En apego al principio impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que por el bien de todos primero los más pobres, este 2020 la Secretaría de Bienestar aplicó una inversión social histórica al destinar más de 143 mil millones de pesos para personas adultas mayores, personas con discapacidad, así como niñas y niños hijos de madres trabajadoras.

 Las personas adultas mayores son un grupo de atención prioritaria para el Gobierno de México, por lo que a manera de reconocimiento por lo mucho que han aportado durante su vida, cada bimestre se les entrega una Pensión para el Bienestar que ha ido en aumento y que a partir de este 2020 se convirtió en un derecho consagrado en el artículo 4° de la Constitución.

 Este año, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores cumplió la meta de incorporación programada al llegar a más de ocho millones de derechohabientes en todo México; con un monto de 2 mil 620 pesos bimestrales, durante 2020 se entregaron de manera directa más de 128 mil 600 millones de pesos a este sector de la población.

 Otro grupo de atención prioritaria es el de personas con discapacidad permanente, quienes también tienen el derecho constitucional de recibir apoyo del Gobierno de México; este sector recibió en 2020 una Pensión para el Bienestar de 2 mil 620 pesos bimestrales, lo que en todo el año significó una inversión social superior a 12 mil 892 millones de pesos para casi un millón de derechohabientes.

Ante la emergencia sanitaria, este año las personas adultas mayores y las personas con discapacidad recibieron en dos ocasiones adelantos de sus pagos bimestrales, a fin de que contar con recursos económicos para hacer frente a los efectos derivados de la pandemia por COVID-19.

Por otra parte, más de 190 mil derechohabientes del programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras recibieron este año un apoyo bimestral que significó una inversión social mayor a los dos mil millones de pesos durante todo 2020.

En este caso, se trató de un apoyo bimestral de 3 mil 600 pesos por cada niña o niño con discapacidad de entre un año y hasta un día antes de cumplir los seis años, o bien, mil 600 pesos por bimestre en los casos de madre, padre o tutor con niña o niño a su cargo de entre un año y hasta un día antes de cumplir los cuatro años.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en esta nueva etapa de la vida nacional el Estado no será gestor de oportunidades, que es como se presentó de manera explícita la política social del régimen neoliberal. Será, en cambio, garante de derechos.

“La diferencia entre unas y otros es clara: las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales, sujetas a término, que se le presentan a un afortunado entre muchos y que pueden ser aprovechadas o no. Los derechos son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio”, indica el documento.

Cabe recordar que el artículo 19 de la Constitución mexicana indica que el uso de programas sociales con fines electorales es un delito grave. Además, el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social subraya que los Programas para el Bienestar son públicos, ajenos a cualquier partido político y está prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.