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Rafael Marín y su perfil en aduanas lo colocan en la conversación política rumbo a Quintana Roo

El huachicol fiscal ha sido identificado como uno de los principales retos en materia de comercio exterior en México.

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En el inicio del reacomodo político rumbo a la sucesión en Quintana Roo, uno de los nombres que ha comenzado a tomar fuerza en el debate público es el de Rafael Marín Mollinedo, funcionario con experiencia en proyectos estratégicos del Gobierno federal y en la administración del sistema aduanero mexicano.

Su trayectoria reciente ha estado marcada por su paso en áreas clave relacionadas con el comercio exterior y el combate a prácticas ilícitas conocidas como huachicol fiscal, un fenómeno que ha representado pérdidas importantes para las finanzas públicas.

Combate al huachicol fiscal desde aduanas

A diferencia del robo tradicional de combustible en ductos, el huachicol fiscal se refiere a esquemas de evasión mediante la importación de hidrocarburos bajo clasificaciones falsas, con el objetivo de evitar el pago de impuestos correspondientes.

Desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín impulsó acciones de vigilancia, análisis de riesgo y fortalecimiento de sistemas tecnológicos para detectar irregularidades en el ingreso de mercancías al país, particularmente en operaciones relacionadas con combustibles.

De acuerdo con reportes institucionales y revisiones internas, se reforzaron mecanismos para identificar cargamentos que eran declarados como productos distintos, pese a tratarse de hidrocarburos.

Esquemas de simulación en importaciones

Uno de los métodos detectados consistía en registrar gasolina o diésel como aceites, lubricantes o insumos industriales, categorías sujetas a una carga fiscal diferente. Una vez dentro del país, estos productos eran distribuidos como combustible convencional.

Este tipo de prácticas derivó en investigaciones y revisiones más estrictas en diversas aduanas del territorio nacional, ante el incremento de movimientos inusuales en importaciones relacionadas con productos derivados del petróleo.

Casos y operativos de revisión

En el marco de estos esfuerzos, autoridades federales han documentado diversos aseguramientos de embarques vinculados con posibles irregularidades en su declaración de origen y contenido. Entre los casos más relevantes se encuentra la revisión de embarcaciones en puertos del Golfo de México, donde se detectaron volúmenes significativos de hidrocarburos reportados bajo otras fracciones arancelarias.

Estos operativos han sido considerados como parte del reforzamiento del control aduanero y la supervisión del comercio exterior en México.

Fortalecimiento institucional en aduanas

Durante su gestión, también se impulsó el uso de herramientas tecnológicas para el análisis de riesgo, así como mecanismos de verificación física y documental de mercancías. Estas medidas buscaron cerrar espacios a posibles prácticas de evasión fiscal y mejorar la trazabilidad de los productos importados.

Asimismo, se reforzó la colaboración entre distintas áreas de seguridad y fiscalización para mejorar la detección de operaciones irregulares en puntos de entrada al país.

Un tema de impacto económico

Especialistas en materia económica han señalado que el huachicol fiscal representa un desafío relevante para la recaudación nacional, al tratarse de esquemas que afectan directamente los ingresos tributarios del Estado y distorsionan el mercado de combustibles.

Por ello, el fortalecimiento de los controles aduaneros ha sido considerado una pieza clave dentro de la estrategia de combate a la evasión fiscal en el comercio exterior.

Presencia en el escenario político de Quintana Roo

En este contexto, la trayectoria de Rafael Marín en la administración pública federal y su participación en áreas estratégicas como las aduanas lo han colocado en la conversación política de Quintana Roo.

Sectores cercanos a su perfil destacan su experiencia en gestión gubernamental, desarrollo económico y control institucional como elementos que lo mantienen vigente dentro del análisis sobre posibles aspirantes rumbo a la próxima etapa política en la entidad.

Con ello, su nombre continúa apareciendo en el debate público como uno de los actores con presencia dentro del panorama político estatal.

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Beatriz Mojica, Ariadna Montiel y Abelina López acuerdan unidad de Morena en Guerrero

“En diálogo con la presidenta de nuestro partido Morena, Ariadna Montiel Reyes, y nuestra compañera Abelina López Rodríguez, coincidimos en cuidar a nuestro movimiento Morena, seguir dialogando para propiciar la unidad en todo momento.

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La coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica Morga; la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la ex aspirante a coordinadora, Abelina López Rodríguez, acordaron unidad para fortalecer al movimiento en la entidad.

“En diálogo con la presidenta de nuestro partido Morena, Ariadna Montiel Reyes, y nuestra compañera Abelina López Rodríguez, coincidimos en cuidar a nuestro movimiento Morena, seguir dialogando para propiciar la unidad en todo momento.

