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Nacionales

Fiscalía de Sonora enfrenta cuestionamientos por inactividad ministerial y fraudes inmobiliarios

Recomendaciones de Derechos Humanos y un exhorto del Congreso estatal documentan cuestionamientos sobre la actuación ministerial.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) enfrenta diversos cuestionamientos relacionados con presunta inactividad ministerial, el creciente fenómeno de los fraudes inmobiliarios y señalamientos públicos contra su titular, Gustavo Rómulo Salas Chávez, quien ocupa el cargo desde mayo de 2023.

Los antecedentes mencionados incluyen recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH), un exhorto presentado ante el Congreso del Estado por el problema de los fraudes inmobiliarios y acusaciones formuladas públicamente por particulares y sus representantes legales. Estos señalamientos, por sí mismos, no acreditan responsabilidades y permanecen sujetos a las determinaciones de las autoridades competentes.

Derechos Humanos documentó casos de inactividad ministerial

Durante 2024, la CEDH emitió diversas recomendaciones relacionadas con actuaciones de la Fiscalía estatal. Entre ellas se encuentran las recomendaciones 15/2024, 16/2024, 17/2024, 18/2024, 19/2024 y 20/2024, correspondientes a asuntos de desaparición en los que se señala expresamente la existencia de inactividad ministerial.

La relevancia de estos documentos radica en que se trata de determinaciones emitidas por un organismo público de derechos humanos después de procedimientos institucionales.

Estos antecedentes plantean la necesidad de conocer el estado que guardan las carpetas de investigación señaladas por falta de avances, así como las medidas implementadas por la Fiscalía para evitar que las investigaciones permanezcan sin diligencias durante periodos prolongados.

Congreso alertó por fraudes inmobiliarios

Otro de los antecedentes se encuentra en el Congreso del Estado de Sonora, donde en noviembre de 2024 fue presentada una iniciativa con punto de acuerdo para exhortar al fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez y a la titular del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora a realizar un diagnóstico pormenorizado sobre el creciente fenómeno de los fraudes inmobiliarios.

El documento legislativo señala una problemática que puede afectar directamente el patrimonio de ciudadanos y familias.

En este tipo de casos pueden estar involucrados documentos, registros, operaciones mercantiles y denuncias relacionadas con posibles delitos patrimoniales, por lo que la actuación de las autoridades encargadas de investigar resulta determinante para establecer responsabilidades.

Entre los datos que permitirían dimensionar el problema se encuentran el número de denuncias por fraude inmobiliario, despojo y falsificación de documentos, así como la cantidad de carpetas que han sido judicializadas o que permanecen abiertas.

Carpetas abiertas y avance de las investigaciones

La existencia de una carpeta de investigación abierta no necesariamente significa que todas las diligencias se encuentren en curso de manera continua.

De acuerdo con el marco jurídico referido en la información proporcionada, existen figuras como la abstención de investigar, el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, determinaciones que deben cumplir con los requisitos legales correspondientes y que pueden ser impugnadas por las víctimas en los casos previstos por la legislación.

Por ello, uno de los puntos a esclarecer en los casos señalados es si las carpetas permanecen abiertas, qué diligencias se han realizado y cuándo se efectuaron las últimas actuaciones ministeriales.

También existen acusaciones públicas

A estos antecedentes se suman señalamientos realizados públicamente por particulares y abogados. Entre ellos se encuentra el caso difundido en agosto de 2024 de los hermanos Joaquín Alberto “N” y Claudia “N”, cuya defensa y familiares acusaron a la Fiscalía de Sonora de presunta fabricación de pruebas y detención ilegal en un asunto relacionado con un ciudadano estadounidense.

Las acusaciones fueron formuladas por particulares y su defensa, por lo que su contenido no puede considerarse como una responsabilidad acreditada sin las resoluciones correspondientes de las autoridades judiciales.

También se ha referido la presentación, durante 2024, de una solicitud de juicio político contra Gustavo Rómulo Salas Chávez, en la que sus promoventes formularon acusaciones contra la actuación de la Fiscalía.

