La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México avaló este lunes el bloqueo de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como una medida para prevenir el uso de dinero de origen ilegal sin una petición judicial o de una autoridad extranjera.

Los ministros de la Corte mexicana validaron el procedimiento que regula el bloqueo de cuentas y los mecanismos de defensa de las personas afectadas, previstos en la Ley de Instituciones de Crédito.

La mayoría de los ministros de la SCJN consideró que este bloqueo no es un castigo penal, sino una medida preventiva para evitar que el dinero sospechoso se mueva mientras se revisa el caso.

La Corte también señaló que la persona o empresa afectada cuenta con mecanismos de defensa, ya que puede solicitar la revisión de la decisión y acudir a los tribunales.

Con este criterio se validan los procesos para incluir a una persona en la Lista de Personas Bloqueadas cuando existan indicios suficientes de su posible relación con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados.

Además, el pleno resolvió dos casos concretos, en los que rechazó conceder amparos.

En uno, una empresa extranjera dedicada a la comercialización de productos perecederos impugnó el bloqueo de sus cuentas, pero la Corte mantuvo la medida después de que la UIF señalara posibles vínculos con un grupo delictivo y detectara transferencias y depósitos irregulares.

En el otro caso, una persona buscó salir de la lista de cuentas bloqueadas, pero la Corte también confirmó que el bloqueo podía mantenerse.

Con estas resoluciones, la nueva integración de la Corte, elegida por voto en junio de 2025, dejó atrás el criterio de la hoy extinta Segunda Sala de la SCJN, que en los hechos limitaba estos bloqueos a casos vinculados con solicitudes del extranjero.

Ahora, la mayoría sostuvo que también pueden aplicarse cuando la información que origina la sospecha proviene de México.

Los proyectos de trenes de pasajeros Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo registran avances en sus procesos de licitación y en el desarrollo de infraestructura, de acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Ambas rutas forman parte del primer paquete ferroviario impulsado en la actual administración.

En conjunto, estos proyectos están diseñados para atender una demanda estimada de 70 mil pasajeros diarios, con el objetivo de mejorar la conectividad entre el centro y el norte del país mediante transporte ferroviario.

En el caso del tren Querétaro-Irapuato, ya se llevó a cabo la licitación para la construcción de estaciones, paraderos, base de mantenimiento, edificios auxiliares y sistemas de señalización, control y telecomunicaciones. Esta ruta tendrá una longitud de 108.2 kilómetros.

El proyecto contempla cinco estaciones, además de una base de mantenimiento, taller, cochera y dos zonas de repostaje. Se prevé que, una vez en operación, movilice a alrededor de 50 mil pasajeros diarios provenientes principalmente de la Ciudad de México.

Actualmente, en esta ruta se desarrollan trabajos como el desmantelamiento de la vía ferroviaria existente, así como el almacenamiento de acero de refuerzo en el patio de maniobras. También se construyen instalaciones operativas y se emplea maquinaria especializada como excavadoras, retroexcavadoras y vibrocompactadores.

Por otro lado, en el proyecto Saltillo-Nuevo Laredo, ya concluyó la licitación de dos tramos en la Zona Metropolitana de Monterrey, así como de cuatro estaciones y sistemas de señalización. De forma paralela, se encuentran en proceso la licitación de un tercer tramo, siete estaciones adicionales y edificios auxiliares.

Esta segunda ruta tendrá una extensión de 396.3 kilómetros y se estima que atenderá a 20 mil pasajeros diarios. En el sitio se realizan trabajos de desmonte y despalme, además de estudios de topografía y sondeos geotécnicos para el desarrollo de la ingeniería de detalle.

Asimismo, continúan las labores relacionadas con la operación y acondicionamiento del material rodante, como parte de las etapas previas a la construcción integral del sistema ferroviario.

El Gobierno de México informó que el paro nacional convocado este lunes por un sector de transportistas ha generado 11 bloqueos parciales o totales en distintas carreteras del país, con afectaciones consideradas «focalizadas» y participación reducida, según expusieron autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que las movilizaciones se han registrado en nueve estados, con una participación aproximada de 575 personas y 161 vehículos.

Aunque la información seguía actualizándose, la funcionaria afirmó que la dimensión del paro, centrado en torno a demandas de inseguridad y altos costos de los combustibles, permanece acotada.

«Son aproximadamente 11 bloqueos al momento. Algunos ya se están retirando tras acordar reuniones para que continúen los diálogos y haya las menores afectaciones posibles», señaló la funcionaria.

Por su parte, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, desglosó la situación por estados, donde expuso que Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Morelos y Sinaloa tuvieron algunos de los bloqueos.

Las protestas fueron convocadas por un grupo de transportistas que acusa falta de seguridad en las carreteras y exige mayores garantías para su actividad. Sin embargo, la Segob aseguró que el Gobierno federal ha atendido gran parte de sus demandas.

De acuerdo con Rodríguez y Yáñez, desde noviembre pasado se han recibido 29 peticiones del sector, 20 de las cuales ya fueron atendidas, incluyendo la construcción de 10 paraderos seguros, el cierre de más de 700 accesos carreteros irregulares, el fortalecimiento de operativos de seguridad con la Guardia Nacional y la implementación de sistemas de monitoreo para agilizar trámites y mejorar la eficiencia.

Las autoridades subrayaron que la mayoría de las organizaciones transportistas decidieron no movilizarse, en reconocimiento a los avances logrados mediante el diálogo institucional, aunque criticaron que algunas agrupaciones se manifiestan «sin que exista justificación».