En una situación desesperante, habitantes de Los Cabos han expuesto su caso de estafa inmobiliaria y están luchando por recuperar los terrenos que adquirieron hace casi dos décadas. Los afectados que incluyen decenas de ancianos relatan que en el año 2003, Fernando Díaz Pineda, en aquel entonces dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), vendió lotes de predios ubicados en la colonia Flores Magón de Cabo San Lucas.
Según los compradores, la transacción parecía legítima en ese momento, pero desde el año 2020 han estado enfrentando intentos de despojo.
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«Pensamos que estábamos comprando los terrenos de manera honesta, de forma limpia, confiando en la persona que era nuestro dirigente, Fernando Díaz Pineda. Sin embargo, ahora nos encontramos siendo víctimas de engaños, recibos mal hechos firmados por él mismo y su hermano Rogelio. Nos dicen que no somos los dueños, que debemos volver a comprar o que nos desalojarán», expresó Marisela Damián, una de las afectadas.
La inmobiliaria Terranoble desalojó por completo a los compradores en 2020 e incluso demolió las construcciones que se encontraban en los terrenos. En aquel entonces, los predios tenían un valor que oscilaba entre los 15,000 y 27,000 pesos. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, los habitantes se vieron obligados a presentar una denuncia para exigir justicia.
Recientemente, a través de las redes sociales, se descubrió que la constructora «El Cardón», representada por Sheidi Díaz, anunció la venta de los predios en remate, lo cual ha incrementado la frustración y la incertidumbre entre los afectados, quienes temen perder sus terrenos.
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Un grupo de aproximadamente 49 personas de las 200 afectadas sigue luchando por recuperar sus propiedades. Sin embargo, reconocen que algunos han desistido por temor a represalias o por cansancio, e incluso ha habido casos de soborno. Los afectados exigen justicia y no están dispuestos a perder su patrimonio.
Este caso ha generado una preocupación creciente en Los Cabos, ya que la cantidad de personas afectadas es considerable. La situación se agrava debido a que muchos de los compradores pertenecen a una clase social vulnerable, pero trabajadora. Han depositado sus esperanzas y esfuerzos en la posesión de estos terrenos, construyendo modestas viviendas para ellos y sus familias.
Actualmente, están demandando la intervención de la Secretaría del Bienestar de La Paz y otras instancias legales competentes, como la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que se haga justicia y se resuelva esta estafa inmobiliaria. Los habitantes instan a que se reconozca su posesión legítima, respaldada por pagos realizados y testigos de las compraventas, así como por los recibos de pago en su poder.
