El Gobierno de Maru Campos en Chihuahua ha destinado al menos 2 mil 600 millones de pesos a publicidad oficial y prevé ejercer otros 433 millones de pesos en la Coordinación de Relaciones Públicas durante 2026, de acuerdo con una investigación publicada por SinEmbargo. Los recursos reportados abarcan contratos con medios de comunicación, campañas institucionales, eventos, conferencias, conciertos y la compra de obsequios para empresarios, políticos y otros actores sociales.

La investigación, firmada por Arturo Daen y publicada el 25 de octubre de 2026, documenta gastos que incluyen desde millones de pesos para la difusión de propaganda gubernamental hasta la adquisición de corbatas, mascadas, lámparas, despensas, tamales y electrodomésticos. También expone contratos para la participación de comunicadores, artistas e influencers en actividades organizadas por dependencias estatales y municipales.

Millones para publicidad oficial

Entre los montos identificados por la investigación se encuentran contratos por al menos 96.8 millones de pesos con Televisa y por 89 millones con TV Azteca, según información de la oficina de Comunicación del Gobierno estatal citada en el reportaje.

En el caso de Latinus, la publicación reportó pagos por un total de 21.7 millones de pesos mediante la razón social BCG Limited Consulting. El monto corresponde a un contrato de 12.7 millones de pesos en 2024 y otro por nueve millones durante este año.

La relación de gastos también incluye 2.3 millones de pesos para Alazraki Bross TV, razón social vinculada con Atypical Te Ve, y dos millones de pesos para el sitio de noticias de Joaquín López-Dóriga.

Asimismo, la investigación documentó contratos por 25.9 millones de pesos con Excélsior y Grupo Imagen, además de 8.2 millones con las razones sociales Periódico Digital Sendero y Now New Media, y 1.2 millones con Nexos.

Otro de los proveedores mencionados es Limón Publicistas, agencia de Juan Carlos Limón, que habría recibido 26 millones de pesos por campañas institucionales del Gobierno de Chihuahua. El pago más reciente identificado en el reportaje asciende a 17 millones de pesos.

Regalos, comidas y artículos promocionales

Además de la publicidad, la Coordinación de Relaciones Públicas del Gobierno estatal tiene previsto alcanzar un gasto de 433 millones de pesos durante 2026, de acuerdo con documentos de la Cuenta Pública y de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua citados por SinEmbargo.

Entre las adquisiciones registradas figura la compra de más de mil 500 corbatas y mascadas por un millón 317 mil pesos. Los artículos, algunos de marcas como Pineda Covalín, incluían elementos alusivos al estado y estaban destinados a promover el patrimonio cultural de Chihuahua y las relaciones del Ejecutivo con sectores empresariales, sociales y gubernamentales.

También se identificó un gasto de 440 mil pesos en lámparas para escritorio con calentador eléctrico de cera, así como la compra, en 2022, de 800 cajas de acrílico que contenían nueces y un adorno representativo de la entidad para obsequiar a empresarios y otros actores sociales o políticos.

Los registros incluyen además compras destinadas a actividades de convivencia y apoyo social. En 2022, la administración estatal contrató por 183 mil pesos la adquisición de aparatos electrónicos y electrodomésticos para una megaposada en la colonia Vistas Cerro Grande, en la ciudad de Chihuahua.

El contrato contemplaba, entre otros artículos, 10 estufas eléctricas, seis planchas de vapor y 10 tinacos. Según el documento citado en la investigación, la adquisición buscaba promover las tradiciones mexicanas y transmitir un mensaje de paz, armonía y respaldo de los poderes gubernamentales.

En diciembre de ese mismo año, el Gobierno estatal compró 45 despensas por 111 mil 243 pesos para repartirlas en el municipio de Sisoguichi. Posteriormente, en enero de 2023, la Coordinación de Relaciones Públicas adquirió 5 mil tamales por 107 mil 300 pesos para una celebración relacionada con el Día de la Candelaria en el municipio de Chihuahua.

Contratos para comunicadores, influencers y artistas

Los gastos documentados también incluyen pagos a figuras públicas por su participación en conferencias y eventos.

En julio de 2024, el Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua pagó 1.5 millones de pesos a Adela Micha por una conferencia durante el encuentro Referencia Norte 2024, de acuerdo con el contrato disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Para ese mismo evento, la dependencia destinó 255 mil pesos a una plática del influencer Farid Dieck. Además, pagó 232 mil pesos a la comunicadora Maca Carriedo por la conducción del encuentro y 104 mil pesos por la producción de un podcast.

En 2026, el instituto destinó 295 mil pesos a una conferencia del actor y creador de contenido Alan Estrada.

