El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó este miércoles una reunión con productores de limón de Michoacán para atender las preocupaciones sobre extorsiones y cobro de piso que afectan al sector.

El encuentro se realizó en el marco del Gabinete de Seguridad federal y contó con la participación del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, así como del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante la reunión, los limoneros de Apatzingán expresaron sus inquietudes sobre la creciente violencia y las amenazas de grupos criminales en la región.

García Harfuch adelantó que se reforzarán las operaciones conjuntas entre la SSPC, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Michoacán, así como las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo y garantizar la paz en la entidad.

Asesinato de dirigente citrícola

En la reunión también se abordó el homicidio de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. El secretario aseguró que el crimen “no quedará impune” y que se tomarán medidas para esclarecer el caso y sancionar a los responsables.

Aumento de extorsiones

Los productores de limón de la región han denunciado un incremento en las cuotas de extorsión. En septiembre pasado, el grupo criminal Los Viagras notificó a los empresarios un aumento de 2 a 4 pesos por kilo, aplicado tanto en la producción como en la comercialización. Esta práctica afecta principalmente a limoneros de Apatzingán y Buenavista, zonas donde operan grupos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel Michoacán Nueva Generación.

En octubre, la SSPC informó la detención de Jhon Mario N., alias ‘Llanero’, identificado como encargado de reclutar y entrenar a integrantes de un grupo delictivo, así como de elaborar artefactos explosivos. Días después fue detenido Rigoberto N., alias ‘Plátano’, presunto responsable del cobro de extorsiones a los productores de Apatzingán.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con acciones coordinadas para garantizar la seguridad de los limoneros y reducir la incidencia delictiva en la región

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Secretaría de Marina tomó la decisión de rescatar al único sobreviviente del nuevo ataque realizado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra cuatro embarcaciones presuntamente vinculadas con el narcotráfico, en el océano Pacífico.

Explicó que la ofensiva de ayer lunes ocurrió en aguas internacionales y la Marina rescató a esta persona “por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales”. En este sentido, aseveró que está en contra de estos ataques por parte del gobierno estadounidense.

Dado que el hombre rescatado no se encontraba en aguas mexicanas, sino en territorio internacional, Sheinbaum refirió que no debería haber preocupación de injerencismos de Estados Unidos en México.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó este martes que fueron destruidas cuatro embarcaciones, presuntamente cargadas con drogas y operadas por organizaciones terroristas, en el océano Pacífico Oriental, ataque que dejó 14 “narcoterroristas” muertos y solo un sobreviviente.

El empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami, Florida, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a presuntas irregularidades en su estancia legal en Estados Unidos, confirmaron fuentes oficiales.

De acuerdo con los registros del ICE, el empresario se encuentra recluido en el Centro de Procesamiento Krome North, una instalación migratoria ubicada al oeste de Miami, donde permanecerá bajo custodia mientras se determina su situación legal.

Aunque su detención no fue producto de la orden de aprehensión girada en México, las autoridades estadounidenses podrían proceder a su deportación si se confirma que su residencia en el país es irregular o si se activa una ficha roja de Interpol, vigente desde 2021.

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Álvarez Puga y a Gómez Mont de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, delitos presuntamente cometidos a través de una red de empresas fantasma que habrían simulado contratos públicos para desviar recursos federales por más de 3 mil millones de pesos.

Las investigaciones de la FGR apuntan a que el esquema operó entre 2012 y 2018, cuando se realizaron contrataciones con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), entonces bajo la titularidad de Miguel Ángel Osorio Chong.

Según las diligencias, el grupo encabezado por Álvarez Puga utilizaba facturas falsas y comprobantes fiscales digitales para justificar operaciones inexistentes y encubrir el desvío de recursos públicos.

La pareja permanecía prófuga desde septiembre de 2021, cuando un juez federal giró órdenes de aprehensión en su contra. Hasta el momento, Inés Gómez Mont continúa sin ser localizada, mientras que el proceso de Álvarez Puga en Estados Unidos se mantiene en revisión migratoria.

El caso ha generado amplia atención pública tanto en México como en Estados Unidos, por la combinación de elementos de corrupción, evasión fiscal y celebridad mediática, que han mantenido a la pareja bajo el escrutinio judicial y social desde hace más de cuatro años.