inmobiliario.

Con base en la información recabada, no ha sido posible determinar si estas circunstancias fueron conocidas, ignoradas o debidamente evaluadas por Inmobiliaria Piedras Pintas, S.A. de C.V., por Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez o por la institución fiduciaria que intervino en la constitución del fideicomiso relacionado con el desarrollo, con anterioridad a la formalización de los instrumentos correspondientes.

Uso de activos societarios como respaldo de obligaciones

La investigación también documenta que activos pertenecientes a Marina Sol Bajo, S.A. de C.V. habrían sido utilizados para garantizar obligaciones relacionadas con contratos obtenidos por Urbanizadora de la Presa, S.A. de C.V., empresa vinculada a Carlos Benito Astiazarán Aguilar y su esposa Veatríz Campa Robles; operada con la participación de Hedman Araujo Cortés y Leonel Araujo Cortés como sus prestanombres, poniendo en riesgo el patrimonio de la empresa y de sus accionistas.

De acuerdo con los antecedentes recabados, la garantía en cuestión habría sido suscrita por Francisco Javier Astiazarán Tolentino, sobrino, compadre y socio de Carlos Benito Astiazarán Aguilar, sin contar presuntamente con la autorización de la totalidad de los socios.

Donación de terreno al Gobierno del Estado

Por otro lado, la investigación identificó que en junio de 2023 la empresa Rocky Point, S.A. de C.V., accionista mayoritaria de la multirreferida empresa Marina Sol Bajo, S.A. de C.V., sociedad en la que participa Carlos Benito Astiazarán Aguilar, celebró un contrato de donación mediante el cual habría transferido al Gobierno del Estado de Sonora una superficie aproximada de 50,000 metros cuadrados ubicada en Puerto Peñasco, Sonora.

Asimismo, se identificó que el 14 de diciembre de 2023 se realizó una transferencia electrónica por la cantidad de $1,410,000.00 (un millón cuatrocientos diez mil pesos 00/100 M.N.) desde una cuenta bancaria de BBVA a nombre de Urbanizadora de La Presa, S.A. de C.V., a favor de la empresa Rocky Point, S.A. de C.V, sociedad en la que participa el referido empresario y que previamente celebró un contrato de donación a favor del Gobierno del Estado de Sonora.

Necesidad de esclarecimiento institucional

Los hechos descritos en esta investigación contienen elementos que, por su relevancia pública y posible impacto en el manejo de recursos y bienes de interés colectivo, ameritan ser revisados por las autoridades estatales y federales competentes.

Especialistas consultados en materia de combate a la corrupción, fiscalización y delitos financieros señalan que, en caso de acreditarse los hechos referidos y confirmarse la existencia de operaciones simuladas, triangulación de recursos, utilización de prestanombres o mecanismos de ocultamiento patrimonial, podrían actualizarse diversas conductas previstas en la legislación mexicana, entre ellas operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, tráfico de influencias, fraude procesal, actos de corrupción relacionados con la contratación pública e incluso delincuencia organizada, dependiendo de las circunstancias específicas que lleguen a acreditarse y del grado de participación de cada una de las personas involucradas.

No obstante, corresponde exclusivamente a las autoridades competentes determinar la existencia de posibles irregularidades, deslindar responsabilidades y, en su caso, ejercer las acciones legales que procedan conforme a derecho.

Con el propósito de incorporar todas las versiones relacionadas con este asunto y garantizar el derecho de audiencia de las personas mencionadas, se realizaron gestiones para solicitar sus comentarios y posicionamientos respecto de los hechos aquí expuestos. Sin embargo, al momento de esta publicación no se había recibido respuesta.