Otro contrato identificado corresponde al ChiguAgua Fest, organizado en enero por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, con un costo de 2 millones 950 mil pesos. Entre los participantes del evento estuvo el conductor Chumel Torres, de Radio Fórmula, aunque el contrato citado no especifica qué cantidad se destinó exclusivamente a su participación.

La contratación de artistas también aparece entre los gastos reportados. El Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua destinó 13 millones de pesos al montaje y desmontaje de producción, camerinos, sonido e iluminación para un concierto de Ricky Martin. Por otra parte, el sitio ZonaFree reportó un contrato de 30.8 millones de pesos de la Secretaría de Cultura estatal para el concierto del artista en 2024.

Los registros municipales también incluyen pagos de 20 millones de pesos para un concierto de Alejandro Sanz y dos millones para una presentación de Natalia Jiménez.

El gasto en comunicación social, bajo la lupa

La investigación cita datos de la organización Artículo 19, que ubicó a Chihuahua entre las cinco entidades con mayor gasto en comunicación social, al destinar el equivalente al 0.6 por ciento de su presupuesto a ese rubro.

La organización también señaló que el 46.6 por ciento del presupuesto devengado en comunicación social fue asignado al 8.3 por ciento del padrón de proveedores que recibieron contratos superiores a 10 millones de pesos.

En el documento citado por SinEmbargo, Artículo 19 identificó a TV Azteca y Televisa entre las empresas que recibieron los montos más elevados de publicidad gubernamental. La organización reportó 37 millones 620 mil pesos para TV Azteca, cifra correspondiente al registro que cita el reportaje.

Compras de vehículos a una agencia vinculada con la familia de Campos

Otro de los apartados aborda adquisiciones realizadas por dependencias estatales a Tu Mejor Agencia Automotriz.

En 2023, la Coordinación de Relaciones Públicas compró a esa empresa tres camionetas tipo pickup del año por un millón 424 mil pesos. El contrato justificó la adquisición por la necesidad de contar con vehículos nuevos para mejorar las funciones y el cumplimiento de las responsabilidades del área.

Ese mismo año, la Coordinación de Comunicación Social adquirió a la agencia otra camioneta pickup por 484 mil 900 pesos y dos vehículos tipo sedán por un total de 539 mil pesos.

De acuerdo con la investigación de SinEmbargo, la agencia fue fundada por Víctor Manuel Cruz Russek, quien fue esposo de Maru Campos y falleció en 2025. Sus hijos figuran como socios de la empresa, según la publicación.

Los contratos y las adquisiciones descritos forman parte de los documentos revisados por la Unidad de Datos del medio. La información expone los montos registrados y los conceptos de gasto, sin que los datos presentados, por sí solos, acrediten la existencia de una infracción legal.

La investigación pone en perspectiva el volumen de recursos destinados por las administraciones estatal y municipal de Chihuahua a publicidad, relaciones públicas, eventos y compras diversas, así como la distribución de esos contratos entre empresas de comunicación, proveedores y figuras públicas.

Fuente: SinEmbargo MX | Periodismo digital con rigor. https://share.google/I2DP42tughbLp6Zhn

La relación entre una asesora cercana a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, y una empresa que comenzó a prestar servicios al organismo en 2026 forma parte de los señalamientos sobre posibles conflictos de interés en las contrataciones del instituto, actualmente bajo investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con la información disponible, Lourdes Piña Soria del Valle, identificada como asesora y persona cercana a Taddei, es madre de Itzel Sandino Piña Soria, presentadora de televisión y administradora única de Promotora de Noticias Exactas, S.A. de C.V., empresa que comenzó a figurar como proveedora del INE este año.

El vínculo familiar ha llamado la atención en medio de la revisión de los contratos y del uso de recursos públicos del organismo electoral. Sin embargo, por sí solo no acredita irregularidades ni demuestra que la consejera presidenta haya intervenido en la contratación de la empresa.

ASF investiga contrataciones y posibles conflictos de interés

La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio contra el INE por posibles irregularidades en el uso de recursos públicos. Entre los elementos bajo revisión se encuentran contrataciones cuestionadas, posibles conflictos de interés, presunta colusión y triangulación de recursos.

La investigación incluye 66.5 millones de pesos en observaciones que el instituto no logró solventar, además de contratos por más de 21 millones de pesos otorgados durante 2025 a 10 empresas constituidas menos de un año antes.

La revisión también identificó que 57 personas físicas obtuvieron contratos del INE mientras se desempeñaban como funcionarios públicos activos, así como pagos realizados a 18 trabajadores fallecidos.

La ASF informó que cuenta con elementos e indicios para investigar las posibles irregularidades y que actuará con independencia, objetividad y rigor técnico. La apertura de la indagatoria no implica que todos los señalamientos estén acreditados ni que exista una resolución definitiva sobre responsabilidades administrativas o penales.