La presentación de una denuncia o solicitud de juicio político tampoco acredita por sí misma responsabilidad. En caso de haber sido recibida por el Congreso estatal, su trámite y resolución constituyen elementos que pueden ser consultados para conocer qué ocurrió con el procedimiento.

Un problema con antecedentes anteriores

Los documentos mencionados de la CEDH muestran que los cuestionamientos relacionados con la actuación ministerial no comenzaron exclusivamente durante la actual administración.

En años anteriores también fueron emitidas recomendaciones contra la Fiscalía por conceptos como dilación en la procuración de justicia, incumplimiento de un deber legal e inactividad ministerial.

Ante estos antecedentes, uno de los aspectos centrales es conocer qué medidas fueron implementadas por la actual administración para atender las deficiencias señaladas y evitar que se repitan.

En los casos relacionados con delitos patrimoniales, la respuesta institucional adquiere especial relevancia debido a que las investigaciones pueden involucrar propiedades, documentos y operaciones que representan parte importante del patrimonio de las personas denunciantes.

Los señalamientos que deben comprobarse

Los datos proporcionados también hacen referencia a acusaciones adicionales de lavado de dinero y tráfico de influencias. Al tratarse de señalamientos, no pueden presentarse como hechos acreditados sin documentación o resoluciones de las autoridades competentes.

En ese contexto, cualquier investigación sobre posibles actos ilícitos tendría que establecer quiénes participaron, qué conductas se atribuyen a cada persona, qué elementos de prueba existen y cuál ha sido la actuación de las autoridades responsables de las investigaciones.

El punto central, en este escenario, es diferenciar entre las denuncias y acusaciones formuladas públicamente y aquellas responsabilidades que hayan sido determinadas mediante procedimientos legales.

Transparencia sobre las carpetas

Ante los cuestionamientos documentados, resulta relevante conocer, dentro de los límites legales de reserva de las investigaciones, cuántas carpetas por fraude inmobiliario y despojo permanecen abiertas, cuántas han sido judicializadas y cuánto tiempo llevan en trámite.

También permitiría conocer el número de quejas presentadas contra agentes del Ministerio Público por posibles actos de dilación o inactividad y, en su caso, cuántos servidores públicos han sido sancionados.

Otro punto pendiente es conocer qué seguimiento tuvo el exhorto presentado ante el Congreso de Sonora sobre los fraudes inmobiliarios y cuáles fueron las acciones emprendidas a partir de ese documento.

La información disponible plantea cuestionamientos sobre la actuación de la Fiscalía, pero también establece la necesidad de revisar cada caso con documentos y procedimientos oficiales antes de atribuir responsabilidades.

Estados

Senado aprueba reforma de nacionalidad única para aspirantes a Presidencia y gubernaturas

La modificación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea que las personas que busquen alguno de estos cargos deberán contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana.

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El Senado de la República aprobó en lo general, con 86 votos a favor y 42 en contra, una reforma constitucional que establece nuevos requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La modificación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea que las personas que busquen alguno de estos cargos deberán contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana.

En caso de tener una nacionalidad extranjera, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos, de acuerdo con el dictamen aprobado.

La reforma contempla cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con los requisitos para ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo federal y de los poderes ejecutivos locales.

Con la aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido a los congresos estatales para continuar con el procedimiento de reforma constitucional. La modificación contempla su aplicación a partir del proceso electoral de 2028, una vez que concluya el trámite legislativo correspondiente.

Durante la discusión, legisladores de oposición manifestaron su rechazo y señalaron que la medida podría limitar la participación política de mexicanos con doble nacionalidad, particularmente de quienes forman parte de comunidades migrantes en Estados Unidos y otros países.

Desde la oposición también se cuestionó que una nacionalidad adquirida legalmente, incluso desde el nacimiento, pueda convertirse en una condición para acceder a determinados cargos de elección popular. Estas posturas fueron expresadas durante el debate parlamentario.

