La operación administrativa de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) enfrenta nuevos cuestionamientos por presuntos cobros, retrasos y obstáculos a proveedores, además de señalamientos que apuntan a posibles conflictos de interés entre funcionarios y empresas participantes en procesos de contratación.

Uno de los nombres que aparece en las denuncias es el de Juan Carlos Rico Báez, actual Administrador de Modernización Aduanera “2”, a quien fuentes vinculadas con la operación administrativa señalan por presuntamente solicitar beneficios económicos a contribuyentes y proveedores a cambio de agilizar trámites, pagos y otros asuntos que, en principio, deberían atenderse mediante los procedimientos institucionales correspondientes.

De acuerdo con las versiones recabadas, cuando esas supuestas solicitudes no son atendidas, algunos trámites podrían quedar detenidos, enfrentar demoras o perder continuidad administrativa.

Es importante precisar que estos señalamientos no constituyen hechos acreditados ni una determinación de responsabilidad. Corresponderá a las autoridades competentes revisar la evidencia disponible y establecer si existe alguna conducta irregular.

Antecedentes de Rico Báez

Rico Báez ya había ocupado un cargo dentro de la estructura aduanera durante su paso por Tijuana, periodo en el que coincidió con funcionarios como Jorge Fernando Boy Espinoza, Enrique Orantes González y Eva María Viridiana Soria Amador, cuando Ricardo Peralta Saucedo se encontraba al frente de la entonces Administración General de Aduanas.

Posteriormente dejó la institución y, según la información proporcionada, promovió un procedimiento en contra de la autoridad aduanera, identificado con el expediente 5839/23 ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Este antecedente abre también una interrogante sobre las circunstancias y el procedimiento mediante el cual posteriormente regresó a la estructura institucional.

Actualmente ocupa la Administración de Modernización Aduanera “2”, una posición relacionada con procesos administrativos de una de las áreas consideradas estratégicas dentro de la ANAM.

Un documento pone la lupa sobre posible conflicto de interés

A estos señalamientos se suma un documento correspondiente al Acta de Apertura del Sobre Único de la Licitación Pública Nacional C5/LPN/001/2025, realizada el 24 de febrero de 2025 por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

El procedimiento contempló la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos, instalaciones y sistemas tecnológicos.

Entre las empresas participantes aparece Planets Solutions S.A. de C.V., cuya propuesta económica fue de 483 millones 794 mil 770 pesos con 12 centavos, IVA incluido.

El punto que genera interés es que, en la relación de representantes de las compañías participantes, el documento identifica a Darío Eugenio Reyes Villagómez como representante de Planets Solutions S.A. de C.V.

Actualmente, una persona con ese mismo nombre ocupa la Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera de la ANAM.

Esta coincidencia plantea una serie de preguntas que podrían esclarecerse mediante documentación oficial: cuál fue la relación jurídica, laboral, profesional o económica entre Reyes Villagómez y Planets Solutions; cuándo comenzó y, en su caso, cuándo concluyó; y si existió algún vínculo posterior que debiera haber sido declarado.

También sería pertinente conocer si la empresa participó posteriormente en procedimientos vinculados con la ANAM o con otras dependencias en las que Reyes Villagómez haya tenido facultades de decisión, supervisión o influencia.

Proveedores reportan retrasos y obstáculos

En paralelo, proveedores relacionados con la operación administrativa de la Agencia han señalado presuntos retrasos en pagos y dificultades para que determinados procedimientos continúen con normalidad.

Algunas fuentes consultadas sostienen que esas prácticas podrían incluso favorecer el desplazamiento de proveedores existentes y abrir espacio a otras compañías.

Sin embargo, esa hipótesis requiere ser comprobada. Una revisión de contratos, fechas de adeudos, autorizaciones, facturas, entregables y registros de seguimiento permitiría establecer qué proveedores enfrentan retrasos, desde cuándo, quién intervino en la autorización de los pagos y cuáles fueron las razones administrativas detrás de cada caso.

De igual forma, sería necesario identificar si, después de esos retrasos, nuevas empresas comenzaron a ocupar espacios en los servicios correspondientes.

Piden revisar contratos, pagos y declaraciones

Ante estos señalamientos, la revisión de los órganos competentes debería incluir contratos, expedientes, entregables, autorizaciones, facturas, pagos pendientes y registros administrativos, así como las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos involucrados.

También sería relevante determinar si existen denuncias, procedimientos administrativos, auditorías u observaciones previas relacionadas con estas áreas.

La modernización aduanera representa un asunto estratégico para el país por el volumen de operaciones, infraestructura, información y recursos públicos que involucra. Por ello, cualquier señalamiento sobre presuntos cobros indebidos, retrasos deliberados o posibles conflictos de interés debería ser aclarado con documentos y procedimientos formales.

Más que adelantar conclusiones, el objetivo de una eventual investigación sería establecer qué ocurrió, quién tomó determinadas decisiones, bajo qué criterios se actuó y si existieron beneficios indebidos para alguna persona o empresa.

Las preguntas centrales quedan sobre la mesa: ¿hubo obstáculos o retrasos injustificados para determinados proveedores dentro de la ANAM?, ¿quién autorizó esas decisiones y qué empresas resultaron beneficiadas?, y, respecto de Darío Eugenio Reyes Villagómez, ¿cuál fue exactamente su relación con Planets Solutions S.A. de C.V. y existe algún vínculo que debiera ser transparentado?

Resolver esas interrogantes mediante expedientes, contratos y documentos oficiales permitiría separar los señalamientos de los hechos comprobados y, en su caso, deslindar responsabilidades.