Una empresa proveedora y dos vínculos por esclarecer

En el caso relacionado con el entorno de Taddei, la información disponible señala que Lourdes Piña Soria del Valle no aparece en la nómina del INE ni como trabajadora externa o contratada por honorarios. No obstante, trabajadores citados en los reportes sobre el caso la describieron como una persona con amplio acceso a las instalaciones del organismo.

Su hija, Itzel Sandino Piña Soria, figura como administradora única de Promotora de Noticias Exactas, empresa que comenzó a aparecer como proveedora del instituto en 2026.

Otro personaje mencionado en la información es Gilberto Solís Mendívil, quien obtuvo a finales de 2025 un contrato por más de un millón de pesos, como persona física, para realizar una miniserie documental sobre la jornada de la elección judicial.

Según el acta constitutiva de Promotora de Noticias Exactas, Solís Mendívil también aparece como comisario de la compañía.

Estos vínculos han generado cuestionamientos sobre la necesidad de transparentar las relaciones entre personas cercanas a funcionarios del organismo y empresas proveedoras. No obstante, los datos disponibles no establecen por sí mismos que haya existido una intervención indebida de Taddei en la asignación de contratos.

Contrato millonario, entre las observaciones pendientes

Entre las partidas que la ASF mantiene bajo revisión destaca un contrato por 63 millones 241 mil 392.14 pesos otorgado a Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., para imprimir, producir y distribuir materiales de simulacro del proceso electoral 2023-2024.

La documentación citada en los reportes sobre la auditoría indica que el INE no logró acreditar la prestación del servicio mediante los documentos correspondientes.

También permanecían pendientes de aclaración un millón 70 mil 928.52 pesos por materiales didácticos para la elección de cargos del Poder Judicial y 2 millones 250 mil 680 pesos por el arrendamiento del parque vehicular.

Estas observaciones forman parte de la investigación general sobre el manejo de los recursos del instituto y no se han vinculado, con la información disponible, de manera directa con la empresa Promotora de Noticias Exactas.

La investigación deberá determinar responsabilidades

La ASF señaló que su investigación no se limita al INE, sino que puede abarcar a Organismos Públicos Locales Electorales, funcionarios, compañías y proveedores relacionados con las contrataciones revisadas.

El órgano fiscalizador prevé presentar su informe el 20 de febrero de 2027. En ese proceso deberá determinar qué observaciones pueden solventarse, cuáles ameritan procedimientos administrativos y si existen elementos para presentar denuncias ante las autoridades competentes.

Mientras tanto, los vínculos familiares y empresariales descritos mantienen bajo atención pública los mecanismos de contratación y transparencia del INE, encabezado por Guadalupe Taddei Zavala.

Hasta ahora, la información proporcionada no acredita que Taddei haya cometido una irregularidad ni establece que sea objeto directo de la investigación de oficio. La determinación de posibles responsabilidades dependerá de las pruebas y de las conclusiones de las autoridades fiscalizadoras.

Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil 2026 con 51.76% de los votos, frente al 48.24% obtenido por el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro. La diferencia de 3.52 puntos porcentuales definió una contienda cerrada que mantuvo la atención en el país sudamericano.

Con el 99.86% de las urnas contabilizadas, Lula sumaba 64 millones 76 mil 924 sufragios, mientras que Bolsonaro registraba 59 millones 727 mil 910, de acuerdo con los resultados difundidos durante el escrutinio. Aunque el conteo estaba prácticamente concluido, las cifras todavía podían experimentar ajustes menores.

El tribunal electoral declaró ganador al mandatario izquierdista, quien con este resultado se encamina a ejercer su cuarto mandato presidencial, aunque no de manera consecutiva. La victoria representa un nuevo capítulo en la trayectoria política de Lula, de 80 años, quien ha encabezado el gobierno brasileño en distintos periodos.

Una elección definida por un margen estrecho

La diferencia entre ambos candidatos fue de aproximadamente 4.35 millones de votos, una ventaja que permitió a Lula revertir el resultado de la primera vuelta, cuando Bolsonaro había quedado por delante.

En aquella primera jornada electoral, Flávio Bolsonaro obtuvo 47% de los votos válidos, equivalente a 56.1 millones de sufragios, mientras que Lula alcanzó 45.16%, con 53.8 millones. La distancia inicial fue de más de 2.2 millones de votos.

La segunda vuelta modificó el escenario y colocó a Lula al frente de la contienda. El resultado confirmó la competencia entre dos proyectos políticos enfrentados y dejó una diferencia relativamente reducida frente al volumen total de votos emitidos.

La participación también fue un factor relevante. De acuerdo con la información difundida durante la jornada, alrededor de 20% de los casi 160 millones de electores no acudió a las urnas en la primera vuelta.