Por su parte, los impulsores de la reforma han argumentado que el requisito busca establecer un vínculo jurídico exclusivo con México para quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y estatales.

De esta manera, la reforma entra ahora en una nueva etapa de revisión en las legislaturas estatales, como parte del proceso necesario para modificar la Constitución.

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Estados

Santiago Nieto propone debate público con el PAN sobre aborto en Querétaro

Durante su pronunciamiento, Nieto Castillo propuso que el partido blanquiazul establezca una fecha para discutir públicamente la iniciativa en el Congreso del estado, con la intención de que el tema sea analizado de manera abierta ante la sociedad queretana.

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Santiago Nieto Castillo se pronunció a favor de la despenalización y legalización de la interrupción del embarazo en Querétaro y planteó al Partido Acción Nacional (PAN) abrir un debate público sobre el tema de cara a la ciudadanía.

Durante su pronunciamiento, Nieto Castillo propuso que el partido blanquiazul establezca una fecha para discutir públicamente la iniciativa en el Congreso del estado, con la intención de que el tema sea analizado de manera abierta ante la sociedad queretana.

El político sostuvo que la discusión debe abordarse desde las perspectivas de salud pública y derechos humanos, particularmente en relación con las mujeres y adolescentes de la entidad.

En ese sentido, señaló que el debate sobre la interrupción legal del embarazo debe considerar las condiciones en las que las mujeres acceden a servicios de salud y los efectos que, de acuerdo con su postura, puede tener la criminalización de estas prácticas.

El planteamiento se da en un contexto en el que el tema volvió a ocupar espacio en la agenda pública de Querétaro con motivo del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, jornada durante la cual colectivas feministas realizaron una movilización en la capital del estado para exigir, entre otras demandas, la despenalización del aborto y el acceso a servicios de interrupción del embarazo.

Nieto Castillo llamó a llevar la discusión al Congreso local y a que las distintas posiciones puedan exponerse públicamente, en medio del debate que se mantiene en torno a la legislación estatal.

La postura del político también se enmarca en pronunciamientos previos en los que ha señalado la necesidad de discutir la interrupción legal del embarazo en Querétaro y armonizar la legislación local con criterios relacionados con los derechos de las mujeres.

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Nacionales

Sector Salud reporta 33 nuevos hospitales y más capacidad de atención

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Salud, David Kershenobich, y el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, presentaron los principales resultados en materia de infraestructura, prevención y atención médica

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La Secretaría de Salud reportó la inauguración de 33 hospitales durante los primeros dos años de la administración federal, con la incorporación de mil 535 camas y una inversión cercana a 24 mil millones de pesos, como parte de las acciones para ampliar la capacidad de atención de las instituciones públicas.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Salud, David Kershenobich, y el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, presentaron los principales resultados en materia de infraestructura, prevención y atención médica.

De acuerdo con la información presentada, de los 33 hospitales inaugurados, seis corresponden al ISSSTE, siete al IMSS y 20 al IMSS-Bienestar.

A estos proyectos se suman 45 hospitales actualmente en construcción y otros 75 que se encuentran en etapa de planeación.

La meta planteada para la actual administración es incorporar alrededor de nueve mil camas nuevas, mediante una inversión superior a 180 mil millones de pesos en infraestructura del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Equipamiento y modernización de quirófanos

El fortalecimiento de la infraestructura también contempla la incorporación de equipo médico de alta tecnología.

Entre 2025 y 2026 se destinaron 15 mil 800 millones de pesos para este propósito, recursos con los que se incorporaron 248 tomógrafos, cinco equipos PET/CT, 676 mastógrafos, 37 aceleradores lineales y 52 resonadores magnéticos.

También se integraron 21 robots quirúrgicos para apoyar la realización de procedimientos de mayor complejidad.

A estas acciones se sumó la rehabilitación o modernización de 650 quirófanos, de acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Salud.

En materia de medicamentos e insumos, el Gobierno de México destinó hasta 332 mil millones de pesos, mientras que durante los dos años reportados se recibieron más de tres mil 182 millones de piezas correspondientes a tres mil 291 claves.

