Una mujer jalisciense, empleada de una empresa, denunció abuso sexual y la justicia, en lugar de escucharla, ayudó a sus patrones a encarcelarla.
Laura Lucía denunció en enero de 2022 al director general de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega), su superior jerárquico, por ejercer en su contra hostigamiento, acoso y abuso sexual desde el 2018.
Ocho meses después, el 28 de septiembre, fue detenida, señalada por los delitos de administración fraudulenta y fraude genérico dentro de la misma empresa, mismos de los que ha demostrado ser inocente.
Laura ha tenido que llevar su proceso en prisión preventiva, pues el juez a cargo del caso le negó su derecho a fianza porque consideró que “podía fugarse”, esto sin poner a consideración la suma de violaciones a derechos humanos y al debido proceso que hasta este momento había experimentado.
Laura Lucía es licenciada en Negocios Internacionales, madre y hasta el mes de septiembre se había desempeñado como encargada del área de Gerencia de Alianzas en Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega), empresa mexicana arrendadora con domicilio en Zapopan, Jalisco.
Había laborado para ellos por más de 13 años; sin embargo, desde hace cuatro, su jefe directo, Ignacio N comenzó a hostigarla y acosarla sexualmente dentro de su espacio de trabajo. Laura narra que las consecuencias de estos actos reiterados tuvieron consecuencias en su salud mental y física: ansiedad, depresión, problemas gastrointestinales y trastornos del sueño.
Recibo la llamada de Laura del reclusorio donde, según el abogado Jasso que está tratando de desenredar el nudo legal que le han impuesto a Laura, le reclasificaron el delito a solo fraude.
Aunque puede llevarse una acusación de este tipo en libertad, el Juez de Control determinó que podía fugarse y, de nuevo, una mala asesoría legal no logró que saliera bajo fianza.
La acusa el Ministerio Público de generar negociaciones a nombre de Grupo Mega que preside Guillermo Romo por 151 millones de pesos.
Pero ella solo era la Gerente de Alianza como mencionábamos antes y me explica vía telefónica.
Ella no tiene facultades para autorizar esas transacciones, sino el Comité de Créditos conformado por otras 11 personas.
¿Están en prisión preventiva? o ¿Señalados en la carpeta? No.
Aunque parece un galimatías solo comercial o de privados acusándose de mal manejo de créditos, dinero y negociaciones, estamos ante el aparato legal y probablemente político, dando giros de tuerca contra la víctima de acoso laboral y abuso sexual, porque Laura venció el miedo y después de cuatro años puso un alto: denunció al agresor.
