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Aplica Secretaría de Bienestar inversión social histórica en 2020; más de 143 mil mdp para grupos vulnerables

8 millones de personas adultas mayores, casi un millón de personas con discapacidad y más de 190 mil madres, padres o tutores trabajadores recibieron pensiones o apoyos bimestrales.

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 En apego al principio impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que por el bien de todos primero los más pobres, este 2020 la Secretaría de Bienestar aplicó una inversión social histórica al destinar más de 143 mil millones de pesos para personas adultas mayores, personas con discapacidad, así como niñas y niños hijos de madres trabajadoras.

 Las personas adultas mayores son un grupo de atención prioritaria para el Gobierno de México, por lo que a manera de reconocimiento por lo mucho que han aportado durante su vida, cada bimestre se les entrega una Pensión para el Bienestar que ha ido en aumento y que a partir de este 2020 se convirtió en un derecho consagrado en el artículo 4° de la Constitución.

 Este año, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores cumplió la meta de incorporación programada al llegar a más de ocho millones de derechohabientes en todo México; con un monto de 2 mil 620 pesos bimestrales, durante 2020 se entregaron de manera directa más de 128 mil 600 millones de pesos a este sector de la población.

 Otro grupo de atención prioritaria es el de personas con discapacidad permanente, quienes también tienen el derecho constitucional de recibir apoyo del Gobierno de México; este sector recibió en 2020 una Pensión para el Bienestar de 2 mil 620 pesos bimestrales, lo que en todo el año significó una inversión social superior a 12 mil 892 millones de pesos para casi un millón de derechohabientes.

Ante la emergencia sanitaria, este año las personas adultas mayores y las personas con discapacidad recibieron en dos ocasiones adelantos de sus pagos bimestrales, a fin de que contar con recursos económicos para hacer frente a los efectos derivados de la pandemia por COVID-19.

Por otra parte, más de 190 mil derechohabientes del programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras recibieron este año un apoyo bimestral que significó una inversión social mayor a los dos mil millones de pesos durante todo 2020.

En este caso, se trató de un apoyo bimestral de 3 mil 600 pesos por cada niña o niño con discapacidad de entre un año y hasta un día antes de cumplir los seis años, o bien, mil 600 pesos por bimestre en los casos de madre, padre o tutor con niña o niño a su cargo de entre un año y hasta un día antes de cumplir los cuatro años.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en esta nueva etapa de la vida nacional el Estado no será gestor de oportunidades, que es como se presentó de manera explícita la política social del régimen neoliberal. Será, en cambio, garante de derechos.

“La diferencia entre unas y otros es clara: las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales, sujetas a término, que se le presentan a un afortunado entre muchos y que pueden ser aprovechadas o no. Los derechos son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio”, indica el documento.

Cabe recordar que el artículo 19 de la Constitución mexicana indica que el uso de programas sociales con fines electorales es un delito grave. Además, el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social subraya que los Programas para el Bienestar son públicos, ajenos a cualquier partido político y está prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.

Las Mañaneras

Salud Casa por Casa supera 25 millones de consultas en México

El programa federal mantiene visitas domiciliarias para atender principalmente a adultos mayores y personas con discapacidad.

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El programa Salud Casa por Casa ya acumula cerca de 25 millones de consultas y acciones de atención médica directamente en los hogares de sus beneficiarios, informó este martes la Secretaría de Bienestar durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, explicó que el personal de salud mantiene un despliegue territorial para brindar atención, principalmente, a personas adultas mayores y personas con discapacidad, con visitas periódicas para dar seguimiento a sus condiciones de salud.

Como parte de este trabajo, señaló que aproximadamente 12 millones 270 mil viviendas han sido visitadas por profesionales de la salud para integrar el expediente médico de los beneficiarios. Además, el programa ya avanza hacia nuevas rondas de atención en distintos hogares.

La funcionaria detalló que alrededor de siete millones de visitas corresponden a una segunda etapa de seguimiento, mientras que en otros cuatro millones de viviendas el personal ya comenzó con una tercera visita.

De acuerdo con Ramírez Amaya, el avance se mide en función de la población que debe ser atendida y del número de recorridos realizados en los domicilios de adultos mayores y personas con discapacidad.

Con este esquema, Salud Casa por Casa busca acercar los servicios médicos hasta las viviendas y mantener un seguimiento más constante de los beneficiarios, evitando que la atención dependa únicamente de que tengan que trasladarse a una unidad de salud.