Aumenta entrega de medicamentos e insumos

Entre enero y agosto de 2026, la entrega de medicamentos e insumos a clínicas y hospitales aumentó 125 por ciento respecto del mismo periodo de 2025, según el reporte presentado por las autoridades sanitarias.

En el caso de los tratamientos oncológicos, se recibieron 21 millones de piezas correspondientes a 221 tipos de medicamentos destinados a 155 centros especializados.

Para estos tratamientos se reportó una inversión de 74 mil millones de pesos, mientras que la llegada de los medicamentos oncológicos aumentó 133 por ciento respecto de 2025.

El reporte también incluyó resultados relacionados con la contratación y formación de personal para ampliar la capacidad de atención de las instituciones públicas.

Durante los primeros dos años de la administración se asignaron más de 56 mil plazas para la formación de especialistas y se contrataron 26 mil 688 médicas y médicos, además de 22 mil 456 enfermeras y enfermeros.

Crecen consultas de especialidad y cirugías

Los datos presentados por la Secretaría de Salud señalan que el incremento de la capacidad instalada también se reflejó en los servicios otorgados.

Las consultas de especialidad aumentaron 36 por ciento al comparar los periodos de enero a julio de 2024 y el mismo periodo de 2026.

De acuerdo con las cifras oficiales, pasaron de 23.3 millones de consultas entre enero y julio de 2024 a 31.7 millones durante los mismos meses de 2026.

En el caso de las cirugías, el incremento reportado fue de 25 por ciento, al pasar de 1.5 millones a cerca de 1.9 millones de intervenciones entre ambos periodos.

Esto representa, de acuerdo con el reporte, aproximadamente 350 mil cirugías adicionales.

Prevención y vacunación

Además del crecimiento de la infraestructura y la atención médica, la Secretaría de Salud señaló que la prevención constituye otro de los ejes de la estrategia sanitaria.

David Kershenobich informó que durante los primeros dos años de la administración se aplicaron 149 millones de dosis de vacunas de manera universal, gratuita y oportuna.

El funcionario señaló que la cobertura de vacunación infantil alcanza 90 por ciento o más para las diferentes enfermedades y anunció que el próximo 12 de octubre iniciará una nueva Jornada Nacional de Vacunación.

“La prevención y la capacidad para mejorar la atención no deben funcionar separadas; necesitamos mantener un equilibrio entre ambas para avanzar hacia una República Sana”, señaló el secretario de Salud.

Entre las acciones preventivas también se encuentra la aplicación anual de alrededor de 30 millones de vacunas contra la influenza, producidas en México.

Asimismo, se reportó la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) para niñas y niños de quinto grado de primaria y la incorporación de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para mujeres embarazadas.

Salud Casa por Casa suma millones de consultas

En el ámbito escolar, la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz permitió valorar a casi 11 millones de estudiantes de aproximadamente 84 mil primarias públicas.

Las acciones incluyeron mediciones de peso y talla, revisiones de salud bucal y visual, así como recomendaciones sobre alimentación y actividad física.

La estrategia se complementa con la eliminación de alimentos de bajo valor nutricional en las escuelas, de acuerdo con lo informado durante la conferencia.

Por otra parte, mediante Salud Casa por Casa se han otorgado 24.8 millones de consultas en los hogares y realizado 17.1 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

El programa también permitió referir a cerca de 819 mil personas a unidades de atención médica.

La Secretaría de Salud informó además que el consumo de refrescos disminuyó 2.2 por ciento y el de tabaco 7.1 por ciento, dentro de los indicadores preventivos presentados durante la conferencia.

Al presentar los resultados, Eduardo Clark señaló que las acciones de infraestructura, equipamiento, personal y abasto forman parte de la estrategia para ampliar la capacidad de las instituciones públicas de salud.

“Los avances son claros y la ruta está definida: ampliar la infraestructura, modernizar el equipamiento, formar y contratar personal, y fortalecer la confianza de la población en las instituciones públicas que garantizan el derecho a la salud”, concluyó.

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