El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dirigido una solicitud al Congreso federal para asignar 4.7 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza y 3.3 mil millones de dólares para fortalecer la lucha de la DEA contra el tráfico internacional de drogas ilícitas en el año fiscal 2025.
El presupuesto total solicitado por Biden para el próximo año fiscal asciende a 7.3 billones de dólares, con un enfoque prioritario en abordar la problemática de seguridad en la frontera con México y combatir el trasiego de enervantes.
La Casa Blanca ha enfatizado la necesidad de cumplir con los desafíos previamente definidos en 2023 que aún no se han materializado. La propuesta presupuestaria incluye inversiones para construir áreas de seguridad más amplias en la frontera sur, fortalecer la aplicación de leyes de inmigración y contener el tráfico de fentanilo.
Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Interior (DHS), destacó la importancia de esta solicitud presupuestaria en un comunicado de prensa, afirmando que es esencial para satisfacer las necesidades del personal en la frontera y abordar los desafíos existentes.
Dentro de la solicitud presupuestaria se contempla la contratación de 1300 agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza, 1000 agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, y 1600 oficiales de asilo para implementar disposiciones en materia migratoria.
De los 4.7 mil millones propuestos, 849 millones se destinarían a la adquisición de tecnología avanzada para mejorar las operaciones de revisión y detección en los puestos fronterizos del sur.
En el ámbito de la lucha contra el narcotráfico, la solicitud incluye 3.3 mil millones de dólares exclusivamente para la Administración Federal Antidrogas (DEA). Parte de estos fondos, 1200 millones, se focalizarían en combatir el tráfico de opiáceos, mientras que 18 millones se dirigirían específicamente a abordar el consumo de drogas sintéticas, como el fentanilo, a través de programas de salud y educación.
La solicitud presupuestaria de Biden busca fortalecer la capacidad de respuesta del gobierno federal ante los desafíos de seguridad fronteriza y el tráfico de drogas ilícitas, así como abordar las complejidades de la crisis actual en materia migratoria y de salud pública.
