Este lunes se iba realizar la audiencia de prueba en el Reclusorio Oriente por el caso del exdiputado federal Benjamín Saúl Huerta. Sin embargo, la audiencia tuvo que ser diferida porque la víctima, que presentaría su declaración contra Huerta, presentó sintomatología por COVID-19, por lo que no pudo rendir su declaración ante el Juez de Control por el delito de violación equiparada agravada.
El menor de 15 años no se presentó a las instalaciones de las salas de oralidad debido a que tenía tos y dolor de garganta, por lo que tuvo que ser aislado para que se descarte un posible contagio de coronavirus. El juez dio a conocer que la audiencia se difirió hasta nuevo aviso.
“Está bien, está aislado, sí sé que muestra sintomatología correspondiente al Covid, y como sabemos, pues es por protocolo un deber ciudadano el aislarse para evitar el contagio, pero los padres están interesados en que esto terminé cuanto antes porque él sigue sufriendo las consecuencias del hecho”, explicó a Milenio Luis Hernández, uno de los abogados del joven.
“No hay algún acuerdo reparatorio en este tipo penal del delito de violación y bueno yo no tengo conocimiento de que se hayan acercado las partes para tratar de buscar la reparación del daño”, agregó. En la audiencia de este lunes se tenía previsto que el menor rindiera su testimonio de lo sucedido.
El abogado defensor, Teófilo Benítez Granados, señaló previamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) como la entidad que pretende ocultar los hechos, por lo que le solicitó cumplir con sus obligaciones.
“La autoridad y representación jurídica están obligados a hacer valer los valores sociales que no deben ser tasados económicamente en un acuerdo reparatorio, mucho menos cuando, por ley, se tiene el derecho irrenunciable al pago de reparación del daño se llegue o no a un acuerdo reparatorio”, señaló el litigante.
Posteriormente, remarcó que las personas a quienes representan no tienen un sustento económico muy alto; no obstante, se manifestó en contra de que este será un factor para acordar con el victimario y aceptar cualquier cantidad monetaria.
Finalmente, sentenció que su objetivo es no “pisotear” el tejido social con una cantidad de dinero que no tendría la capacidad de volver el tiempo atrás para evitar el crimen cometido contra su representado.
