El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Secretaría de Bienestar, a través de la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, firmaron un Convenio General de Colaboración con el propósito de establecer mecanismos de trabajo conjunto en proyectos enfocados al desarrollo rural y la organización comunitaria.

El acuerdo fue formalizado por el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, y la subsecretaria Columba Jazmín López Gutiérrez, quienes destacaron la importancia de sumar capacidades institucionales para atender necesidades en regiones con altos niveles de marginación.

De acuerdo con lo informado, la colaboración se enfocará en temas socioambientales, beneficios ecosistémicos, organización comunitaria y desarrollo rural, además de impulsar proyectos académicos, culturales y de vinculación que contribuyan al bienestar de las comunidades.

La subsecretaria López Gutiérrez señaló que este convenio permitirá acercar la ciencia, la innovación y el conocimiento técnico a zonas rurales con carencias históricas, donde el programa Sembrando Vida mantiene presencia. Indicó que esta articulación puede traducirse en herramientas para fortalecer la transformación productiva del campo.

Asimismo, destacó que el trabajo con comunidades en condiciones de alta marginación requiere el respaldo de instituciones académicas, al considerar que el IPN representa una plataforma para impulsar soluciones orientadas al desarrollo social y productivo.

Por su parte, Arturo Reyes Sandoval afirmó que el convenio contribuirá a fortalecer el bienestar integral de la población, al tiempo que permitirá atender problemáticas estructurales relacionadas con la pobreza. Añadió que la comunidad politécnica mantiene el compromiso de colaborar con el Gobierno de México para responder a las necesidades sociales.

El acuerdo contempla el aprovechamiento de recursos humanos, materiales y financieros de ambas instituciones para desarrollar acciones de interés común. Sin embargo, se precisó que los proyectos específicos deberán definirse posteriormente mediante instrumentos adicionales que establezcan objetivos, actividades, calendarios y mecanismos de evaluación.

En este sentido, el convenio establece un marco general para vincular el conocimiento científico y tecnológico con políticas públicas orientadas al bienestar, la inclusión y el desarrollo rural, con la posibilidad de generar proyectos conjuntos con mayor orden y sustento institucional.

La vigencia del acuerdo será de tres años, periodo durante el cual se busca consolidar la colaboración entre una institución de educación superior y una dependencia federal enfocada en el impulso de políticas sociales, en beneficio de comunidades rurales en el país.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la implementación de la reforma en materia de trabajo en plataformas digitales ha permitido avanzar en la formalización laboral de más de 1.3 millones de personas en México, dentro de uno de los sectores más dinámicos de la economía actual.

De acuerdo con el boletín 24/2026, al cierre de febrero de este año se contabilizan 1,250,898 personas trabajadoras vinculadas a plataformas digitales que han sido beneficiadas por este nuevo esquema, el cual busca integrar a este sector a condiciones laborales con mayor protección.

Entre los avances reportados, se detalla que 163 mil 896 personas superaron el umbral de ingreso neto mensual, lo que les permite ser consideradas dentro de empleos formales. Estas personas se encuentran registradas en 16 plataformas digitales y cuentan con acceso completo a la seguridad social.

Este acceso incluye cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en rubros como enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y prestaciones sociales, lo que amplía el alcance de protección para quienes laboran bajo este modelo.

Por otra parte, quienes no alcanzan el umbral de ingreso mensual, pero están registrados, disponen de un seguro de riesgos de trabajo, el cual garantiza atención médica, hospitalaria y farmacéutica, además del pago del 100% del salario registrado en caso de incapacidad derivada de accidentes durante sus actividades o traslados.

La STPS indicó que el salario promedio diario de las personas beneficiarias es de 432.2 pesos, lo que refleja condiciones laborales más definidas dentro del sector. Asimismo, señaló que la formalización ha avanzado sin afectar los precios de los servicios ni la permanencia de las empresas en el país.

La dependencia destacó que esta reforma es resultado de un proceso de diálogo social en el que participaron empresas, personas trabajadoras y autoridades, en un contexto internacional donde la regulación de este tipo de empleo ha sido objeto de debate, incluso en espacios como la Organización Internacional del Trabajo.

Finalmente, la Secretaría subrayó que este modelo demuestra que la innovación tecnológica puede coexistir con la garantía de derechos laborales, al tiempo que posiciona a México como un referente en la construcción de esquemas regulatorios que promueven la inclusión social y el cumplimiento normativo en nuevas formas de empleo.

El diputado jalisciense Alberto Maldonado Chavarín exigió la intervención de autoridades federales ante lo que calificó como una crisis por agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), al denunciar la distribución de agua “sucia y pestilente” que estaría afectando a miles de familias.

Durante su participación en la Décima Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, el legislador lanzó un pronunciamiento en el que señaló directamente al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), organismo dependiente del Gobierno de Jalisco, por su presunta falta de respuesta ante la problemática.

Maldonado afirmó que no se trata de un hecho aislado, sino de una situación que ha sido documentada de manera constante por medios de comunicación locales y nacionales, lo que refleja la dimensión del problema y la urgencia de atenderlo.

“El acceso al agua potable no es un servicio opcional, es un mandato constitucional. Estamos ante una violación flagrante de la dignidad humana. No permitiré que se siga ignorando el derecho humano al agua de calidad”, expresó el diputado durante su intervención.

Ante este panorama, el legislador anunció una ruta de acción que contempla medidas legales y técnicas con el objetivo de atender la situación de manera inmediata. Entre ellas, destacó la presentación de una queja colectiva ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el fin de proteger el derecho al acceso a un medio ambiente sano y al agua potable.

Asimismo, planteó solicitar formalmente la intervención de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través de su área jurídica, para que se realice una investigación exhaustiva sobre el origen y manejo de la contaminación que estaría afectando el suministro en la región.

Como parte de las acciones propuestas, Maldonado también consideró necesaria la instalación de una mesa técnica interinstitucional que permita diseñar y ejecutar un plan de rescate orientado a garantizar la potabilidad del agua de manera inmediata para la población afectada.

El legislador fundamentó su exigencia en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en condiciones suficientes, salubres, aceptables y asequibles.

Con estas acciones, el diputado busca que el tema escale a nivel federal y se coordinen esfuerzos entre autoridades para atender una problemática que, afirmó, impacta directamente en la salud y calidad de vida de miles de habitantes en Jalisco.