El equipo de campaña del ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón ha levantado una denuncia contra la revista Contralínea y varias cuentas de redes sociales por llevar a cabo una supuesta «guerra sucia» en su contra. Esta acción se produce después de que se descubriera el proselitismo de dos Servidores de la Nación en Guanajuato, quienes fueron captados distribuyendo propaganda a favor de Claudia Sheinbaum Pardo, actual jefa de gobierno de la Ciudad de México.
El diputado federal Emmanuel Reyes, operador político de Ebrard, publicó un video en el cual acusó a los servidores públicos de entregar publicidad para Sheinbaum, y cuestionó abiertamente a Ariadna Montiel y Mauricio Hernández, secretaria de Bienestar y delegado de Bienestar en Guanajuato, respectivamente, sobre los hechos ocurridos.
Reyes afirmó en el video: «Ya está el antecedente, en varios municipios están haciendo lo mismo: están obligando a los servidores de la nación a salir a repartir, a difundir, a promocionar a Claudia Sheinbaum», y añadió que esto constituiría «un delito grave, castigado con cárcel».
El legislador también destacó que se están manipulando los programas sociales, algo que el presidente López Obrador ha prohibido expresamente. Recalcó que los funcionarios no deben involucrarse en el proceso interno de Morena, el partido político al que pertenecen tanto Ebrard como Sheinbaum.
Reyes señaló que el pasado 10 de junio un reportero captó a Jesús Rangel Díaz y Juana María Ríos Becerra, ambos Servidores de la Nación, distribuyendo folletos a favor de Sheinbaum. «Le preguntaríamos a la secretaria del Bienestar si esto también estaría sucediendo en otros estados de la República», lanzó el diputado.
Este caso de presunto proselitismo por parte de los Servidores de la Nación ha generado polémica y ha levantado preocupaciones sobre la injerencia de funcionarios en asuntos político-electorales, lo cual está prohibido según las directrices del presidente López Obrador. Se espera que las autoridades correspondientes investiguen el incidente y tomen las medidas necesarias para garantizar la imparcialidad en el proceso electoral.
