Las investigaciones que se realizan en el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos, (PEMEX) Emilio Lozoya Austin, involucran redes criminales de funcionarios públicos y empresarios.
Algo que tiene que ser perseguido y procesado como delitos de crimen organizado que incluyen juicios multitudinarios y castigos, de acuerdo con el asesor antimafia Edgardo Buscaglia.
“Casos como el de Lozoya dependen de la causa penal; que sea imputado por delincuencia organizada y lavado de dinero, pero no sólo por corrupción.
Porque por delincuencia organizada, al Estado le permite, inmediatamente, detener e imputarle causas a toda asociación ilícita potencial entre Lozoya y cualquier político o empresario ligado a éstos actos de los cuales se le acusa”. Afirmó el experto.
En ese sentido, Buscaglia dijo que la imputación por delincuencia organizada no sólo permite abordar un caso, sino atraer múltiples casos al mismo tiempo.
De esta manera, iniciar un proceso de desarticulación del crimen organizado en el Estado.
Se trata de un proceso de imputación inédito que permite abordar los 12 tipos penales del Código Penal de México, entre ellos los de enriquecimiento ilícito, sobornos y conflictos de interés.
“México tiene que armar una arquitectura procesal para tener un histórico maxi-proceso, porque nunca puedes simplemente prosperar con base en acusaciones individuales por corrupción, como se hizo con la señora Elba Esther Gordillo y demás”.
Golpe a la corrupción
Con ello, Buscaglia refirió que los involucrados en los delitos relacionados con Odebrecht y Altos Hornos de México caerán como en efecto dominó.
«Esa es la táctica procesal, que a través de los años que yo he venido trabajando en 119 países, ha tenido un efecto en destruir o desmantelar a las redes criminales de políticos y empresarios al más alto nivel de los estados.
Así caen las redes criminales y ahí, la clase política que no está acusada y que está involucrada en otros delitos organizados se da cuenta que se terminó la barra libre”, añadió.
Esto implica que Lozoya podría poner fin al pacto de silencio entre los peñistas y de paso, poner sobre la mesa la posibilidad del primer maxi-proceso en México, lo que sería un hito en materia de impartición de justicia a nivel nacional.