Diputados avalan ley de Juicio Político que “blinda” a AMLO contra el desafuero

La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia en la que se declara procedente la acción penal contra el Presidente de la República por la emisión de algún delito.

Ante esto, la Cámara de Diputados avaló con 266 votos a favor y 205 en contra la iniciativa que obliga a los congresos locales a proceder en estricta observancia a las resoluciones de la Cámara de Diputados sobre el desafuero de funcionarios estatales.

La Mesa Directiva estuvo encabezada por el morenista Sergio Gutiérrez, la cuál turnó el proyecto al Senado para su discusión y ratificación.

Mientras tanto, el legislador petista Gerardo Fernández Noroña presentó una reserva con el objetivo de ampliar a mayoría calificada la votación en el Palacio de San Lázaro para aprobar una declaración de procedencia contra el titular del Ejecutivo.

Así mismo, propuso que se estableciera que las sesiones de Jurado d de Procedencia contra el Presidente de la República serán de carácter presencial, con la asistencia obligatoria de los diputados, y se respetará siempre la presunción de inocencia.

Por su parte, el diputado Leonel Godoy expresó el respaldo de su bancada a la propuesta de Fernández Noroña y negó un trato privilegiado al Presidente.

“No es un trato privilegiado al presidente, es lo que dispone la Constitución, que el Congreso de la Unión aprobó. Por eso, compañeras y compañeros, y con mucho respeto para la oposición, les decimos no sólo que sí leímos la iniciativa, sino que creemos que es lo mejor para el país”. Declaró.

Esta nueva ley señala que el Presidente de la República puede ser imputado y juzgado por traición a la patria y todos aquellos delitos por lo que pueda ser enjuiciado cualquier ciudadano.

Sin embargo, si el dictamen de la Sección Instructora considera procedente la solicitud del Ministerio Público para el desafuero del mandatario, la Cámara de Diputados se constituirá en órgano de acusación y, de aprobarlo, continuará el procedimiento ante el Senado.

Cuya resolución se orientará a establecer si se encuentra o no acreditada la probable responsabilidad del titular del Ejecutivo en la comisión del delito por el cual se le acusa.