El Grupo Parlamentario de Morena en la LXI Legislatura de Querétaro solicitará que las observaciones del Poder Ejecutivo al dictamen de la denominada Ley de Identidad de Género sean analizadas en comisiones unidas, al considerar que los señalamientos realizados corresponden principalmente a cuestiones de redacción y estilo, sin modificaciones sustanciales de carácter jurídico.

El coordinador de la bancada morenista, Arturo Maximiliano García, explicó que el documento fue remitido nuevamente a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, donde deberá continuar su trámite legislativo. Sin embargo, advirtió que existe el riesgo de que la iniciativa no vuelva a ser incluida en el orden del día para su discusión.

Durante una conferencia de prensa, acompañado por el doctor Santiago Nieto Castillo, especialistas en materia legislativa, representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la diversidad sexual, así como diputadas y diputados locales, el legislador cuestionó el procedimiento seguido para atender las observaciones del Ejecutivo.

García sostuvo que las correcciones de forma podrían atenderse por vías administrativas, cuando corresponda, y señaló que la Secretaría de Servicios Parlamentarios cuenta con atribuciones para realizar ajustes de ese tipo, particularmente tras la desaparición de la Comisión de Redacción y Estilo.

No obstante, cuestionó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que amplió las facultades de esa Secretaría, al considerar que propició una concentración de atribuciones en una instancia que, a diferencia de las diputaciones electas, no cuenta con representación política directa de la ciudadanía.

El coordinador morenista también señaló que existen dudas sobre la notificación de las observaciones a la Presidencia de la Mesa Directiva y afirmó que, de acuerdo con la información expuesta durante el encuentro, dicha comunicación no se habría realizado.

Respecto al futuro de la iniciativa, recordó que el dictamen obtuvo previamente una votación favorable de dos integrantes contra uno en la comisión correspondiente. Asimismo, no descartó recurrir a instancias jurisdiccionales para controvertir el procedimiento, ante las dudas sobre la naturaleza de las observaciones y la vía utilizada.

Por su parte, Santiago Nieto Castillo respaldó la exigencia de avanzar en la legislación y cuestionó las decisiones que, desde su perspectiva, han retrasado el reconocimiento de los derechos de las personas trans y no binarias en Querétaro.

Durante la conferencia se explicó que la reforma busca establecer un procedimiento administrativo para rectificar documentos de identidad, en concordancia con los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y libre desarrollo de la personalidad, así como con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Walter López, dirigente del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación, recordó que la exigencia de reconocimiento de la identidad de género se impulsa desde 2017 y destacó la participación de colectivos, organismos defensores de derechos humanos y legisladores que han respaldado la iniciativa.

El activista consideró que las nuevas observaciones se concentran en aspectos de forma y exhortó al diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, a revisar el documento y valorar su devolución a la Mesa Directiva.

A su vez, Mauricio Olivares Méndez, presidente de la Asamblea Consultiva del Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Querétaro y representante del Comité Universitario por la Ley de Identidad de Género, advirtió que la falta de reconocimiento legal puede exponer a las personas trans y no binarias a situaciones de discriminación en ámbitos como el empleo, la educación y los servicios de salud.

Olivares Méndez recordó que la reforma ha sido aprobada por mayoría en dos ocasiones y aseguró que el comité universitario continuará documentando y acompañando las acciones para impulsar su aprobación.

En tanto, María José González, vocera del Frente Queretano por la No Discriminación y el Derecho al Estado Laico, destacó la importancia de reconocer la identidad de las personas pertenecientes a comunidades históricamente vulneradas, incluidas las personas trans de pueblos indígenas. También señaló que se explorarán alternativas jurídicas para impulsar la publicación de la reforma.

Los participantes coincidieron en que mantendrán la defensa de la Ley de Identidad de Género y analizarán las vías legales disponibles para que la iniciativa avance en el Congreso de Querétaro, con el objetivo de garantizar el reconocimiento de los derechos de las personas trans y no binarias.

Con 72 votos a favor y 37 en contra, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que establece la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de aceptar pagos electrónicos en trámites y servicios, además de facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los sectores en los que estos medios podrán ser la única forma de pago.

El nuevo ordenamiento, de aplicación nacional y de orden público, contempla una sustitución gradual del efectivo por mecanismos digitales, aunque establece excepciones temporales cuando existan fallas técnicas o contingencias que impidan realizar operaciones electrónicas.

Entre los medios de pago reconocidos por la ley se encuentran los códigos QR, la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), las tarjetas de débito y crédito, las transferencias electrónicas, las domiciliaciones y otras herramientas que autoricen las autoridades competentes.

El 3 de septiembre se preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum cómo se había adjudicado un contrato de 837 millones 138 mil 946.15 pesos para inspeccionar y mantener aproximadamente 1,260 kilómetros de vías del Tren Maya, y si se revisaría la capacidad técnica de las empresas responsables.

La presidenta defendió el mantenimiento del sistema, señaló que cualquier irregularidad de una empresa contratada debía investigarse y anunció que el director del Tren Maya acudiría a informar en octubre.

Manuel Jaime Ramírez Camacho acudió el 8 de octubre. Habló de operación, pasajeros, ingresos y proyectos. No explicó de manera específica el contrato adjudicado a HEMOSA Ingeniería y ASCH, ni presentó los documentos necesarios para responder las preguntas planteadas. La respuesta sobre este contrato sigue pendiente.

Preguntamos qué experiencia directa en mantenimiento ferroviario acreditó HEMOSA, constituida en 2023 con un capital social inicial de 200 mil pesos. También pedimos aclarar por qué la documentación de apertura refiere una propuesta de HEMOSA y el fallo identifica una participación conjunta con ASCH. Esa diferencia exige conocer el expediente completo y la explicación de la autoridad; por sí sola no demuestra una ilegalidad.

Hay otro punto que el director debe atender: el antecedente del Consorcio L1 Quito ASCH, declarado adjudicatario fallido en Ecuador tras no presentar las garantías necesarias para formalizar un contrato del Metro de Quito. ¿Conoció Tren Maya ese antecedente? ¿Lo evaluó? ¿Qué garantías recibió para la contratación mexicana?

La rendición de cuentas también exige cifras de ejecución. ¿Cuánto se ha pagado y qué trabajos respaldan cada pago? ¿Qué personal y maquinaria están desplegados? ¿Qué anomalías se detectaron y corrigieron? ¿Quién supervisó los resultados? ¿Se aplicaron sanciones o se realizó alguna auditoría?

Los incidentes ferroviarios deben investigarse con sus propios recursos. Precisamente por eso se necesitan bitácoras y reportes que permitan distinguir las condiciones en que se recibió la infraestructura de los trabajos efectuados bajo este contrato.

La presidenta sostuvo que el Tren Maya recibe mantenimiento permanente. Si es así, su dirección puede demostrarlo con documentos. Solicitamos a Manuel Jaime Ramírez Camacho una respuesta directa, por escrito y punto por punto.

Los pasajeros merecen saber cómo se protege su seguridad y cómo se ejercen estos recursos públicos.