En medio de la campaña por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la administración encabezada por Martí Batres ha dado un paso significativo en la lucha contra la corrupción inmobiliaria. Se ha publicado una reforma al Código Penal local que tipifica este delito y lo penaliza con hasta 20 años de prisión.
En un acto público para anunciar la entrada en vigor de esta medida, Batres destacó que el propósito de la reforma es sancionar a los servidores públicos que permitan o toleren la construcción ilegal de inmuebles.
Esta acción se presenta en respuesta a la detección de un presunto «cártel inmobiliario» en la alcaldía Benito Juárez, relacionado con exservidores públicos y sus asociados, quienes se beneficiaron de construcciones ilegales y autorizaciones de pisos adicionales.
La reforma establece que aquellos que incurran en corrupción inmobiliaria enfrentarán una pena de entre 10 y 20 años de prisión, con la posibilidad de que esta se incremente en un 50% si obtienen beneficios económicos.
El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Inti Muñoz, enfatizó que esta medida permitirá a los ciudadanos denunciar irregularidades en el desarrollo inmobiliario y defenderse de manera efectiva.
La corrupción inmobiliaria se convierte así en un tema central en la contienda electoral, utilizada por los candidatos para destacar sus propuestas y combatir la corrupción en la capital del país.
