El Gobierno de México proyecta un incremento significativo en la oferta educativa de nivel Medio Superior para 2026, al incorporar 65 mil 400 nuevos lugares como parte de una estrategia nacional de expansión y modernización de infraestructura, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El plan contempla 202 acciones de construcción y mejora, entre ellas 20 nuevos Bachilleratos Tecnológicos, 52 ampliaciones y 130 planteles modulares, distribuidos en 110 municipios seleccionados por criterios de demanda, desarrollo regional y falta de servicios educativos cercanos. La iniciativa busca evitar que jóvenes queden fuera de la escuela por falta de espacios.

Durante 2025 ya se llevan a cabo 88 obras —incluyendo nuevos planteles, ampliaciones y reconversiones— que sumarán 44 mil 685 lugares adicionales. Estas acciones representan más de un tercio de la meta nacional para ese año y se concentran en entidades con fuerte crecimiento poblacional, como Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Yucatán y Baja California.

Para 2026, la SEP prevé la apertura de nuevos planteles en ciudades de alta demanda como Tijuana, Hermosillo, Culiacán, Reynosa, Celaya, Acapulco, Playa del Carmen, San Luis Potosí y Tlalpan, entre otras. La expansión también beneficiará regiones consideradas estratégicas, incluidos los municipios del Programa General Lázaro Cárdenas, zonas del Valle de México y comunidades indígenas contempladas en planes de justicia.

Adicionalmente, el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia aportará 30 mil espacios más mediante la construcción de bachilleratos tecnológicos y modulares en zonas del estado con mayores rezagos.

Con la suma de todos los proyectos de 2025 y 2026, la oferta total para Educación Media Superior alcanzará 140 mil 085 nuevos lugares. La cifra supera holgadamente el compromiso original de llegar a 120 mil nuevos espacios hacia 2030 y perfila al país hacia una cobertura aproximada del 85 por ciento.

La SEP adelantó que esta expansión vendrá acompañada de una actualización curricular. El Bachillerato Nacional integrará nuevas áreas formativas vinculadas a sectores tecnológicos emergentes, como semiconductores, microelectrónica, inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, electromovilidad, nanotecnología y urbanismo sostenible, además de programas orientados a la gestión turística y la producción digital inmersiva.

El objetivo, según la dependencia, es que el crecimiento de infraestructura no solo amplíe la cobertura, sino que prepare a los estudiantes para las industrias del futuro y responda a las necesidades económicas y sociales del país.

México formalizó una nueva etapa en su política climática al presentar la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) durante la COP30, celebrada en Belém do Pará, Brasil. La propuesta incorpora metas más estrictas de reducción de emisiones, fortalece las acciones de adaptación y, por primera vez, integra un componente específico para atender pérdidas y daños derivados del cambio climático.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) detalló que el país establece objetivos absolutos de mitigación para 2035, con rangos de entre 364 y 404 millones de toneladas de CO₂ equivalente en su versión no condicionada, y de entre 332 y 363 millones en la condicionada. Las metas se articulan con la estrategia nacional de transición energética y con medidas orientadas a la conservación del 30 por ciento del territorio para 2030, la restauración de ecosistemas prioritarios y el impulso de soluciones basadas en la naturaleza.

Durante su participación en el segmento de alto nivel, autoridades mexicanas destacaron que la creciente vulnerabilidad ante fenómenos extremos exige reforzar los mecanismos de respuesta. La inclusión de pérdidas y daños en la NDC, señalaron, busca atender a comunidades que enfrentan impactos desproporcionados y promover esquemas de financiamiento y cooperación internacional más accesibles.

La delegación mexicana subrayó que el documento surge de un proceso de consulta con distintos sectores sociales, incluidas comunidades indígenas, jóvenes, especialistas y organizaciones civiles. El enfoque, explicó la Semarnat, se alinea con los compromisos de México en materia de derechos humanos, igualdad y el Acuerdo de Escazú.

En los trabajos paralelos de la COP30, México participó en foros orientados a la descarbonización industrial y presentó, junto con Guatemala y Belice, la Iniciativa del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya. El proyecto busca fortalecer la gobernanza ambiental regional y proteger uno de los corredores de biodiversidad más relevantes del continente, con la participación directa de las comunidades locales.

El Gobierno de México afirmó que la NDC 3.0 representa un esfuerzo integral para acelerar la acción climática, con énfasis en justicia social, cooperación internacional y responsabilidades compartidas ante el calentamiento global.

La reciente entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión llegó con promesas de combatir un fenómeno que afecta a ciudadanos, empresas y al propio Estado.

Sin embargo, denuncias provenientes del sector de seguridad privada señalan que el propio aparato gubernamental podría estar incurriendo en prácticas que la normativa busca eliminar.

En el centro de la polémica se encuentra Enrique Martínez Garza, Director General de Seguridad Privada, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el mando del titular Omar García Harfuch. Empresarios del ramo acusan que los trámites necesarios para operar se ven detenidos por meses a menos que se realicen pagos presuntamente indebidos, supuestamente solicitados por Martínez Garza para beneficio personal.

Según estimaciones internas del sector, los retrasos en estos procesos generan pérdidas que podrían ascender hasta 1,500 millones de pesos anuales, recursos que dejarían de ingresar al Estado por la paralización de las gestiones.

Además, las denuncias apuntan a que el funcionario estaría exigiendo la entrega física de los registros de armamento de empresas de seguridad y clubes de tiro, a pesar de que la legislación establece que estos datos deben entregarse de forma digital y bajo resguardo confidencial, siendo responsabilidad exclusiva de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El historial de Martínez Garza también ha despertado inquietudes. Empresarios lo vinculan con Raymundo Collins, exfuncionario señalado por uso ilegal de atribuciones, enriquecimiento ilícito y relacionado con propiedades millonarias. Esta cercanía, según señalan, podría indicar posibles conflictos de interés o incluso el uso de nombres de terceros para fines personales.

Otro aspecto que genera preocupación es que Martínez Garza desempeña simultáneamente dos cargos dentro de la SSPC: dirige Seguridad Privada y encabeza la Dirección General de Inspección Policial, posición que le permite portar armas y contar con escoltas. Esta dualidad, inusual en el servicio público, ha levantado dudas sobre la legalidad y ética de su permanencia en ambos puestos.

Empresarios afectados exigen una investigación inmediata, la destitución del funcionario si se confirman las acusaciones y medidas que eviten pérdidas económicas significativas para el país.

Estas denuncias ocurren en un contexto donde el gobierno federal, y particularmente el secretario Omar García Harfuch, ha puesto énfasis en combatir la inseguridad y la extorsión organizada. El señalamiento de irregularidades internas pone en entredicho la coherencia de las políticas y la eficacia de la nueva legislación contra este delito