Lula volverá a gobernar Brasil

Lula, dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), ocupó la presidencia brasileña entre 2003 y 2010 y regresó al cargo en 2023. Con la victoria de 2026, volverá a encabezar el Ejecutivo para un nuevo periodo de cuatro años.

El próximo gobierno tiene previsto comenzar el 5 de enero de 2027. Lula llegará a esta etapa con un país dividido electoralmente, como reflejan los resultados obtenidos por los dos candidatos en la segunda vuelta.

Entre las expectativas señaladas en torno a su administración figuran la defensa de la soberanía nacional, la protección frente a la injerencia extranjera —en particular, la de Estados Unidos— y el combate a la deforestación en la Amazonía brasileña. Estas son líneas de acción previstas, no resultados de gobierno que puedan darse por cumplidos.

Flávio Bolsonaro buscaba recuperar el poder familiar

El senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, representó a la derecha radical en la contienda y buscaba devolver el apellido Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien gobernó el país entre 2019 y 2022.

Jair Bolsonaro cumple una condena por intentar un golpe de Estado para impedir el fin de su mandato presidencial. Flávio, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, compitió en una elección que enfrentó a dos sectores con posiciones políticas opuestas.

La derrota dejó al senador por detrás de Lula tanto en porcentaje de votos como en número de sufragios, pese a la ventaja que había conseguido en la primera vuelta.

La jornada electoral tuvo dificultades logísticas

El desarrollo de la votación estuvo acompañado por problemas relacionados con la ampliación del horario de cierre de las urnas. El conteo se retrasó hasta las 19:00 horas de Brasilia, dos horas después de lo previsto inicialmente.

La ampliación fue ordenada por el juez del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin, después de recibir solicitudes de ambos contendientes por motivos distintos. Lula pidió extender la votación en todo el país debido a problemas de transporte que afectaban a electores de varios estados, mientras que Bolsonaro solicitó la medida para algunas zonas afectadas por fuertes lluvias.

La decisión generó dificultades logísticas porque los sistemas del Tribunal Superior Electoral ya habían comenzado a contabilizar los primeros votos y algunos centros de votación habían cerrado antes de recibir el aviso.

En Brasilia, según un reporte de la agencia AP citado en la información difundida, parte de los voluntarios que supervisaban el recuento se retiró después del cierre de las urnas y de entregar los datos a las autoridades. En Río de Janeiro, algunas máquinas de votación fueron apagadas minutos después de la hora prevista y no pudieron volver a encenderse.

Tras la confusión, los últimos centros electorales cerraron sus puertas y el recuento continuó. Durante las primeras etapas del conteo, Lula llegó a registrar una ventaja mínima; posteriormente, Bolsonaro pasó al frente, antes de que la tendencia volviera a cambiar a favor del presidente.

Acusaciones y tensiones durante la campaña

La contienda también estuvo marcada por insultos, circulación de noticias falsas y una denuncia contra la empresa tecnológica Meta por presuntamente favorecer a Bolsonaro mediante la manipulación de algoritmos, restricciones selectivas a publicaciones y sesgos en sus herramientas de inteligencia artificial.

El 15 de octubre, Lula presentó una denuncia que derivó en una orden de un juez del Tribunal Superior Electoral para que Meta adoptara medidas destinadas a garantizar la igualdad de trato entre los candidatos presidenciales.

Cinco días después, el conglomerado tecnológico afirmó haber implementado medidas para cumplir con la disposición judicial y sostuvo que los incidentes señalados respondían a limitaciones técnicas, no a una parcialidad deliberada.

Las acusaciones formaron parte del clima de tensión previo a la votación, en una elección que enfrentó a dos candidaturas con diferencias profundas en sus posiciones políticas.

Los candidatos acudieron a votar

Flávio Bolsonaro fue el primero de los dos aspirantes en votar. Acudió acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro, a una escuela de Río de Janeiro.

Antes de la jornada electoral, el senador publicó un mensaje en redes sociales en el que llamó a construir puentes y no muros, y planteó la necesidad de un Brasil para todos los brasileños.

Más tarde, Lula votó en una escuela de São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, donde posó con una bandera brasileña.

Un día antes de las elecciones, el presidente había difundido un mensaje de agradecimiento a sus simpatizantes y llamó a participar en la jornada. Tras el escrutinio, los resultados le dieron la victoria para continuar al frente del gobierno brasileño.

Con el resultado de la segunda vuelta, Brasil eligió a Lula da Silva para un nuevo periodo presidencial, luego de una contienda que comenzó con ventaja para Flávio Bolsonaro y terminó con una diferencia de 3.52 puntos porcentuales a favor del mandatario.