El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a las leyes Minera, de Aguas Nacionales y del Equilibrio Ecológico que, entre otros aspectos, plantea la reducción de las concesiones mineras de 50 a 15 años, prorrogables por una sola ocasión para un periodo igual, y en cualquier caso condicionadas a la disponibilidad de agua.
Con las modificaciones y adiciones al marco legal “se busca garantizar la prioridad del uso y consumo humano de agua”.
En su exposición, el mandatario subrayó que la iniciativa tiene por objeto recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo y son del dominio directo de la nación.
Para ello se propone modificar el esquema de otorgamiento de concesiones para que únicamente sea mediante concurso público, bajo condiciones mínimas que aseguren las mejores condiciones económicas para el Estado mexicano y de beneficio para la población.
Igualmente se considera eliminar el carácter preferente de la actividad minera y establece que la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias no justificarán ya la expropiación en favor de particulares incluso sobre propiedad social, pues generan un beneficio exclusivamente privado.
Además, se prevé la obligación de determinar los impactos sociales de cada concesión minera.
Así, las personas ganadoras de un concurso de licitación deberán presentar el estudio de impacto social para determinar las probables afectaciones que podría tener la actividad minera en la vida cotidiana de las personas y establecer las medidas de prevención, mitigación y compensación garantizadas eficazmente por una carta de crédito.
En ese contexto, la iniciativa subraya que no se reconocerán actos de derecho privado para la transmisión de las concesiones mineras y, en su caso, solo la Secretaría de Economía podrá autorizar la transmisión cuando se cumplan los requisitos solicitados para la concesión original.
“Se transforma la figura de la asignación para que la persona titular de la Secretaría pueda otorgar asignaciones a las empresas del sector público paraestatal para realizar actividades de exploración y explotación de minerales y sustancias; la asignación tendrá una vigencia por tiempo indefinido y la entidad asignataria tendrá las mismas obligaciones que la concesionaria, pero no podrá transmitir sus derechos y obligaciones a terceras personas privadas”, señala.