Porque en nuestro partido sobre cualquier interés personal está el interés del pueblo de Guerrero”, señaló Beatriz Mojica Morga.

En el acuerdo se reconoció el trabajo incansable de Abelina López al lado del pueblo de Acapulco y en el proceso interno en el que recorrió todo el estado de Guerrero.

Beatriz Mojica Morga subrayó que la unidad es el pilar fundamental de la Cuarta Transformación y que solo con organización, diálogo permanente y respeto entre compañeras y compañeros se podrá seguir avanzando en la defensa de la soberanía y el bienestar del pueblo de Guerrero.

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Diputado acusa persecución política tras clausuras a negocio familiar en Tlaquepaque

El legislador aseguró que inspectores municipales realizaron dos clausuras al negocio de su familia y cuestionó los procedimientos aplicados.

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El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alberto Alfaro García, acusó al Gobierno de San Pedro Tlaquepaque de emprender una presunta persecución política en su contra, luego de que autoridades municipales clausuraran en dos ocasiones un negocio de fabricación de muebles propiedad de su familia.

De acuerdo con el legislador, el pasado domingo 20 de septiembre un grupo de inspectores municipales acudió al establecimiento para colocar sellos de clausura. Alfaro García cuestionó el procedimiento y aseguró que los funcionarios actuaron con una orden que, desde su perspectiva, carecía de sustento.

“Llegaron con una orden ilegal, sin pies, sin cabeza y en menos de 20 minutos nos clausuraron”, afirmó el diputado, quien también sostuvo que los inspectores asentaron en el acta que no se les permitió ingresar al establecimiento, aunque, según su versión, determinaron desde el exterior que el inmueble no contaba con las medidas de seguridad necesarias.

El legislador calificó el procedimiento como irregular y señaló que el negocio familiar cuenta con alrededor de 30 años de trayectoria.

Posteriormente, relató, otro grupo de trabajadores municipales regresó al establecimiento y realizó una segunda clausura, esta vez bajo el argumento de presuntos incumplimientos en materia ambiental.

Alfaro García sostuvo que ambas acciones no serían hechos aislados y las relacionó con las denuncias que ha presentado contra integrantes del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura.

“Esto no es una casualidad. Esto es una persecución política”, afirmó el legislador, al señalar también a funcionarios municipales, entre ellos el secretario general, el síndico y el contralor.

El diputado aseguró que previamente ha presentado denuncias formales por presuntas irregularidades dentro de la administración municipal y dijo que también ha solicitado explicaciones sobre el destino de más de 300 millones de pesos entregados a contratistas que, según sus señalamientos, no serían del municipio.

Estas acusaciones se suman a otras denuncias públicas realizadas durante 2026 por Alfaro García contra funcionarios de Tlaquepaque. Entre ellas se encuentran señalamientos relacionados con contrataciones de maquinaria pesada y el arrendamiento de camiones para el servicio de recolección de basura, casos que fueron llevados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco.

El legislador pidió la intervención de autoridades federales, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para revisar los hechos que ha denunciado.

Asimismo, Alfaro García aseguró que comerciantes y empresarios de San Pedro Tlaquepaque que no simpatizan con Morena enfrentan, según su señalamiento, multas, clausuras y otras acciones que considera arbitrarias.

Hasta el momento, los señalamientos sobre una presunta persecución política y las irregularidades que refiere el diputado corresponden a sus declaraciones y acusaciones; su determinación dependerá de las investigaciones y procedimientos que correspondan a las autoridades competentes.

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Gabinete de seguridad supervisa operativo previo a visita de Sheinbaum en Sinaloa

En el encuentro, en el que participaron integrantes del Gabinete de Seguridad, incluido el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, se acordó fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como las capacidades de las corporaciones locales.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó una reunión con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, para evaluar y reforzar las acciones de seguridad en Mazatlán y otras zonas del estado.

En el encuentro, en el que participaron integrantes del Gabinete de Seguridad, incluido el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, se acordó fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como las capacidades de las corporaciones locales.

La reunión se realizó ante la violencia registrada en distintas regiones de Sinaloa y días antes de la visita de la presidenta de México,  Claudia Sheinbaum Pardo. Como parte del operativo, la Sedena informó previamente sobre el despliegue de mil 600 elementos del Ejército y 100 integrantes de Fuerzas Especiales en Mazatlán.

Las autoridades también revisaron las condiciones del despliegue federal y las acciones para mantener y ampliar la presencia de las instituciones de seguridad en las zonas que lo requieran.

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