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Las Mañaneras

Semarnat plantea 10 principios para transformar la justicia ambiental en México

Alicia Bárcena explicó que la iniciativa busca equilibrar el desarrollo económico con la conservación de la naturaleza y el bienestar de las comunidades.

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Durante la conferencia matutina de este miércoles de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, presentó los 10 principios que darán forma a la nueva iniciativa de Ley de Justicia Ambiental.

La funcionaria explicó que la propuesta busca cambiar la manera en que México entiende la relación entre crecimiento económico, protección de los recursos naturales y bienestar social, con una visión enfocada en la prevención y el cuidado del patrimonio ambiental.

Entre los principios planteados destaca la idea de que el patrimonio natural es la base de la vida, la prosperidad y el bienestar, además de considerar que no puede existir justicia social sin justicia ambiental.

La iniciativa también propone dar prioridad a la prevención de daños antes que a su reparación, así como impulsar acciones de conservación y restauración que permitan proteger los ecosistemas para las futuras generaciones.

Una nueva visión para cuidar el territorio

Otro de los puntos contempla utilizar el conocimiento científico y técnico como respaldo para las decisiones ambientales, además de promover una gestión del territorio en conjunto con las comunidades y con una perspectiva de largo plazo.

Bárcena destacó también la necesidad de fortalecer una cultura ambiental, fomentar una transición de una economía basada en desechar hacia otra que aproveche mejor los recursos y proteger a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos.

El décimo principio plantea que la protección del patrimonio biocultural debe asumirse como una responsabilidad compartida por toda la sociedad mexicana.

Con estos lineamientos, la Semarnat busca establecer las bases de una nueva política de justicia ambiental, en la que el desarrollo no avance a costa de los ecosistemas y donde las comunidades tengan un papel importante en la protección del territorio.

La propuesta será enviada al Congreso de la Unión, donde deberá ser analizada y discutida antes de definir su posible aprobación.

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Nacionales

Semarnat y ASEA buscan fortalecer vigilancia ambiental del sector hidrocarburos

El tema fue abordado durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Técnico de la ASEA, encabezada por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, y la directora ejecutiva de la Agencia, Andrea González Hernández.

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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) acordaron fortalecer la coordinación para la regulación y supervisión del sector hidrocarburos, con énfasis en la seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental.

El tema fue abordado durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Técnico de la ASEA, encabezada por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, y la directora ejecutiva de la Agencia, Andrea González Hernández.

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones de la ASEA, Bárcena Ibarra destacó el papel de la Agencia en las labores de inspección y vigilancia del sector hidrocarburos, así como en la protección del medio ambiente.

“Es una Agencia muy importante porque nos ayuda a hacer las inspecciones, garantizar la seguridad industrial y, desde luego, la protección del medio ambiente, objetivo final y más importante respecto al sector hidrocarburos”, aseguró.

El reto regulatorio

La titular de la Semarnat señaló que la ASEA tiene entre sus responsabilidades regular, gestionar, supervisar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la protección ambiental del sector hidrocarburos.

Ante los integrantes del Consejo Técnico, consideró necesario conciliar el desarrollo del país con el cuidado y la preservación del medio ambiente.

En ese sentido, señaló que uno de los principales retos para la Agencia es fortalecer el marco regulatorio.

“Que la tarea más relevante que quizá tiene la ASEA, hoy día, es cómo fortalecer el marco regulatorio”, afirmó.

Por su parte, Andrea González Hernández sostuvo que la sesión permitió avanzar en los objetivos estratégicos de la Agencia y fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas.

“Hoy más que nunca estamos determinados a fortalecer y coordinar los esfuerzos para consolidar un sector hidrocarburos que no represente un riesgo para las personas y tampoco para el medio ambiente”, añadió.

Consejo Técnico evalúa avances

González Hernández destacó que el Consejo Técnico de la ASEA funciona como un mecanismo para evaluar avances y medir resultados, además de contribuir a la toma de decisiones.

El Consejo fue conformado en 2015 y tiene entre sus funciones contribuir al cumplimiento del mandato de la Agencia de regular y supervisar la cadena de valor del sector hidrocarburos en México.

En la sesión participaron autoridades de distintas dependencias federales, entre ellas las secretarías de Gobernación, Energía, Hacienda y Crédito Público, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Marina y Trabajo y Previsión Social.

También participaron representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), entre otras instituciones.

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